Gobernar en democracia no es solo tener las ideas correctas para un momento dado y aplicarlas; es saber persuadir y explicar. Sin eso, el riesgo es que las políticas no sean de ESTADO sino de coyuntura.
En tiempos de reformas estructurales, no llama la atención que uno de los ítems de mayor preocupación social sea la justicia, asociada a la corrupción. Lógico, van de la mano: sin justicia, aquella se convierte en impunidad, el peor de los males para un sistema en transformación.
Conviene hacer un doble click en esta materia: tal vez la falta de explicación se deba a que no tenemos claro los argentinos qué es la justicia para un país en democracia y lo que pretendemos del único poder del ESTADO que no es político.
Para evitar personalizaciones con casos telúricos, vale la pena recurrir a un par de ejemplos extranjeros como analogía. Ambos en ESTADOS UNIDOS, tienen que ver con dos dispositivos que definen el ecosistema de vida moderno: las redes y las cripto monedas.
El primero es el límite a la irresponsabilidad de las plataformas de redes sociales. El argumento jurídico defensivo ha sido durante años la sección 230 de la COMMUNICATIONS DECENCY ACT, que permitió evitarles ser consideradas editores o portavoces de las opiniones allí vertidas y de sus consecuencias. Eso cambió a partir de dos fallos de importancia capital: con pruebas que dieron cuenta de efectos negativos en menores de edad a partir de políticas comerciales diseñadas especialmente por las empresas, los tribunales endilgaron responsabilidad y fijaron daños monetarios.
El segundo tiene que ver con lo que se conoce como polymarket. Son plataformas para realizar predicciones con criptomonedas sobre temas tan variados que van desde deportes hasta geopolítica, y que ha incluido el día de la captura del ex presidente venezolano y el del bombardeo a IRÁN. Para algunos son apuestas, para otros algo más cercano a contratos de derivados financieros, como los de futuro. Lo cierto es que la falta de regulación está dando lugar a problemas de variada índole: el anonimato de quién realiza la apuesta, sumado al medio de pago (criptomonedas) del mismo tenor, limita la capacidad de control, más que necesario. Ni hablar de apuestas con información privilegiada hasta la ludopatía, especialmente en menores de edad. Todo se está resolviendo en tribunales: ante la inacción regulatoria la tensión social se traslada a la justicia, que por definición no puede no resolver.
La justicia es el poder ordenador y pacificador de una sociedad, con un rol aún más destacable en tiempos de extremos políticos y de grandes innovaciones, donde todos pretenden tener razón y pocos se animan a regular. Para muestra de botón en ARGENTINA, basta ver lo que ocurre con la reciente reforma laboral y lo que ya se anuncia con la ley de glaciares.
Para cumplir su cometido, la justicia debe cumplir con dos requisitos básicos: ser impartida por jueces ejemplares y a tiempo. Sin eso, las chances de cambios estables que garanticen prosperidad al país son escasos. De ahí la importancia de la propuesta de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA para mejorar el proceso de selección de jueces, de tan triste fama hoy en día. Es un pequeño gran paso institucional, aunque falta mucho para que sea justicia.
