Una docena de indígenas miskitos y mayangnas están encarcelados como presos políticos en Nicaragua por oponerse al saqueo de sus territorios. En prisión sufren torturas físicas, racismo, aislamiento, prohibición de hablar sus lenguas originarias y negación de medicina y comida tradicional. Los carceleros los llaman “brujos” y acusan sus prácticas ancestrales de ser “hechizos” utilizados para buscar su liberación. Un informe de la UDJ y Calpi denuncia que esta represión responde a una “lógica colonial de castigo y control” y extiende el etnocidio que padecen a manos de los colonos, con la venia del régimen sandinista.
Lo más traumático para Heriberto no fue que los policías lo ataran a un árbol y lo golpearan con la culata de un fusil AK-47. Tampoco que le aplastaran la cabeza contra el suelo, ni que sus dos hijos fueran reducidos a golpes con cachiporras. No. Lo más aterrador de aquella madrugada de agosto de 2023, en la comunidad de Musawas, ocurrió a orillas del río. Antes de que llegaran los botes en los que los llevarían detenidos, los oficiales los obligaron a arrodillarse, les sujetaron el cuello y, uno por uno, los sumergieron en el agua helada. Una y otra vez los mantenían bajo la superficie durante prolongados segundos, hasta que, al borde del ahogamiento, sus cuerpos pataleaban desesperados por la falta de oxígeno… Heriberto pensó que lo iban a matar junto a sus hijos en ese momento, irónicamente, en las aguas de ese río que los indígenas mayangnas consideran una fuente de vida sagrada.
El ahogamiento simulado, es decir una práctica de tortura, se repitió hasta que los botes llegaron a la orilla y los tres indígenas fueron trasladados lejos de su bosque, demasiado lejos de Bosawás… a una prisión en Managua, situada a 427 kilómetros. Heriberto supo entonces que no los matarían, pero también entendió por qué la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los arrestó: “Eso pasa por defender la tierra”, les dijo, en mayangna, un oficial mayangna que participó en el operativo de captura.
Heriberto, guardabosques comunal, se sintió finalmente exterminado por esa lógica extractiva que desde hace décadas saquea los recursos naturales de su pueblo y su cultura. Por eso el río, y no una pila de agua en la celda donde lo iban a refundir en los próximos días. Junto a sus dos hijos, Heriberto es uno de los 12 presos políticos indígenas que el régimen Ortega-Murillo mantiene en sus prisiones en unas condiciones que son consideradas “parte de un etnocidio y exterminio simbólico” en las celdas por un informe presentado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
De las 54 personas presas políticas que se contabilizan hasta la fecha en Nicaragua, una docena son indígenas mayangnas y miskitos, entre ellos guardabosques, líderes comunitarios y una mujer. Heriberto (un seudónimo que usamos por seguridad) llevaba décadas protegiendo Bosawás de los “colonos”, como llaman a los invasores de tierra que, desde hace quince años, han redoblado el saqueo de esta Reserva de Biósfera: la mayor de Centroamérica y uno de los pulmones verdes más importantes del continente. Sin embargo, la colonización, amparada por la venia y la inacción del régimen de Ortega, ha permitido el avance de la ganadería, el despale y la minería, cercenando el bosque. Los mayangnas y miskitos que se oponen a este proceso sufren el fusil de los colonos, quienes han asesinado a más de 75 comunitarios en la última década.
La violencia de los colonos ha desplazado a más de tres mil indígenas, según las estimaciones más recientes de organismos que defienden a las comunidades originarias. Los líderes indígenas llevan años denunciando un “etnocidio” contra sus pueblos y su cultura. Ahora, por primera vez, un informe de la UDJ y CALPI señala el uso de la prisión política en contra de indígenas como una extensión de ese exterminio.
“Se documentan operativos de captura excesivamente violentos realizados por elites policiales, desapariciones forzadas, torturas de carácter racista, juicios sin garantías y traslados a cárceles lejos a cientos de kilómetros de sus territorios, todo lo cual ha tenido impactos psicosociales, económicos y culturales graves tanto en las víctimas como en sus familias y comunidades”, resume el documento titulado “Del bosque a la celda: criminalización de defensores indígenas por el régimen Ortega-Murillo”.
Les dicen “brujos” por su comida y medicina ancestrales
El informe insiste en que la prisión política tiene un impacto diferenciado sobre estos indígenas. Desde las torturas registradas en el río sagrado a Heriberto, hasta la electrocución, golpizas, aislamiento y el esposamiento prolongado de manos y pies en los centros de reclusión. UDJ y Calpi además denuncian falta de suministros básicos como alimentación, agua y atención médica adecuada.
