En una reciente entrevista con Alejandro Fantino, el presidente Javier Milei realizó una serie de definiciones que permiten vislumbrar su entendimiento sobre la importancia de abordar problemas que, indudablemente, no pueden ser resueltos únicamente por las fuerzas del mercado, respondiendo también a aquellas necesidades cuya solución está más allá del alcance del sector privado.
Milei realiza distinciones esenciales entre los conceptos de obra de infraestructura y obra pública. Obra de infraestructura refiere a la naturaleza propia de cada proyecto, mientras que obra pública apunta a su modo de financiamiento.
Según un documento reciente de la Academia Nacional de Ingeniería, “la infraestructura debe entenderse como una respuesta concreta a una necesidad de servicio para usuarios y beneficiarios; dinamiza la economía, conecta zonas productivas con centros de consumo, mejora la calidad de vida, facilita la integración regional y permite aprovechar eficientemente los recursos naturales”.
Todo proyecto financiado por el Estado es una obra pública;sin embargo, no toda obra de infraestructura debe ser necesariamente pública. Milei enfatiza que existen obras de infraestructura que pueden ser solventadas por el sector privado, especialmente aquellas cuyos servicios son monetizables y los beneficiarios pueden ser identificados con claridad (como energía, riego, autovías, autopistas, ciertas rutas, puentes, túneles, aeropuertos y puertos), permitiendo que los ingresos generados cubran los costos de inversión y operación.
Por otro lado, hay obras cuyos beneficiarios son difíciles de identificar y que trascienden a los propios usuarios específicos, como calles urbanas, obras viales de bajo tránsito, alumbrado público, o inversiones en defensa y seguridad.
En estos casos, al no poder cobrar directamente por el uso, si se consideran necesarias, deben ser financiadas por el Estado mediante impuestos o tasas, buscando eficiencia y equidad en la distribución de los costos. Incluso dentro de las obras con potencial de financiamiento privado, no siempre resulta posible –ni conveniente– que los cargos a los usuarios cubran la totalidad de los costos, por lo que se debe evaluar si los beneficios indirectos (ambientales, territoriales, urbanos, etc.) justifican la intervención estatal parcial, como ocurre en el caso de los ferrocarriles urbanos.
El Presidente también subraya la importancia de que la segmentación de proyectos de infraestructura se realice mediante una evaluación social. Esta evaluación, realizada desde la perspectiva de la economía en su conjunto, busca estimar todos los beneficios esperados para la sociedad y compararlos con los costos de ejecución y operación.
Las técnicas de evaluación social de proyectos tienen raíces en los trabajos de los ingenieros franceses de la Escuela Politécnica, como Jules Dupuit, y fueron desarrolladas entre otros por Arnold Harberger, colega en la Universidad de Chicago de varios economistas influyentes en el pensamiento de Milei.
Este análisis representa una de las responsabilidades fundamentales que la ciudadanía delega en el gobierno: asegurar la provisión y priorización de las obras de infraestructura, lejana de una planificación económica integral, y utilizando políticas, marcos regulatorios e incentivos adecuados. El objetivo es optimizar el uso de recursos y definir las intervenciones que, por su naturaleza, quedarán necesariamente a cargo del Estado.
Quienes inspiran el pensamiento de Milei suelen fundamentar la limitación estatal en la dificultad de tomar decisiones que representen a la totalidad social, dado el desconocimiento de las preferencias individuales presentes y futuras.
No obstante, parece claro que, aun bajo una línea de acción rigurosamente restrictiva respecto del gasto, el Presidente comprende que gobernar implica aproximarse de la mejor manera posible a las necesidades de las personas, actuando por excepción pero con inteligencia, apoyándose en análisis beneficio-costo realizados con profesionalismo y ética. El objetivo debe ser minimizar los costos y maximizar los beneficios, buscando equilibrios entre distintos sectores y compensando a quienes resulten perjudicados cuando sea necesario.
Desde hace tres décadas, la ley de inversión pública prescribe la realización de evaluaciones económicas, pero lamentablemente se han convertido en meros trámites administrativos, muchas veces efectuados de manera simultánea con la contratación de obras ya decididas. Es deseable que estas evaluaciones sean abordadas con la seriedad y rigurosidad que se observa, por ejemplo, en Chile, donde se han implementado con éxito desde hace años.
Aunque no es posible conocer con detalle las preferencias de las generaciones venideras, gobernar requiere anticiparse responsablemente a sus necesidades.
En un contexto de eliminación del déficit corriente del Estado, se puede inferir que los costos de nuevas y mejores infraestructuras básicas (carreteras, servicios de saneamiento, etc.) deberán ser asumidos por quienes las utilicen, tanto en el presente como en el futuro, mediante esquemas de financiamiento de largo plazo y tasas razonables.
Nada reemplaza a la buena política, aun cuando sea cierto que ésta, como mecanismo asignador de recursos económicos, es conveniente que quede circunscripta a un muy reducido conjunto de actividades.
Publicado en Clarín el 2 de septiembre de 2025.
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