El fiscal general, Tarek William Saab, reconoció que a Nahuel Gallo no le han permitido visitas familiares. En el intento de justificar aislamiento contra el detenido dejó al descubierto varias violaciones a la Constitución y las leyes
La dictadura de Nicolás Maduro advirtió que pretende condenar por hasta 30 años de prisión —la pena máxima establecida— al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece preso en algún lugar de Caracas.
“Al señor Gallo se le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo, financiamiento al terrorismo y asociación”, respondió Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, en una nota que respondió por escrito a Clarín.
El propio fiscal general detalló que las penas por conspiración acarrean penas de entre 8 a 16 años de prisión, mientras que terrorismo va de 25 a 30 y financiamiento al terrorismo ente 15 y 25. Asociación, un delito que se le suele imputar a todos los detenidos políticos, puede costar entre 6 y 10 años.
En la narrativa del Ministerio Público de Venezuela es inverosímil que un extranjero visite el país por tener vínculos afectivos o algún novio o novia venezolano. Insisten, en cambio, que Gallo formaba parte de “grupos de ultraderecha” de “distintas nacionalidades” que pretendían “planes conspirativos”.
Otra cuestión que sinceró William Saab es que al gendarme argentino no le han permitido visitas de familiares, siempre con la excusa de que el detenido “está siendo investigado por delitos extremadamente graves”. Aunque deslizó que está recluido en Caracas no informó el centro de detención, ni el juez o el tribunal a cargo del caso, cuestiones que violan toda la normativa venezolana e internacional, en tanto la Constitución de Venezuela, en su artículo 48, establece la presunción de inocencia, el acceso a abogados, que se informe a los detenidos los motivos del procedimiento y el contacto con familiares. Eso, por supuesto, en todos los casos, sin distinciones de investigaciones ni presuntos crímenes.
Si realmente Gallo está en Caracas, entre las opciones está El Helicoide, centro de torturas más grande de Latinoamérica, con similitudes a las de la ESMA. También la sede central de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, otro lugar señalado por torturas, asesinatos y tormentos según informes de la ONU. El chavismo, por el momento, dice que el gendarme “está bien”, lo cual es imposible de chequear, más cuando la dictadura, tanto desde la Fiscalía como en tribunales, suele negar o dar versiones falsas sobre los tratos que reciben los presos políticos.
Transcurridos 20 días de la detención de Gallo, nadie sabe dónde está, ni sus condiciones físicas o de reclusión, si está solo o acompañado, si le han dado de comer o lo han torturado. Por varios días estuvo desaparecido, sin que el chavismo blanquease que lo tenía preso.
19 extranjeros son presos políticos
Al menos 19 extranjeros son presos políticos en Venezuela en este momento según la ONG Foro Penal, en cifras actualizadas hasta el 23 de diciembre.
Gallo, por ahora, es el único argentino. Hay, además, cuatro colombianos, tres ecuatorianos, dos españoles, dos uruguayos, cuatro personas con ciudadanía de Estados Unidos y al menos una persona de Ucrania, México, Perú y Guyana.
A ellos se suman 31 venezolanos con doble ciudadanía: 12 de España, 9 de Italia, seis de Colombia, tres de Portugal y uno de Chile.
El total de presos políticos hasta esa fecha era de 1849.
William Saab, fiscal general, es militante del Partido Socialista y ocupó varios cargos a lo largo de 25 años de chavismo, como haber sido diputado nacional y gobernador. Está señalado como una de las piezas claves de la justicia chavista, bajo investigación por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional.
