En las últimas semanas, las principales autoridades del Ministerio de Defensa argentino realizaron declaraciones públicas que, lejos de aportar claridad, van consolidando un patrón preocupante para el futuro de las Fuerzas Armadas. Tanto el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, han evitado de forma sistemática abordar tres problemas acuciantes que afectan directamente al personal militar: la crisis de IOSFA, la cuestión salarial y el presupuesto de defensa.
En su entrevista televisiva, Presti destacó la modernización del equipamiento —como la incorporación de aviones F-16— y reconoció de manera vaga que los salarios son bajos debido a décadas de desinversión. Sin embargo, no presentó plazos ni un plan concreto para revertir la pérdida del poder adquisitivo que resulta en una creciente sangría de personal. Tampoco mencionó la situación crítica de IOSFA, pese a que su deterioro impacta de lleno en la salud y el bienestar de los militares.
Por su parte, Dalle Nogare centró su discurso en el equipamiento, el adiestramiento y la trayectoria institucional. Reconoció que los bajos salarios y la desinversión son problemas históricos y apeló a la pirámide de Maslow para señalar que, sin cubrir necesidades básicas —ingresos, salud y estabilidad—, no puede exigirse compromiso ni vocación. Esa advertencia, lejos de haber perdido vigencia, continúa impactando en la realidad de las Fuerzas Armadas de hoy. Sin embargo, esa mención quedó circunscripta al plano teórico, sin derramar en un diagnóstico preciso ni propuestas concretas para atender esas necesidades primarias.
Ambos funcionarios enfatizaron la importancia del adiestramiento y la actividad operativa como factores de retención del personal. Sin embargo, el contexto presupuestario relativiza esas afirmaciones. El gasto en Defensa en Argentina se ubica entre los más bajos de la región en porcentaje del PIB: en 2023 rondó el 0,47 %, y para 2024 y 2025 se mantuvo en niveles similares o inferiores en términos reales. Los planes de adiestramiento anunciados contemplan cifras modestas —horas de vuelo, días de navegación y de campaña— condicionadas por un techo presupuestario que refleja más una administración de la escasez que una estrategia de recuperación sostenida.
Esta tendencia se profundiza con la Decisión Administrativa 1/2026, que formalizó un recorte real del 12,2 % en el presupuesto de Defensa. Aunque los créditos nominales aumentan un 10,6 %, la inflación estimada en torno al 26 % traslada el ajuste al gasto operativo y de inversión, afectando directamente las capacidades reales de las FF.AA.
Estos datos están configurando un patrón en donde se habla de modernización y capacidades estratégicas, pero se omite el bienestar del personal y el presupuesto. Estas omisiones no son menores; salarios dignos y cobertura de salud son pilares de la moral, la cohesión y la retención del recurso humano de las fuerzas armadas al igual que un presupuesto que asegure el desempeño profesional.
En síntesis, las declaraciones de ambos funcionarios, los revelan más alineados con la ejecución de una política de ajuste que con la defensa integral de la Nación. En un contexto internacional de tensiones globales, desapego al derecho internacional y creciente rearme, la Defensa Nacional queda reducida a una función mínima, sin inversión en su capital humano y material ni una estrategia adecuada a la realidad, donde el ajuste prevalece sobre la construcción de capacidades y la preservación del personal militar.
