La Fundación Alem organizó el conversatorio “Justicia y política” con Ernesto Sanz y Roxana Reyes, moderado por Miguel Piedecasas. El diagnóstico fue contundente: la Justicia argentina está politizada, desprestigiada y atrapada entre relaciones viciosas con el poder.
Sanz alertó sobre la “Comodoropización” de los fueros federales y el RIGI como síntoma del fracaso institucional.
Reyes puso a Santa Cruz como ejemplo de concentración de poder sin contrapesos, donde los fallos de la Corte son meras sugerencias.
Ambos coincidieron en la urgencia de reformar el Consejo de la Magistratura para reducir la discrecionalidad política.
“Sin Justicia independiente no hay República, y sin instituciones confiables no hay desarrollo posible”.
En el siguiente link, puede verse la charla completa: https://youtu.be/xFJCWtSrBYc?si=q2hW4VpouAhc0IDP
En el marco del ciclo de charlas que organiza la Fundación Alem presidida por Agustín Campero, Ernesto Sanz y Roxana Reyes disertaron sobre el vínculo entre Justicia y poder político, la erosión de la calidad institucional en la Argentina y las deudas que aún pesan para recuperar un Poder Judicial que no dependa de nadie. El encuentro lo moderó Miguel Piedecasas.
La Fundación Alem organizó el conversatorio “Justicia y política”, una mesa pensada para poner sobre la mesa uno de los nudos más gruesos de nuestra democracia: cómo volver a tejer una relación sana entre la política y los jueces, donde se incluyan la autonomía, los frenos y contrapesos, la transparencia y, sobre todo, el respeto irrestricto al Estado de derecho.
Subieron al escenario Ernesto Sanz y Roxana Reyes, con la conducción de Miguel Piedecasas. En el ida y vuelta, se metieron de lleno con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la judicialización de los conflictos políticos, el estado de las justicias provinciales y el costo, en dinero y confianza, que paga la sociedad cuando crujen las instituciones.
El debate giró alrededor de una frontera que parece borrosa: la relación virtuosa entre Justicia y política con reglas claras, estabilidad y j
ueces que no miran para otro lado; y la relación perversa entre Justica y política, en la cual los tribunales se vuelven un comodín para proteger, perseguir o negociar entre favores y sectores con poder.
“Hoy, la Justicia está en el último lugar de la consideración de la gente; en una democracia que se respete, eso es sencillamente insoportable”, disparó Ernesto Sanz.
Sanz fue contundente: la degradación institucional no es cosa de ahora, viene de lejos, y se fue haciendo más espesa con la politización del sistema y con esa costumbre de llevar a los tribunales todo lo que la política no supo destrabar con diálogo. Y deslizó un término contundente: la “Comodoropización” de la Justicia, una suerte de concentración malsana en ciertos fueros federales, donde los tiempos procesales se manejan con criterio político y hay conexiones incómodas e impropias con los servicios de inteligencia.
Como contrapeso histórico, rescató el 83 y la llegada de Raúl Alfonsín. El Juicio a las Juntas y una Corte que pretendía ser independiente fueron señales potentes de que se podía recomponer el Estado de derecho desde sus cimientos. Recordó que Raúl Alfonsín le ofreció a Italo Luder, su contrincante en las urnas y líder del PJ de entonces, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Pero no todo fue diagnóstico político. También se metieron con la economía. Sanz fue claro: si para atraer inversiones tenemos que inventar instrumentos especiales como el RIGI, es porque el resto de las reglas no son confiables.
“El RIGI es la confesión más cruda de que nuestras instituciones están en terapia intensiva; terminamos ‘alquilando’ seguridad jurídica afuera”, afirmó Sanz.
Roxana Reyes se metió de lleno en el territorio de las provincias y puso a Santa Cruz como un caso testigo de lo que pasa cuando el poder se concentra y los contrapesos desaparecen.
Reyes recordó el incumplimiento del fallo de la Corte en el caso del ex procurador Eduardo Sosa, las ampliaciones a medida del Tribunal Superior y otras maniobras para incidir en la composición del Poder Judicial de esa provincia.
“Allá, los fallos de la Corte son casi sugerencias; se perdió de vista que la Justicia es un poder independiente”, remarcó Reyes.
Otro de los temas que calentó el debate fue el Consejo de la Magistratura. Los dos expositores coincidieron en que hay que meterle mano a los mecanismos de selección y remoción de jueces: menos discrecionalidad política, más peso al orden de mérito, recuperar las audiencias públicas y asegurarse de que el que tenga buen currículum también tenga un compromiso de verdad con la Constitución.
Desde la Fundación Alem remarcaron una idea que parece obvia pero no lo es: la independencia judicial no es un tema de jueces ni de abogados ni de políticos. Le importa al ciudadano de a pie, al que quiere invertir, al que busca trabajo, al que necesita que la ley lo ampare sin importar su apellido.
La reconstrucción del país pasa por recuperar una Justicia que sea un freno real al poder, que ofrezca reglas que no cambien con cada gobierno, y que nadie, ya sea partido, corporación o grupo de presión, pueda sentir que los jueces le pertenecen.
Sin Justicia independiente, la República es un cascarón vacío. Y sin instituciones que generen confianza, no hay desarrollo que aguante ni democracia que valga la pena.
La charla completa “Justicia y política” ya está subida al canal de YouTube de la Fundación Alem.
