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Opinión 21 01 2021

En Cultura, libertad para crear y no para hacer propaganda


Autor: Maximiliano Gregorio-Cernadas









Si bien los grandes problemas argentinos tienen raigambre de naturaleza cultural en su interpretación más vasta, existe un "problema cultural argentino" propiamente dicho, esto es, la cuestión de la administración pública de la cultura.

En este sentido más estricto, el problema cultural argentino ha sido desde hace varias décadas menos de fondo que de forma, pues no ha radicado en los contenidos de la producción cultural, siempre abundante y prestigiosa al mejor nivel mundial, como lo confirma el sostenido éxito internacional de esta notable potencia cultural argentina, construida más merced a la libertad, el talento y el esfuerzo privado que a la intervención "creativa" del Estado. 

En cambio, el problema ha consistido principalmente en los procedimientos de administración pública de la cultura, sometida a menudo -salvando muy honrosas excepciones- al arbitrio de advenedizos y oportunistas amos de cuantiosos recursos públicos, entendida como espectáculo de masas, medio de pago político, adorno en círculos sofisticados o instrumento de otros fines espurios. Como en otros ámbitos de nuestro rico país, se vino aprovechando desde el Estado y la política, de la próspera oferta y demanda cultural que caracteriza a la sociedad argentina, con propósitos ajenos a la producción cultural que se aparenta promover. 

Cualquiera vinculado a la administración de la cultura conoce abundantes anécdotas de la chapucería y oscuridad con que suele conducirse buena parte de la cultura en este país, desde quienes se jactan de entrar por primera vez en su vida al Teatro Colón el mismo día en que ingresan para hacerse cargo de la dirección de la institución insignia de la cultura argentina en el mundo, o los nombramientos de parientes, entre muchos otros despropósitos. 

Lo que nos ha diferenciado de las potencias culturales históricas (Francia, Alemania, Reino Unido, etc.) e incluso de otras pujantes y eficientes (Corea del Sur, países escandinavos, etc.) no es la carencia de sustancia cultural, sino de sistemas para administrar las políticas culturales y sus recursos de un modo justo, eficiente y transparente. Por eso, cuando me convocaron para un puesto cultural político, que rechacé por otros motivos, ofrecí un único consejo: olvídense de crear contenidos culturales, aténganse a fundar procedimientos estables, sencillos, transparentes e inobjetables que prioricen la idoneidad, el talento y un cursus honorum de acceso a todos los puestos, becas, concursos y subsidios que alcancen sus políticas, y habrán revolucionado la política cultural argentina. 

Pero en los últimos años -acaso las celebraciones del Bicentenario en 2010 constituyan la bisagra-, a aquel problema de forma y más antiguo se le han sumado otros de fondo, que consisten en aprovechar aquella laxitud institucional, ahora con manifiestos fines de adoctrinamiento, clientelares y corruptos, sobre lo cual abundan ejemplos. 

La cuestión trasciende los límites de la cultura y repite la estructura de los males argentinos: allí donde la ley no asegura la libertad de todos se impone el arbitrio de unos pocos. Como en otros ámbitos, lo esencial que deben proveer el Estado y los políticos en materia de políticas culturales es amplia libertad para crear y, al mismo tiempo, observar que la ley impida que quienes deban aplicarla abusen de esa libertad. El dilema a solucionar podría formularse así: ¿cómo lograr que los políticos renuncien a su tradicional arbitrio y creen un sistema de políticas culturales a prueba de ellos mismos? 

La libertad de los agentes culturales particulares para definir los contenidos de la producción cultural argentina debe ser tan sagrada como la ley que vele por que los procedimientos estatales de promoción cultural no interfieran con aquella libertad, aseguren una administración justa, transparente, sencilla y meritoria, e impida el abuso de las políticas culturales con intenciones propagandísticas, partidarias o crematísticas. En suma, para enfrentar antiguos y nuevos males de las políticas culturales, se requiere de institucionalizarlas y profesionalizarlas bajo los signos de la libertad y de la ley.

Publicado en La Nación el 21 de enero de 2021.