El financiamiento de los partidos se convirtió en nuestro país en una oportunidad de negocios y negociados. La inflación del número de partidos se relaciona en parte con esto. En la actualidad hay registrados 718 Partidos de Distrito y 47 Partidos de Orden Nacional. Todos ellos reciben aportes permanentes del Estado nacional y muchos -directamente o a través de alianzas- reciben financiamiento para las campañas de las PASO y las elecciones generales.
Con la sanción de la Ley 27.781 que estableció el sistema de Boleta Única de Papel se termina uno de los rubros del financiamiento público que más abusos generó, sobre todo con motivo de las PASO y a raíz de un fallo de la Corte Suprema que obligó al Estado a pagar el aporte por boleta a cada una de las listas internas que a los partidos se les ocurriera oficializar, aunque no representaran a nadie y fueran sólo una forma de hacer dinero fácil a costa de los contribuyentes. En las últimas elecciones el aporte por boleta para las PASO y las elecciones generales fue de $ 10.583.000.000, según informes oficiales.
Cerrada esta oportunidad de negocio, el gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que apunta a eliminar por completo el financiamiento público para las campañas, que pasarán a financiarse exclusivamente con aportes privados. La propuesta incluye también la eliminación de las PASO.
En materia de financiamiento de la política no existe un sistema perfecto, ni universalmente válido. Las normas se ajustan -o deberían ajustarse- en cada caso al contexto institucional, económico y social y a los objetivos perseguidos: fortalecer a los partidos o a los candidatos, limitar la influencia del dinero en la política, generar condiciones de equidad en la competencia, transparentar el origen y destino de los fondos, propiciar la inclusión de grupos sub-representados, etc. También, por supuesto, garantizar un uso razonable de los recursos públicos.
El Poder Ejecutivo señala que los objetivos que persigue el proyecto son: “reducir el gasto público del Estado Nacional en actividades puramente políticas, devolver a los partidos un ámbito de libertad para el ejercicio de sus actividades, simplificar regímenes que han quedado desactualizados por el paso del tiempo, y transparentar el régimen de financiamiento de los partidos políticos”.
El artículo 38 de la Constitución Nacional reconoce que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático y dispone que “el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y la capacitación de los dirigentes” y que los partidos “deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos”.
El proyecto del Ejecutivo mantiene el financiamiento público anual para el funcionamiento de los partidos, sus actividades ordinarias y de campaña. Mantiene pero reduce a la mitad la porción de esos fondos que se deberán dedicar a capacitación de dirigentes y elimina el deber de destinar un porcentaje de ellos para la formación de jóvenes y mujeres.
El sistema propuesto elimina por completo el financiamiento público para campañas que quedará librado totalmente a la recaudación de fondos privados y a los gastos independientes que hagan terceros. En materia de financiamiento electoral el proyecto se aproxima bastante al sistema que se aplica en Estados Unidos para la elección presidencial y significa un cambio de 180 grados con relación al régimen vigente.
El financiamiento de la política está íntimamente relacionado con la corrupción. Aportar a las campañas puede generar compromisos para los candidatos, privilegios para los donantes, un “mercado a futuro” de decisiones políticas y potenciales conflictos de interés, en síntesis, ventanas de oportunidad para la corrupción.
Terminar con el negocio y los abusos es razonable y necesario. Pero también lo es garantizar que las elecciones no sean una carrera dominada por los sponsors.
Los límites a los aportes privados para las campañas aumentarían notablemente con el sistema propuesto. Por ejemplo en las elecciones nacionales de 2023, el monto máximo de aporte por persona en el distrito Provincia de Buenos Aires fue de $ 15.000.000 y pasaría a aproximadamente a $ 1.900.000.000.
La carrera de sponsors que generaría el proyecto, en caso de aprobarse, se completa con otros elementos: la eliminación total del límite de gastos de campaña; la eliminación total del acceso a espacios gratuitos en los medios de comunicación; la eliminación de la prohibición de compra de espacios por parte de terceros y la incorporación de la llamada “propaganda independiente” sin obligación de transparentar quién está detrás de esta propaganda, ni cuánto se invierte en ella.
Esta desregulación total sumada al incentivo natural que genera para aportar y recaudar fondos sin límite genera el riesgo adicional de un aumento del dinero opaco proveniente del crimen organizado u otra fuente ilícita. Ese riesgo no se reduce con las prohibiciones que menciona el proyecto que, como es obvio, sólo aplican a los fondos reportados.
El Poder Ejecutivo dice estar preocupado por la transparencia en el financiamiento de las campañas, sin embargo no hay en el proyecto grandes mejoras al respecto, ni el fortalecimiento de las capacidades de control de la Justicia Federal con competencia electoral. Por ejemplo, la norma propuesta sobre el acceso público y gratuito al registro de aportes se refiere a “los interesados” en esos datos lo que resulta preocupante porque dará lugar a la discusión sobre quiénes tienen “interés” – camino que siempre ha sido utilizado para retacear información.
Es importante recordar siempre al regular el financiamiento de la política que la democracia es costosa, pero la captura del estado por parte de intereses particulares puede resultar mucho más costosa y, además, pone en riesgo la libertad.
Publicado en Clarín el 3 de diciembre de 2024.
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