La Argentina atraviesa un momento muy difícil, en términos democráticos, como ocurre en tantos otros países, gobernados por (así llamados) “populistas”, de derecha o de izquierda. Amparados por el respaldo mayoritario recibido inicialmente, tales Presidentes se dedican a gobernar a su antojo, y buscan socavar el esquema constitucional de controles, descalificando cualquier crítica a su accionar como “golpista”. Se trata de males bien conocidos en nuestro país, en donde, durante una década, el kirchnerismo se defendió de muchos de sus críticos, atacándolos como “destituyentes”. El resultado es idéntico: tenemos que mantenernos en silencio frente a cualquier ocurrencia del poderoso de turno, a riesgo de ser acusados de antidemocráticos. Una extorsión atroz.
En todo caso, ninguna respuesta a los problemas que enfrentamos va a resultar exitosa si previamente no clarificamos la discusión conceptual que allí subyace: la discusión sobre la democracia. A tales efectos, en lo que sigue, voy a presentar algunas breves reflexiones sobre el modo en que, en la Argentina, hemos estado articulando nuestras discusiones sobre la democracia con nuestros debates políticos. Lo haré teniendo en mente las notas básicas que define la Constitución sobre democracia: un sistema estricto de controles; protagonismo del Congreso; rechazo al híper-presidencialismo; y compromiso con modos diversos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.
Comienzo con algunas referencias al gobierno de Raúl Alfonsín, en 1983. Entonces, y junto con muchos otros teóricos del derecho y cientistas políticos, Carlos Nino propuso pensar a la democracia en términos ideales para -desde allí- someter a crítica a los arreglos y prácticas institucionales existentes. De modo decisivo, Nino sostuvo que las normas públicas se justificaban sólo si, y en la medida en que, ellas fueran el producto de una discusión amplia e incluyente -habló entonces de una idea deliberativa de la democracia. Esta idea, que parece una mera abstracción, sirvió para dotar de sentido a varios de los proyectos más importantes de la transición democrática. Por ejemplo, ese ideal democrático sirvió para invalidar la ley de “autoamnistía” que los miliares habían escrito, antes de dejar el poder, y para favorecerse a sí mismos. El gobierno de Alfonsín, siguiendo los consejos de juristas como Nino, derogó la “autoamnistía” militar, sosteniendo que, en ausencia completa de debate público y participación ciudadana (los partidos estaban entonces proscriptos, las periodistas eran perseguidos, etc.), esas normas eran directamente “inválidas”: su grado de “contenido democrático” era igual a cero. Esto es decir: los ideales abstractos, a veces, resultan cruciales para actuar en democracia.
Tiempo después, durante los años 90, Guillermo O’ Donnell describió el modo altamente imperfecto en que se encontraban funcionando las democracias en países como el nuestro. Habló entonces de una concepción delegativa de la democracia, a la que caracterizó con una idea fundamental. O’ Donnell sostuvo entonces que, en las democracias delegativas, quien “gana una elección presidencial” asume que “está autorizado a gobernar el país como le parezca conveniente… El presidente es la encarnación de la nación, el principal fiador del interés nacional, lo cual cabe a él definir…Típicamente, los candidatos presidenciales victoriosos se presentan como estando por encima de todo, esto es, de los partidos políticos y de los intereses organizados?” La importante definición de O’Donnell pudo servir, entonces, para entender mejor, y a partir de allí criticar, a democracias de poder concentrado, como la que condujo Carlos Menem. Dicha definición, notablemente, nos sigue sirviendo, en la actualidad, para describir y criticar a gobiernos “populistas”, como el que hoy tenemos (un gobierno que se reivindica como continuación del de Menem). Por lo demás, la descripción de la democracia que propuso O’Donnell era por completo afín a la lectura abstracta ofrecida por Nino -un autor con quien O’Donnell conversaba al respecto.
Durante los tiempos siguientes -la década kirchnerista- muchos disputamos, también, la idea de democracia que parecía dominante. Todos recordamos de qué forma, más de una vez, alguno de los dos integrantes del matrimonio presidencial buscó defenderse de sus críticos, proponiendo una concepción limitada -más bien vacía- de la democracia. Los Kirchner nos decían: “Si no les gusta lo que hacemos, armen su propio partido político, y gánennos las próximas elecciones.” Entonces, muchos argumentamos contra ellos que la democracia era otra cosa, y que de ninguna manera merecía ser reducida a las elecciones. No se trataba -como ellos proponían- de una serie de eventos electorales que se sucedían cada cuatro años, sino, fundamentalmente, de “lo que ocurría en el medio, entre elección y elección”. Reconociendo que la democracia tenía que ver con nuestras disputas de todos los días, lo que debíamos hacer era manifestarnos sobre el gobierno (a favor o en contra), tanto como fuera necesario, para obligarlo a tomar en serio las demandas y necesidades de la ciudadanía. En lo personal, caractericé a esa lectura de la democracia como conversacional o dialógica, aclarando que ese diálogo incluía no sólo “palabras” y “escritos,” sino también enojosas protestas en las calles.
En la actualidad, durante el gobierno de Javier Milei, la discusión sobre la democracia vuelve a ganar fuerza. Como Menem, Milei pretende gobernar por las suyas, con un completo desdén por las instituciones (como la Corte Suprema), y de espaldas a las promesas que anunciara antes de ser electo (el gobierno del pueblo contra la “casta,” se nutre de la “casta” para imponer un “ajuste sin precedentes en la historia” sobre el pueblo). Como los Kirchner, el Presidente considera a sus críticos como enemigos, y descubre conspiraciones en cualquier objeción que recibe. Más que eso, Milei usa fondos públicos para giras privadas; rompe relaciones diplomáticas, como si el país fuera suyo; y despliega su cotidiano odio, como si fuera el nuestro. Nos avergüenza en público humillando a líderes prominentes y ciudadanos de a pie. Dice vivir en “un país de zurdos”, e insulta con groserías diarias a esos “socialistas” que, según él mismo, somos todos nosotros. El punto es: nadie lo ha autorizado para nada de eso, él no tiene ningún derecho a hacer lo que hace con impunidad y a su antojo. Nuestra república democrática no constituye un reinado, no admite privilegios, no reconoce prerrogativas ni fueros personales. No vivimos en una democracia “delegativa”, en donde el mandatario puede hacer como quiere, y actuar como se le antoje. Nuestra democracia constitucional, por lo demás, está íntimamente comprometida con la “justicia social” que él repudia (el 75 inc. 19 pide proveer al “progreso económico con justicia social”); obliga a que el Presidente se someta a controles, y le ordena (aunque a él no le importe) que pida permiso al Congreso antes de salir del país (99 inc. 18); define que las leyes sean exclusivo producto del Congreso, y considera nulas “de nulidad absoluta e insanable” las normas legislativas que emita el Ejecutivo (99 inc. 3). Más todavía: nuestra Constitución consagra una forma “deliberativa” (arts. 78, 83, 100 inc. 9, 106), y favorable a la participación popular en el proceso de toma de decisiones (arts. 37, 39, 40). En definitiva, aunque no lo quiera entender, aunque nos cueste hacérselo entender, el Presidente no puede actuar como un niño caprichoso: nuestra democracia es otra cosa, y nuestra Constitución le exige que se comporte de otro modo.
Publicado en el blog Seminario de Teoría Constitucional.
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