Un día como hoy, en 1964, el presidente Arturo Illia, y su ministro de Salud, Arturo Oñativia, se salieron con la suya.
Finalmente, en tercera revisión, el Senado aprobó la ley de medicamentos. Si, la ley Oñativia. El mundo estaba conmovido por el levantamiento y los saqueos en Brooklyn y Harlem, en respuesta al asesinato del adolescente negro de 15 años, James Powell.
En el plano local, la sorpresa y el estupor que causó la voladura del edificio de Posadas 1168 expuso la existencia de un plan guerrillero de inspiración guevarista, en pleno barrio de Retiro.
Mientras, en la sesión del Senado, centenares de farmacéuticos acompañaron el debate desde los palcos y aplaudieron el voto unánime que recibió la ley. Si, unánime.
Avanzaba así la vieja idea del contralor de precios (prohibitivos, como en la actualidad), y la regulación de la comercialización, elaboración, exportación, fraccionamiento, importación y producción de las drogas, medicamentos y productos químicos reactivos.
El Ejecutivo quedó facultado para la “contención y disminución” de los precios, establecer y verificar existencias, ordenar allanamientos, comprobar orígenes y costos, determinar márgenes lícitos de ganancia, establecer precios de venta, y promover y fomentar el cooperativismo.
También, ante una emergencia sanitaria, quedó habilitado a aplicar un mecanismo especial de expropiación.
Por su parte, la Confederación Farmacéutica y Bioquímica Argentina (hoy COFA) apoyó el impulso con la publicación de solicitadas en los principales medios, donde preguntaba “¿por qué no tenemos medicamentos buenos y baratos?”. Es más, el texto sostenía que “el medicamento es un bien social, que no puede ser considerado como una mercadería común, de la cual la población pueda prescindir”.
Si bien su aprobación no se llevó grandes coberturas de la prensa por esos días, esas leyes fueron uno de los motivos centrales del derrocamiento del gobierno de Illia.
