Trump está transformando la república constitucional en un régimen patrimonial ante nuestros ojos.
Traducción Alejandro Garvie
Donald J. Trump ha regresado a la presidencia con una ambición simple y radical: convertir el Estado estadounidense en una empresa familiar. Y el negocio está en auge: desde que Trump asumió el cargo, él y su familia han ganado aproximadamente 3.400 millones de dólares. Mientras tanto, la magnitud de la transformación del cuerpo político estadounidense ha sido asombrosa. La lealtad ahora cuenta más que la competencia en el servicio gubernamental, los cargos públicos se monetizan abiertamente y el favor personal ha reemplazado al gobierno impersonal como base de la autoridad.
Hace más de un siglo, Max Weber identificó esta forma de gobierno y le dio un nombre: patrimonialismo. En los sistemas patrimoniales, el Estado no es una institución que se encuentra por encima de su gobernante, sino su propiedad personal. Lo que antes parecía incompatible con el constitucionalismo estadounidense ahora cobra forma a plena vista.
Se han cerrado o vaciado agencias gubernamentales vitales; las universidades están siendo sometidas a la intimidación para que se conformen ideológicamente; y el poder ejecutivo se ejerce no como una rama limitada del gobierno, sino como una prerrogativa personal. Trump y su círculo íntimo han buscado el enriquecimiento personal a una escala asombrosa, desdibujando cualquier distinción restante entre la autoridad pública y el interés privado mediante vínculos con autócratas extranjeros, líderes corporativos complacientes y esquemas financieros especulativos. El renovado afán de Trump por la afirmación imperial en el extranjero – amenazando a los aliados de la OTAN, coqueteando con el revisionismo territorial e impartiendo justicia extraterritorial – no hace más que profundizar esta transformación. El gobierno patrimonial también puede degenerar en coerción abierta y brutalidad episódica en el país. En Minnesota, Trump ha otorgado inmunidad a los agentes federales que han sido sorprendidos asesinando a ciudadanos estadounidenses. Al aplicar las políticas de Trump, los agentes del ICE saben que están protegidos de la supervisión independiente de sus acciones.
La pregunta, entonces, ya no es si el trumpismo representa un cambio de régimen. Sí lo representa. La verdadera pregunta es si aún se puede hacer algo para revertir la situación.
La respuesta es un sí con reservas, pero solo si los estadounidenses aprenden a interpretar con precisión la política patrimonial. Con demasiada frecuencia, los mecanismos habituales del patrimonialismo se confunden con señales de un colapso inminente, mientras que las verdaderas fragilidades del régimen de Trump pasan desapercibidas. Distinguir entre ellas es esencial para una resistencia eficaz.
¿Se desmoronará el trumpismo por el progresivo deterioro cognitivo del líder? Las declaraciones y acciones extravagantes de Trump a menudo se consideran evidencia de una demencia incipiente o pérdida de control. De hecho, son instrumentos centrales del gobierno patrimonial. Una conducta que parece “escandalosa” y “poco presidencial” demuestra contundentemente que el gobernante está por encima de las limitaciones que se aplican a la gente común. Las amenazas públicas contra enemigos políticos, las conversaciones informales sobre la toma de territorio aliado, el cambio de nombre de instituciones nacionales con su propio nombre – como ponerle su nombre al Centro Kennedy -, junto con las exigencias de juramentos de lealtad personal, la humillación pública de subordinados y la habitual confusión entre la presidencia y su imagen privada, tienen un propósito común. Exaltan el dominio personal y señalan que ningún ámbito de la vida pública escapa al control del gobernante.
Las recientes revelaciones en torno a Jeffrey Epstein funcionan de forma muy similar. En lugar de provocar la deserción de la élite o el desencanto popular, la reiterada proximidad de Trump al asunto – y su evidente aislamiento de las consecuencias legales o políticas – refuerza la lección central del gobierno patrimonial: el gobernante tiene inmunidad. Lo que sería un escándalo que acabaría con su carrera en un orden jurídico impersonal se convierte, en cambio, en otra demostración de impunidad selectiva.
