El pasado fin de semana, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen viajó a Montevideo, coincidiendo con la Cumbre de Mercosur, para firmar el Acuerdo cerrado entre la Unión Europea (UE) y el bloque comercial subregional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se cerraban así, después de largos meses de negociación, una serie de reuniones para desbloquear un proceso que parecía interminable y reiteradamente condenado al fracaso. Los motivos de este estiramiento temporal son muy variados, pero al final del día siempre emerge con fuerza propia algún argumento proteccionista proveniente de una de las dos orillas del Atlántico, cuando no de ambas simultáneamente.
Desde esta perspectiva, resulta sumamente interesante identificar algunos de los grupos de interés opuestos al tratado y cómo, más allá de aparentes razones contradictorias, coinciden en su rechazo al libre comercio. Por una u otra razón siempre salen a relucir intereses corporativos, sean de agricultores franceses, industriales sudamericanos, sindicalistas argentinos o brasileños y ambientalistas europeos. El argumento siempre es el mismo: el tratado no sirve, atenta contra tradiciones ancestrales, no tiene en cuenta a grupos vulnerables, etc., etc., si bien estas espurias alianzas terminan torpedeando la posible mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de las sociedades implicadas.
Nuevamente, ha vuelto a estar presente la idea de que se repita el fiasco de 2019, cuando se alcanzó un acuerdo similar. Esta idea se ha visto de forma insistente tanto en las negociaciones previas como en los análisis posteriores. Sin embargo, en 2024 el escenario geopolítico en el que nos movemos, marcado por el impacto de la pandemia, pero también de la invasión rusa de Ucrania, es totalmente diferente al pasado. Como dijo Von der Leyen, “este acuerdo no es solamente una oportunidad económica, es una necesidad política”.
Cuando las fuerzas de Putin invadieron un país soberano, llevando la guerra al corazón de Europa, la UE se vio directamente afectada. Se produjo entonces una interesante paradoja. Si, en contra de lo que dictaba la evidencia, la Unión pudo resistir la presión rusa y salir más fortalecida del envite, más unida que nunca, al mismo tiempo se vio internacionalmente más aislada. Los respaldos que podía encontrar, especialmente en el llamado Sur Global, eran bastante limitados. Por eso se estimó necesario recomponer viejas alianzas o establecer nuevas, y, en este contexto, América Latina emergía, por muy diversos y poderosos motivos, con luz propia.
Para poder avanzar en una convergencia tan importante, desde todo punto de vista, había que desmontar el desinterés que había caracterizado previamente a la relación euro–latinoamericana. Ni Bruselas ni la mayoría de los 27 estados miembros se habían mostrado preocupados en fortalecer una relación considerada insuficiente. El Tratado pendiente con Mercosur, así como las negociaciones por actualizar los acuerdos con Chile (cerrado) y México (aún pendiente), eran una buena ocasión para mostrar no solo a los países directamente implicados sino también a toda la región el renovado interés europeo en América Latina.
De firmarse este Acuerdo, que implicaría a casi 800 millones de personas, Europa tendría algún tipo de tratado con prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, salvo Bolivia y Venezuela. Es más, de ratificarse, Europa tendría tratados de libre comercio con el 94% del PIB latinoamericano, frente al 44% de Estados Unidos y solo el 14% de China, convirtiendo a la UE en un actor geopolítico de primer orden en la región.
Para facilitar la puesta en vigor más o menos inmediata de lo acordado, especialmente en materia comercial, las negociaciones se han desdoblado. Por un lado, abordando aquellas cuestiones en las cuales la Comisión tiene transferidas las competencias, como el comercio, de aquellas otras relacionadas con la cooperación y el diálogo político. El recorrido de uno y otro acuerdo son diferentes. Mientras en el primer caso, además de los parlamentos latinoamericanos, debe ser aprobado por el Consejo Europeo y ratificado por el Europarlamento, en el segundo se requiere del visto bueno de los parlamentos de los 27 estados miembros.
Obviamente, para poder transitar por cualquiera de estos dos andariveles hay que superar primero la posibilidad de que se forme una minoría de bloqueo, formada por cuatro países, que supongan al menos el 35% de la población europea. De momento, Francia y Polonia han decidido liderar la empresa, que cuenta con otros posibles candidatos, como Austria e Italia. Sería deseable que la Comisión y aquellos países más comprometidos con el Tratado, como Alemania, España y Portugal, insistieran en sus bondades, en señalar que los riesgos no son tan elevados como se presentan, y que para reducir el impacto sobre los potenciales perdedores hay cuantiosas compensaciones y períodos de transición muy flexibles.
Publicado en El Periódico de España el 10 de diciembre de 2024.
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