El sistema político argentino favorece la concentración del poder en manos del Presidente de la Nación, ahora más que antes con el alegato de la emergencia y la necesidad de recursos excepcionales.
Con el uso de este procedimiento se crea un estado de hecho que está reglamentado en la constitución de 1994, aunque existan antecedentes históricos. La Argentina vive las vicisitudes de su tiempo, un tiempo de cambio y de antagonismo. Se legisla, en general, en virtud de la contingencia política y social.
La democracia argentina ya no se sostiene por sí misma, no puede existir como representación pura, sino que requiere para su gobernabilidad de la emergencia y de los poderes de excepción. Milei reclama al Congreso, como lo hicieron sus antecesores, que se le confiera no sólo una norma sino el reconocimiento de una voluntad política, la autorización de un amplio margen de decisión, que en los hechos atenúa el Estado de derecho.
La decisión se torna así en un complejo movimiento de la voluntad política del ejecutivo para las situaciones de emergencia. Ello implicaría reconocer esa parte de la democracia vinculada al decisionismo. Así funciona la democracia argentina cuya referencia principal es la relación entre la decisión ejecutiva excepcional y el ámbito legislativo.
A partir de ese momento la autoridad del Presidente es mucha más autónoma. ¿Estamos en presencia de un Eecutivo republicano que gobierna según su arbitrio o de uno que lo hace en función de las facultades delegadas por el Congreso? Si la segunda pregunta obtiene una respuesta positiva nos encontramos, entonces, ante una instancia decisoria extraordinaria, legal y legítima.
Esta estructura, más allá de los abusos y arbitrariedades de los gobiernos de turno, presenta un dilema si se la confronta con la propia noción de democracia, que está asociada a la clásica separación de poderes, a un poder compartido.
Es cierto que el Congreso le puso “freno” a las desmedidas ambiciones legislativas del Ejecutivo al modificar la Ley de Bases, y reafirmó su empeño en el reparto de competencias entre ambos poderes. No obstante, desde una perspectiva realista, el régimen del statu quo en curso, vigente hace ya largo tiempo, no puede soslayar el reclamo de la emergencia y las medidas de excepción, que van de la mano. Esa práctica de gobierno es el decisionismo democrático.
La ley de Bases de junio de 2024 establece en su artículo primero, la Emergencia Pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. El 8 de julio fue aprobada la ley 27743 denominada Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (paquete fiscal). Además, en el artículo 21 del Decreto 585/2024 el poder ejecutivo determina las veintisiete competencias del Ministerio de Desregulación y transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Sin olvidar que el mega decreto 70/2023 sigue vigente, porque únicamente fue rechazado por el Senado. Ahora vienen los desafíos de la capacidad de gobernar.
El “proyecto refundacional” de Milei se propone, entre otras cosas, reformar el Estado; (ese Estado, según palabras de Luis Alberto Romero, colonizado por las corporaciones, atrapado por la cleptocracia, y la neutralización de los organismos de control); incentivar la apertura comercial; reducir el gasto público y el déficit fiscal; avanzar con las privatizaciones; finalizar con los subsidios estatales al sector privado; terminar con las regulaciones que ahogan las fuerzas productivas; estimular las inversiones.
Esa propuesta tiene un objetivo preciso instaurar un nuevo orden político, que será sin duda un lugar de tensión. Buena parte de la sociedad tiene mucho para decir si mantiene la esperanza de cambio.
Hubo una enunciación de alto valor simbólico, una puesta en escena mediante una esforzada impronta histórica, con la firma del Pacto de Mayo, un 9 de julio. Es la enunciación de una “nueva Argentina”. Con ese Pacto pareciera que Milei se aleja de la política de los extremos (de espalda al Congreso en el discurso de asunción) para abrazar la representación tradicional y dejar esa especie de “representación existencial” (de tipo schmittiano), sin intermediarios, aunque buscando siempre el apoyo de la opinión pública en la era digital.
Con la irrupción de un líder libertario (sin una alternativa real al frente) ¿se marcha hacia una disolución progresiva del régimen del statu quo, de esa tendencia a mantener las cosas como están en lugar de cambiarlas?
El punto de partida es la emergencia y las medidas de excepción, propio del statu quo, así como también el hecho de recurrir al sistema representativo tradicional. Si se tiene un sentido de la realidad no habría muchas formas de obrar. La historia nos dirá si se abrió en verdad un proceso de transición. Quizá haya que analizar los fenómenos políticos con una visión más abierta a lo que está sucediendo, a sus giros históricos. Si nos valemos de Arendt, la comprensión antecede y sucede al conocimiento.
Las herramientas fundamentales reclamadas por el Gobierno para implementar sus reformas ya fueron dadas, comienza el momento de exhibir los resultados de su gestión, sin negar la posibilidad de que un éxito relativo de la misma pueda poner en movimiento una reunión de voluntades para superar las condiciones negativas del statu quo. Subrayemos que una mayoría parlamentaria prestó su consentimiento, tras un nuevo imperativo político.
¿Por qué “no pensar lo impensable”, respetando siempre los valores democráticos y sus instituciones? Aprendimos que las medidas de emergencia no pueden quedar libradas a la improvisación y al descontrol. Sin excusas, sin exclusiones. Se trata de ordenar y gobernar nuestra comunidad política.
Publicado en Clarín el 17 de julio de 2024.