Incluso proyectos aparentemente triviales, como la obsesión de Trump por construir un gran salón de baile en la Casa Blanca con su sello personal, o la instalación de placas autocomplacientes bajo los retratos presidenciales que denigran deliberadamente a sus dos predecesores inmediatos, encajan perfectamente en esta lógica. Tales gestos no buscan utilidad ni conmemoración histórica, sino posesión simbólica: marcar la sede del gobierno como un espacio de triunfo y agravio personal. En los sistemas patrimoniales, tanto la arquitectura como la inscripción se convierten en reclamos: el Estado no es simplemente gobernado por el gobernante; se reconfigura a su imagen y memoria.
Las luchas internas entre facciones tampoco representan una amenaza para Trump. Los gobernantes patrimoniales se benefician de la rivalidad entre subordinados, siempre que no se convierta en oposición al propio gobernante. En la órbita de Trump, las disputas públicas rara vez se transforman en desafíos abiertos a su autoridad. Quienes no están dispuestos a aceptar un estatus subordinado suelen abandonarlo en lugar de rebelarse; quienes permanecen compiten para demostrar su lealtad inquebrantable. La reciente marginación y eventual renuncia del Congreso de Marjorie Taylor Greene ilustra esta dinámica: incluso aliados muy visibles que caen en desgracia tienen más probabilidades de abandonar la corte real que de organizar la oposición dentro de ella. En resumen, no existe una “guerra civil MAGA”, solo política judicial en su forma clásica.
Otro malentendido común es que el poder judicial eventualmente intervendrá para salvarnos cuando las violaciones del constitucionalismo por parte de Trump se vuelvan demasiado descaradas o sus “conflictos de intereses” vayan demasiado lejos. Esta noción tristemente romántica del poder de la tercera rama del gobierno ignora las lecciones de la historia. Ya sea en la Rusia de Putin, la Hungría de Orbán o el Israel de Netanyahu, los tribunales no desaparecen simplemente bajo el patrimonialismo. Siguen funcionando, aplicando la ley en casos rutinarios. Lo que cambia es el límite de la autonomía judicial. Cuando los intereses fundamentales del gobernante se ven amenazados, la presión informal y la aplicación selectiva de la ley anulan discretamente la legalidad formal. Las instituciones legales sobreviven, pero su independencia se vuelve condicional. No sorprende que los jueces de apelación nombrados por Trump le hayan dado su apoyo en el 92% de los casos relacionados con su administración.
Finalmente, es improbable que la extralimitación imperial en el extranjero derrumbe el trumpismo. Los elementos más libertarios de la coalición de Trump podrían preocuparse por sus intervenciones militares en Venezuela, Siria e Irán, junto con sus amenazas de hacer lo mismo en Colombia, México, Canadá y Groenlandia. Pero para los leales y partidarios de Trump, estas afirmaciones “musculares” del poder estadounidense son emocionantes. De hecho, las intervenciones militares extranjeras a menudo fortalecen a los regímenes personalistas al movilizar el sentimiento nacionalista y normalizar el estado de emergencia. Incluso las iniciativas costosas o inconclusas rara vez socavan a los líderes que controlan la narrativa. Basta con observar la Rusia de Putin, que se acerca a su cuarto año de una invasión de Ucrania fallida, incompetente e implacablemente brutal, para ver que el fracaso militar en sí mismo no es necesariamente fatal para los gobernantes patrimoniales. El imperialismo con fronteras difusas no es una aberración de la política contemporánea; es cada vez más su principio rector.
Los regímenes patrimoniales no son invulnerables. Pero sus debilidades son estructurales, graduales y pueden explotarse.
Los plazos importan. Las investigaciones sobre sistemas personalistas muestran que la inestabilidad comienza cuando las élites perciben que el régimen actual se acerca al fin. La retórica escandalosa y los discursos dispersos de Trump quizá no amenacen su poder, pero su avanzada edad, sumada al límite de dos mandatos que establece la Constitución, sí introducen una incertidumbre potencialmente corrosiva sobre la perdurabilidad del trumpismo. La sucesión política es el talón de Aquiles del gobierno patrimonial, y la mera anticipación de un futuro post-Trump fomenta la evasión, la deslealtad discreta y la búsqueda de alternativas mucho antes de que comience formalmente cualquier transición.
