Una verdadera democracia se apoya sobre el principio orientador de la transparencia, que está a su vez relacionado con otros tres temas: la corrupción, el abuso de poder, y el rol de la ciudadanía.
Empecemos por la corrupción. Salvo algunos pocos ejemplos y otros pocos intentos, la Argentina no se ha tomado en serio este problema, ni se ha puesto a pensarlo detenidamente. Y esto ha sido así en parte porque hay personas, grupos y actividades que obtienen buenos beneficios con la corrupción (eso es bastante obvio), pero en gran parte también por la falta de visión y de creatividad de las dirigencias (tanto en el ámbito público como en el privado) y también por la falta de compromiso de la ciudadanía.
La corrupción es difícil de combatir porque es un mal social extendido, que distorsiona el funcionamiento del Estado y del propio régimen democrático. En nuestro país hemos comprobado, más de una vez, que la corrupción no depende del tamaño del Estado ni del partido político que esté en el poder. De hecho, en los últimos diez años el lugar de la Argentina en el índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional ha tenido variaciones insignificantes.
Por supuesto, la acción de la Justicia es indispensable, pero no es suficiente para combatir la corrupción. Hace falta una miríada de elementos, en diversos campos: en la prevención, en un diseño institucional adecuado, en una pedagogía sobre la moralidad pública, en la voluntad política, en la fortaleza de los actores comprometidos en generar un cambio cultural real, en la responsabilidad individual que cada uno de nosotros asuma, y fundamentalmente, en el fortalecimiento del espacio cívico.
Por eso en Poder Ciudadano nos gusta hablar de “sistemas de integridad”, es decir, de articulaciones entre normas, patrones culturales y comportamientos. Sin integridad, no hay desarrollo económico estable por más inversiones que haya, y sin integridad no hay democracia previsible, por más elecciones que haya.
Es que la transparencia, los mecanismos de control eficaces y también el compromiso ciudadano, son las únicas formas de generar no solo mayor confianza en los gobiernos, sino también la seguridad jurídica, el clima de negocios y la credibilidad que necesitan tanto la democracia como el desarrollo económico capitalista.
El abuso de las posiciones de poder también es una forma de corrupción, y está muy ligada al ocultamiento de información. La ecuación es muy sencilla: si las elites no se sienten observadas y controladas, quienes detentan el poder tenderán a abusar de él.
Para evitar esos males, la forma primordial de control a los gobernantes es la publicidad de la información y de los actos de gobierno. Es un principio básico del Iluminismo y de la democracia como régimen. La información abierta es el arma filosófica e históricamente más importante contra todo tipo de poder absoluto, autoritario, monárquico o autocrático.
Por eso, el año pasado Poder Ciudadano se opuso enérgicamente al decreto del Poder Ejecutivo que restringe el derecho de acceso a la información pública, que amplía la discrecionalidad de los funcionarios, opaca la rendición de cuentas y contradice además la ley vigente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y el espíritu de la Constitución.
Finalmente, la democracia y el desarrollo necesitan a la ciudadanía. La necesitan vibrante y comprometida, entre otras cosas, para morigerar los males del presidencialismo latinoamericano, que produce presidentes demasiado fuertes, o bien demasiado débiles.
Y la necesitan con al menos ciertos grados de equidad social: la evidencia científica demuestra que los bajos rendimientos económicos (sobre todo el estancamiento de los ingresos y la desigualdad) son un factor importantísimo a la hora de explicar las rupturas de la democracia en el pasado.
Por lo tanto, para cuidar la democracia es imperativo que los gobiernos tengan buenos resultados económicos, así como es imperativo que los buenos resultados económicos no se conviertan ellos mismos en amenazas a la democracia y a la propia ciudadanía.
La democracia no es solo elegir quién decide, sino que también establece con qué límites y bajo qué condiciones puede hacerlo. Cuando criticar al gobierno puede traer algún tipo de castigo gubernamental, por más blando que sea (insultos, difamación, amenazas, bullying, denuncias falsas, o ahogo financiero), cuando algo de eso sucede, la democracia ya está lastimada. No hace falta esperar algo peor para verificar el daño.
Si la política coquetea con la abdicación democrática, entonces es imperioso fortalecer el músculo de la sociedad civil. Como en general la política se resiste a los controles (16 años sin designar un Defensor del Pueblo me parecen bastante elocuentes) somos los ciudadanos los que tenemos que actuar, cada uno desde un su lugar, si es que aspiramos a una sociedad compuesta por verdaderos ciudadanos, y no por súbditos, ni por meros consumidores pasivos, ni por espectadores de una puesta en escena. Parte del país que hoy somos se debe a lo que muchas personas hicieron en 1983. El país de los próximos 40 años también dependerá de lo que hagamos nosotros ahora.
