La novela del presupuesto universitario sigue dando nuevos capítulos que traen dolores de cabeza al gobierno nacional. A partir de la Marcha Federal Universitaria –realizada el 23 de abril– las páginas de esta historia se sucedieron de manera vertiginosa: el presidente Javier Milei buscó desacreditar la masiva movilización publicando en sus redes sociales el dibujo de un león –creado por inteligencia artificial– tomando “lágrimas de zurdos”, luego se conoció que la cartera conducida por Sandra Pettovello ratificó un 70% de aumento para gastos –prometido semanas antes de la marcha– y anunció otro 70% en el mismo rubro para el mes siguiente. En su conferencia matinal, el vocero Manuel Adorni desmintió que las casas de estudio tengan que cerrar por la crisis presupuestaria, se jactó de que son “los mayores defensores de la Universidad Pública” y reclamó auditorías para el sistema universitario, sin reparar en que son sus propios alfiles en el Congreso los que aún no dan los pasos necesarios para que se constituya la Comisión encargada de aprobar el Plan Anual de Auditorías.
Otro de los escenarios donde el debate sobre presupuesto universitario dejó mucha tela para cortar fue la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. El día después de la marcha, el Bloque de Unión por la Patria lanzó una convocatoria a sesión extraordinaria para tratar el tema que, sin embargo, no alcanzó quórum. A partir de allí, se definió un extenso cronograma de comisiones informativas en la Cámara de Diputados que fueron trayendo la palabra de rectores, especialistas y autoridades universitarias –tanto de los gremios como del movimiento estudiantil– en torno a la cuestión. En dichas comisiones, las máximas autoridades de las casas de altos estudios plantearon la imposibilidad de garantizar el desarrollo de sus funciones básicas ante el escenario de ajuste presupuestario impuesto por la licuadora del ministro Caputo, al mismo tiempo que exigieron la sanción de un presupuesto de Ley como única manera de aportar previsibilidad al sistema universitario. A pesar de su vinculación con la temática, el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez fue apartado de las conversaciones –debido a sus posturas confrontativas– y fue reemplazado en los diálogos por el secretario Carlos Torrendel, quien con formas más amables intentó llevar algo de tranquilidad a los universitarios.
Cuando las instancias de diálogo en Diputados empezaban a generar hastío en la comunidad universitaria e iban madurando las negociaciones entre el Consejo Interuniversitario Nacional y el Gobierno Nacional, se dio a conocer la noticia de que la UBA tuvo un trato privilegiado por el que consiguió un aumento del 270% para sus gastos de funcionamiento y un 300% para hospitales universitarios. Esto cayó como una bomba en el resto del sistema universitario, que rápidamente emitió un comunicado a través del CIN en el que criticaron la actitud discriminatoria del Gobierno y exigieron de manera perentoria el mismo trato que la UBA, con el mismo nivel de aumento para el resto de las universidades públicas. En situaciones de extrema tensión cuesta mucho construir la confianza, pero es muy fácil quebrarla. La negociación directa del Gobierno con la UBA dinamitó los delicados puentes que se habían generado, empeorando las condiciones establecidas.
Mientras tanto, Alejandro Finocciaro – presidente de la Comisión de Educación – convocó a otra Comisión de Educación con fecha 27 de mayo, esta vez de manera conjunta con la Comisión de Presupuesto (liderada por Espert) y con la intención de emitir dictamen sobre el asunto. Sin embargo, el clima de tensión cargó las tintas en el Congreso y el Bloque de la Unión Cívica Radical convocó a sesión extraordinaria para el 21 de mayo, a fin de tratar el presupuesto universitario. El revuelo causado por el nuevo foco de conflicto entre el CIN y el Gobierno terminó permeando entre distintas bancadas legislativas que se mostraron proclives al tratamiento del tema. A pesar de los esfuerzos del Gobierno –que intentó pinchar la convocatoria anunciando un hipotético acuerdo presupuestario con el CIN– y de sus espadas parlamentarias –que intentaron frenar el aluvión de Diputados al recinto apurando al 23 la convocatoria de las Comisiones de Educación y Presupuesto– la sesión convocada tuvo éxito, consiguiendo quórum con 130 presentes.
Las idas y vueltas del Gobierno respecto al conflicto universitario le restaron credibilidad y terminó sufriendo una derrota inapelable en terreno legislativo: luego de cinco horas de debate por cuestiones de privilegio –que incluyeron críticas a Milei por sus agravios al presidente de España y cuestionamientos al peronismo por las acusaciones de abuso sexual sufridas por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza–, los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical realizaron una moción conjunta que fue aprobada con 152 votos a favor. Dicha propuesta planteó emplazar a las comisiones de Educación y Presupuesto para que dictaminen sobre presupuesto universitario a las 14 horas del 23 de mayo. El oficialismo sufría así una derrota por partida doble.
Así fue como se llegó a la fecha y hora previstas para las comisiones de Educación y Presupuesto: iniciado el debate, los miembros de los distintos bloques fueron presentando sus distintas propuestas de dictamen. Todas coincidían en reconocer la emergencia presupuestaria que atraviesa al sistema universitario, considerando que hoy las universidades cuentan con el mismo presupuesto vigente a diciembre de 2023, para hacer frente a los gastos en un año en el que tenemos –al menos– 360% de inflación acumulada. Sin embargo, existían matices en cada uno de los planteos que inclinaban a los legisladores hacia uno u otro dictamen. Finalmente, se logró conformar cuatro dictámenes que quedaron en el siguiente orden: Unión por la Patria con 34 firmas; La Libertad Avanza, PRO, MID con 26 firmas; Unión Cívica Radical, CC, HCF e IF 21 firmas y el FIT con 2 firmas.
La discusión sobre presupuesto universitario deberá continuar ahora en el recinto: con cuatro dictámenes firmados se está en condiciones de llevarlo a tratamiento ante el pleno de la Cámara de Diputados, con la posibilidad de aprobarlo y obtener media sanción. Se trata de un dictamen de mayoría (bloque UP), un dictamen de minoría (bloques LLA, PRO, MID e Independientes), un dictamen de minoría (Bloques: UCR, HCF, CC e IF) y otro dictamen de minoría realizado por el FIT.
Los diálogos y negociaciones entre los bloques están abiertos, y seguramente habrá concesiones recíprocas en busca de consolidar una mayoría que apruebe un dictamen en Sesión. La próxima está convocada para el 4 de junio, con la cuestión previsional como tema central. El tema universitario podría incorporarse en caso de haber acuerdos. Mientras tanto, las negociaciones entre el CIN y el Gobierno siguieron avanzando, al punto de esbozar un acuerdo por el mismo monto que la UBA para la totalidad del sistema.
Algunos plantearon que esta situación libera al parlamento de la necesidad de brindar una solución al conflicto universitario, pareciendo olvidar que el reclamo se inició por la falta de previsibilidad, incertidumbre y arbitrariedad que produce la falta de Presupuesto aprobado por Ley. Más allá de los debates es importante destacar que –según la Constitución Nacional– la potestad de establecer el presupuesto y garantizar la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, sigue correspondiendo al Congreso de la Nación Argentina.