Por eso, las frecuentes conversaciones de Trump sobre un posible tercer mandato, incluyendo la promoción de productos de “Trump 2028” y animando a sus seguidores a explorar las opciones legales para eludir la Enmienda 22, no son meras bravuconadas ni distracciones. Es un reconocimiento implícito de esta vulnerabilidad y un intento de neutralizarla. Al señalar que incluso los límites formales de mandato pueden ser negociables, Trump intenta congelar los cálculos de la élite, suprimir la planificación sucesoria y ampliar el horizonte temporal del gobierno personal. En los sistemas patrimoniales, la incertidumbre sobre la salida del gobernante desestabiliza la lealtad; las promesas de un mandato indefinido buscan restaurarla. Precisamente por eso, las propuestas de una presidencia extendida deben ser abiertamente rechazadas y ridiculizadas, no consentidas como teatro especulativo.
La caída de la popularidad también importa. Puede que MAGA se mantenga disciplinado, pero el resto de nosotros estamos profundamente descontentos. Las elecciones, las protestas y la disidencia abierta funcionan como señales para quienes no se comprometen, comunicando que el poder está en disputa y que no solo la desobediencia, sino también la lealtad al régimen conlleva riesgos. La valentía cívica no es solo simbólica, sino estratégica. Toda negativa a normalizar el trumpismo debilita su aura de inevitabilidad; toda acomodación la fortalece. Por eso, los esfuerzos sostenidos por socavar la popularidad de Trump y aumentar los márgenes de derrota electoral de los candidatos respaldados por MAGA no son secundarios, sino fundamentales para la resistencia democrática.
Otra vulnerabilidad real de regímenes patrimoniales como el de Trump es su deficiente provisión de bienes públicos. Los sistemas que purgan la experiencia y premian la lealtad por encima de la competencia eventualmente fracasan en la gobernanza básica. Estas fallas pueden presentarse repentina y catastróficamente – como en una respuesta fallida a desastres, pánico financiero o una pandemia mundial descontrolada – o acumularse de forma más discreta mediante un deterioro lento, un bajo rendimiento crónico y la normalización de la disfunción. El efecto acumulativo es el mismo: las instituciones públicas dejan de percibirse como fuentes de protección y previsibilidad. A medida que las instituciones se desintegran, los ciudadanos perciben el régimen menos como una fuente de orden que como una fuente de peligro.
Finalmente, si bien es poco probable que el aventurerismo de Trump en política exterior lo amenace a nivel nacional, sin duda se enfrentará a una creciente oposición en el exterior. Durante décadas, europeos, canadienses y otros socios se subieron al carro del poder estadounidense no solo por miedo o dependencia, sino porque el liderazgo estadounidense estaba arraigado en un orden internacional compartido que generaba beneficios mutuos. La postura cada vez más transaccional, coercitiva y revisionista de Trump está desmantelando rápidamente ese acuerdo. A medida que se erosiona la confianza, los aliados dejarán de complacer las demandas estadounidenses y, en cambio, comenzarán a contrarrestar discretamente el poder estadounidense mediante iniciativas de defensa independientes, acuerdos comerciales alternativos y evasivas diplomáticas.
Aliados clave ya se han distanciado, o incluso criticado abiertamente, la intervención de Trump para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa en Venezuela. Cualquier uso del poderío militar estadounidense para separar Groenlandia de Dinamarca, advierten nuestros aliados, significará el fin de la alianza de la OTAN. La consiguiente perturbación de los acuerdos de seguridad global podría impulsar a los adversarios de EE. UU. a intentar llevar a cabo sus propios planes militares de larga data. Los acólitos del MAGA pueden anhelar el regreso a las “esferas de influencia” del siglo XIX, pero muchos halcones de la seguridad nacional en el Congreso, ejecutivos de industrias militares acostumbrados a vender armamento a los países de la OTAN, e incluso miembros del propio ejército estadounidense, tienen razones para temerlo.
Max Weber advirtió que el patrimonialismo es inherentemente hostil a la estatalidad moderna. Personaliza la autoridad, corroe las instituciones y socava la capacidad misma de gobernar. La mayor fortaleza del trumpismo – su concentración de poder en un solo hombre – es también su mayor debilidad. La supervivencia de la república constitucional estadounidense no dependerá de esperar a que el escándalo o el espectáculo hagan el trabajo por nosotros, sino de resistir el gobierno patrimonial antes de que el Estado mismo quede reducido a la propiedad personal de Trump y sus compinches.
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