El equipo del Instituto Progresista-IPV, con base en la información política disponible hasta el 25 de enero de 2026, elaboró un informe sobre la situación en Venezuela. El mismo señala la preocupación de sectores de la oposición y advierte sobre el peligro de una perpetuación del régimen.
El informe completo dice:
El proceso que el chavismo evita llamar “transición” prefiriendo términos como “reconciliación” o “unidad nacional” se mueve, en realidad, entre control político interno, apertura económica condicionada y presión social que comienza a reaparecer en las calles.
Vuelve la protesta. La sociedad retoma la protesta como espacio reivindicativo; el hecho más simbólico de la semana tuvo lugar el día 23 de enero, fecha histórica para la democracia venezolana (retorno a la democracia luego del derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958) que volvió a convertirse en termómetro político. Tanto familiares de presos políticos, sindicatos, estudiantes, gremios como dirigentes sociales salieron a protestar. No fueron movilizaciones masivas, pero sí significativas por su visibilidad en el contexto represivo.
Tras años de represión, migración y fragmentación, más que una recomposición, asistimos a la gestación de un nuevo tejido social; no es un retorno al pasado, sino el surgimiento de una estructura ciudadana cuya forma final aún es incierta. Cuando la sociedad reaparece, el poder se incomoda. La narrativa de una “normalización” política se enfrenta ahora con una ciudadanía que intenta volver, aun incipientemente pero más atrevidos, a reclamar el espacio público, no desde la subordinación, sino desde la demanda; no desde la nostalgia, sino desde una exigencia que apenas empieza a articular su propio lenguaje.
Hubo cierres de vías parciales, pancartas universitarias y protestas visibles en Caracas y otras ciudades del interior del país. La gente se reorganiza a pesar del miedo, los medios de comunicación cubrieron nuevamente las protestas y los ciudadanos resilientes que actuaban en las sombras para denunciar los atropellos, se exhiben nuevamente.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en el primer semestre de 2025 hubo 1.249 protestas, 48 % menos que en 2024, debido al alto costo represivo. En contraste, la protesta vuelve a verse, y cuando se ve, el poder se incomoda.
Resulta de interés mencionar que algunos liderazgos de los partidos políticos de la oposición tales como Andrés Velásquez y Alfredo Ramos, renuncian a la clandestinidad y vuelven al espacio del debate político público. Esto puede dar lugar a la reaparición de otros actores disidentes aún sin tener claras las garantías de respeto a sus derechos civiles y políticos por parte de la cúpula chavista.
En materia de presos políticos y derechos humanos, la situación continúa siendo crítica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA alertó esta semana sobre la existencia de cárceles clandestinas en Venezuela, mientras que el propio organismo regional pidió acelerar la liberación de los presos políticos como un imperativo humanitario. Al mismo tiempo, se conocieron nuevos casos de desaparición forzada, como el del dirigente sindical Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien suma más de 50 días sin que exista información oficial sobre su paradero, lo que vuelve a poner en evidencia el uso del encierro y la desaparición como herramientas de control político.
La temática de los derechos humanos es una herida abierta. Organismos internacionales han alertado sobre cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y el uso político del encarcelamiento. Las excarcelaciones no responden a una política humanitaria estructural, sino a una administración selectiva del encierro. Los presos funcionan como activos de negociación entre facciones del poder, no como sujetos de derechos.
El chavismo habla de paz y reconciliación en discursos transmitidos en medios oficiales mientras mantiene a la estructura represiva sin cambios, aún se encuentran más de 800 personas detenidas arbitrariamente en condiciones de aislamiento, torturas y procesos judiciales inexistentes. Solo en esta semana, fallecieron las madres de dos presos políticos que aguardaban el anunciado proceso de liberaciones “masivas”. Hasta la fecha, estas excarcelaciones solo han alcanzado a 191 personas, de acuerdo a los datos de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón; una cifra que contrasta con la urgencia de las familias que siguen esperando. La contradicción entre el discurso y la práctica de los máximos jerarcas vuelve a quedar expuesta.
Sobre el petróleo y las relaciones EE.UU.
En otro orden, el tutelaje de Estados Unidos sobre Venezuela se ha articulado en los hechos alrededor del petróleo, la estabilidad y la seguridad regional. Aún no hay evidencias de acuerdos que den paso a una transición democrática; por el contrario, la prioridad actual es el blindaje de la inversión extranjera en materia petrolera.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, busca adaptar el marco legal hacia una liberalización profunda del sector, utilizando la apertura económica como el principal instrumento de reconfiguración política.
El proyecto de ley que consta de 18 artículos representa una ruptura con el modelo de control estatal absoluto vigente desde 2006, ya que otorga facultades inéditas al sector privado, permitiéndole operar, comercializar y exportar crudo directamente, incluso como socio minoritario, asumiendo la gestión a su propio “costo y riesgo”.
Este cambio estructural se complementa con una agresiva flexibilización fiscal que permite al Ejecutivo reducir las regalías del 30% base a pisos diferenciados: hasta 20% en contratos con empresas privadas y hasta 15% en el caso de las empresas mixtas; esquema similar que se introduce para el impuesto de extracción, que sigue siendo un tercio del valor de los hidrocarburos, pero con rebajas posibles hasta esos mismos pisos.
El proyecto también incorpora un nuevo artículo que habilita expresamente el uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias, como la mediación y el arbitraje independiente. Aunque no elimina la jurisdicción de los tribunales venezolanos, sí abre la puerta a instancias arbitrales que no estaban contempladas de forma tan directa en la ley actual, buscando ofrecer un entorno previsible para inversores internacionales tras previas consultas con la Administración Trump, pero siendo un punto históricamente sensible en el debate petrolero venezolano, principalmente desde la narrativa del gobierno nacional.
A nivel institucional, esta reforma sustituye la autorización parlamentaria por una simple notificación administrativa del Ejecutivo para la creación de empresas mixtas, otorgando una discrecionalidad total a este Poder Público Nacional.
Si bien el objetivo es reactivar la producción en el bienio 2026-2027, el costo es elevado: se debilita el rol de PDVSA, que queda relegada frente a socios privados con control operativo y financiero, y se proyecta una caída drástica en los ingresos fiscales (que podrían pasar de una participación del 65% a niveles significativamente menores). En última instancia, el Estado sacrifica recaudación y soberanía operativa en favor de una operatividad inmediata, lo que plantea riesgos de inconstitucionalidad y una dependencia a largo plazo de los incentivos otorgados a las transnacionales.
Bajo este escenario, Estados Unidos busca administrar ventas, definir operadores y condicionar ingresos estratégicos. El chavismo acepta ese marco porque entiende que la estabilidad económica es hoy la base mínima de supervivencia política, y bajo presión se ven obligados a cooperar con un enemigo histórico. Por eso, la transición que se perfila sigue siendo más económica que democrática: primero orden, luego política.
En el plano internacional, Washington continúa ordenando el tablero. Trump combina gestos de acercamiento con control estratégico. Habla de involucrar a María Corina Machado, designa nuevos cuadros diplomáticos y acelera la agenda energética, mientras evita hablar de una transición democrática con plazos claros. La prioridad es la estabilidad administrada, no el rediseño institucional profundo en el corto plazo.
