Tratando de encontrar motivos que expliquen la profunda insatisfacción frente al debate político en la Argentina, hay un aspecto en particular que creo relevante rescatar. Suele molestarnos que el argumento más frecuentemente esgrimido por los contendientes con mayor apoyo del electorado sea la descalificación del otro, sin mayor preocupación por presentar propuestas claras de reforma.
Pero, tal vez más grave, sea comprobar que, a partir de la importante disputa entre los gobiernos nacional y provinciales, han emergido, a modo de propuestas, declaraciones bastante discutibles acerca de nuestra organización federal. Aquí debemos llamar la atención sobre la dificultad de comprender los problemas de nuestro federalismo. En algunos casos, creo que no se trata de dificultad de comprensión sino de intereses particulares que prefieren obviar lo obvio de nuestra organización federal.
Lo que se suele escuchar acerca de la situación fiscal de las provincias y la relación con el gobierno nacional se refiere, básicamente, a la necesidad de eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos debido a las distorsiones que genera, la conveniencia de modificar el régimen de coparticipación que estaría consolidando la situación de provincias “rentistas” sin incentivos a cobrar impuestos y otros comentarios donde las finanzas provinciales aparecen como causantes importantes de problemas macro fiscales del país.
Se trata de prioridades que reflejan con mayor fuerza las demandas de los gobiernos nacional y de las provincias de mayor desarrollo relativo (contribuyentes netos al régimen de coparticipación de impuestos), pero difícilmente puedan ser consideradas a la cabeza de agendas para mejorar la provisión de servicios públicos esenciales de manera homogénea a lo largo del territorio argentino, negando de algún modo que precisamente la Nación incluye a todas las provincias. Esta breve nota tiene como propósito introducir en las complejidades propias de nuestra organización federal, que deben ser consideradas con mucho mayor cuidado que lo que estamos presenciando en los debates.
Debemos comenzar recordando que a lo largo de la historia argentina los desequilibrios fiscales estuvieron mayormente determinados por las cuentas del gobierno nacional. Como se presentó en una nota previa de este mismo blog, la evolución del resultado del agregado de cuentas provinciales confirma que no puede atribuirse a ese nivel de gobierno la historia de desequilibrios fiscales. Más grave aún, como se explicó en esta otra nota de este blog a raíz de los conflictos recientes del gobierno nacional con las provincias, las cuentas del gobierno nacional incluyen recursos que les corresponden a las provincias. Entre ellos se cuentan las transferencias para cubrir los desequilibrios de las cajas previsionales de las provincias o los recursos del fondo de ATN no distribuidos.
Pero, lo que reviste mayor gravedad es que, al no debatirse las políticas públicas que se requieren para mejorar el funcionamiento de nuestra sociedad, buena parte de quienes opinan sobre las relaciones entre la Nación y las provincias sólo consideran aspectos financieros, sin comprender que la calidad de vida de nuestros ciudadanos y las posibilidades de crecimiento y desarrollo se encuentran estrechamente vinculadas con la manera en que se consolidan las relaciones entre diferentes niveles de gobierno.
Suele olvidarse que nuestra organización federal presenta numerosos vacíos y definiciones ambiguas en materia de responsabilidades a cargo de cada uno de los niveles de gobierno. Sobre ese escenario, debe destacarse un grupo de rasgos estilizados que definen la trayectoria de mediano plazo de las relaciones intergubernamentales.
En primer lugar, la existencia de desequilibrios regionales persistentes a lo largo de nuestra historia. A pesar de ser un tema de debate recurrente desde la propia organización nacional, en el siglo XIX, el país presenta enormes diferencias de desarrollo económico regional. Es así que, como se explicó en la nota previa de este blog antes referida, casi la mitad del PIB del país se origina en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y tres cuartas partes corresponde a esas jurisdicciones más Mendoza, Santa Fe, Córdoba y la Patagonia. Como contraparte, en las restantes 14 jurisdicciones se genera algo más de un cuarto del producto. Eso significa que en esas provincias hay escasas bases tributarias y, consecuentemente, una alta dependencia de ingresos recaudados por el gobierno nacional para financiar sus gastos.
En segundo lugar, debe considerarse la evolución de mediano plazo de la tributación dominada por el paulatino predominio de impuestos que resultan administrados más eficientemente desde el gobierno central (Rentas, IVA, Internos).
En tercer término, una combinación de normas constitucionales y políticas de reforma durante el último medio siglo derivó en la descentralización hacia las provincias y algunos gobiernos locales del gasto en salud, educación, saneamiento y otros esenciales para la formación de capital humano a lo largo de nuestro territorio.
El resultado de esos movimientos combinados es una creciente dificultad para hacer que las políticas públicas tiendan a reducir las brechas de desarrollo humano entre regiones de nuestro territorio, lo que se pone de manifiesto toda vez que consultamos los resultados de evaluación educativa por provincias, los indicadores sanitarios, la disponibilidad de agua y saneamiento, y todo otro indicador relevante que defina las enormes brechas de calidad de vida dependiendo del lugar de nacimiento y residencia de cada ciudadano.
Este es el nudo de la anunciada insatisfacción con el tipo de referencias a la organización federal que predomina en el debate actual. En la medida en que la pretendida solución pase por reformas puntuales en la tributación o en algunas transferencias financieras se está dejando de lado la necesaria e imprescindible reforma en las políticas públicas de carácter federal que mejoren la provisión de servicios públicos con impacto sobre el desarrollo humano, la equidad y la cohesión social.
Por ejemplo, suele escucharse que la reforma tributaria más importante que se propone desde la Nación es la eliminación de los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos, siendo que existen impuestos nacionales tan o más ineficientes (créditos y débitos en cuenta corriente, por ejemplo) y que, además, la eliminación de los impuestos sobre los Ingresos Brutos debe estar acompañada de otras reformas que aseguren mantener (y mejorar) el financiamiento de las funciones que llevan a cabo los gobiernos provinciales y CABA.
En suma, debe reconocerse que una reforma de nuestro federalismo no debe estar centrada en aspectos puramente financieros sino que debe hacer foco en las políticas para mejorar la provisión de servicios esenciales para el desarrollo humano a lo largo de todo el territorio, logrando un federalismo verdaderamente inclusivo e igualitario en todo el territorio.
Publicado en Alquimias Económicas el 22 de octubre de 2025.
Link https://alquimiaseconomicas.com/2025/10/22/federalismo-en-el-debate-politico-actual-un-desatino/