Además, la mayoría han sufrido desapariciones forzadas de corta duración –o incluso de forma indefinida–, período dentro del cual se han cometido varias de dichas torturas incluyendo violaciones sexuales. Una de las desapariciones forzadas más sonadas ha sido la del líder del partido indígena YATAMA, Brooklyn Rivera, antiguo aliado del sandinismo. También la de Steadman Fagoth, operador político de la pareja presidencial en el Caribe, pero “caído en desgracia”.
“Se identificó que las autoridades nicaragüenses han cometido actos racistas como denominar ‘brujos’ a mayangnas por considerar que sus comidas y medicinas tradicionales son ‘hechizos’ utilizados para buscar su liberación”, narra el extenso informe de las organizaciones que operan en el exilio. “Se ha observado, de forma generalizada, que las autoridades penitenciarias no brindan ni permiten el acceso a medicina y alimentación tradicional, así como tampoco facilitan actividades recreativas o religiosas orientadas a preservar su cultura en prisión”.
El informe recoge un caso específico de un joven indígena que pidió a su madre que le llevara alimentos a la prisión, como banano verde, cacao, leche y pescado. “La madre indicó que todos esos productos tienen un significado cultural, porque son los alimentos que se consumen en la comunidad”, pero los carceleros le negaron el ingreso de los víveres.
Juzgados sin intérpretes y lejos de sus comunidades
El informe alerta sobre la prohibición impuesta por los custodios a los presos mayangnas y miskitos de hablar en sus lenguas originarias. Una medida brutal, considerando que muchos de estos indígenas no hablan, o apenas dominan, el español. El impacto más grave, resalta el informe, es que “el Estado no ha garantizado defensa adecuada sin discriminación alguna”, ya que durante los juicios no se les ha provisto de intérpretes, violando así su derecho a una defensa justa.
“A todas las personas indígenas procesadas no se les garantizó intérpretes, contrariando las garantías constitucionales, afectando así la capacidad de una defensa adecuada. Todas fueron sustraídas de su juez natural para ser procesadas y recluidas a más de 300 kilómetros de sus hogares y de su territorio, lo cual no solamente impactó en la capacidad de poder defenderse, sino también constituye por sí mismo en una pena adicional por el sufrimiento que significa la lejanía de su familia, comunidad y de su cultura”, denuncia la UDJ y Calpi.
Como con los otros presos políticos, la reclusión tiene impacto en los familiares. El informe habla de un impacto psicológico, cultural y económico en familias que, por circunstancias históricas, son demasiado pobres.
“La reclusión a cientos de kilómetros ha conllevado a que los familiares deben hacer viajes de hasta 50 horas para visitarlos una vez al mes, por menos de una hora en la prisión, lo cual también profundiza la vulnerabilidad económica de los hogares, ya que gastan –como mínimo– $170 dólares americanos entre el viaje y la paquetería que le llevan mensualmente”, enfatizan las dos organizaciones.
“A su vez, dado que la mayoría de los detenidos son hombres, la prisión política ha generado un aumento excesivo de tareas de cuidado de las mujeres dentro de la familia. Además, han sido privados de visitas conyugales y algunos familiares han dejado de llegar porque les han advertido que los están investigando y temen sufrir represalias. También se han documentado muertes de familiares atribuibles a los efectos del sufrimiento”, continúa el informe.
El impacto diferenciado de la prisión política en los indígenas es considerado por la UDJ y Calpi como una “humillación cultural y racismo estructural, que reactualiza formas coloniales de represión” de comunidades marginadas a lo largo del tiempo.
“En suma, la represión ejercida contra líderes indígenas y sus comunidades no constituye un hecho aislado, sino que responde a una política de colonialismo interno conformada por la estrategia estructural de control político y territorial, en la que el encarcelamiento punitivo se utiliza como herramienta para desmantelar la resistencia cultural y la cohesión comunitaria”, sostienen.
Para las organizaciones, este patrón configura un riesgo real de exterminio simbólico, al afectar los elementos esenciales para la supervivencia cultural de los pueblos indígenas. “Desde la perspectiva del derecho penal internacional, estas conductas pueden ser calificadas como parte de un proceso de exterminio y genocidio cultural en curso en la Costa Caribe de Nicaragua”, puntualizan. Un exterminio que Heriberto sintió profundamente la madrugada en que simularon su ahogamiento, junto a sus hijos, en el río que desde que nació no solo le ha saciado la sed y calmado el hambre, sino que también es una fuente sagrada donde encuentra salud, conexión espiritual, guía a sus ancestros y a los espíritus guardianes del bosque que ha defendido —hasta ser apresado por motivos políticos— frente a la invasión de los colonos.
Publicado en Divergentes el 10 de agosto de 2025.
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