A propósito de las reflexiones que circulan cada 17 de septiembre sobre la figura de José Manuel de Estrada y el Día del Profesor, se vuelve imperioso proponer un debate histórico, político y académico que discuta la narrativa del “martirio” y ponga las cosas en su justo lugar.
La historia de la educación argentina no puede ser leída bajo el prisma de un victimismo que confunde deliberadamente la defensa del orden constitucional con la intolerancia religiosa.
La destitución de Estrada de sus cátedras en 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, no fue un acto de despotismo arbitrario, sino una medida de legítima defensa republicana.
Un Estado soberano no puede financiar, sostener ni legitimar en sus universidades oficiales a funcionarios públicos que utilicen sus tribunas para boicotear las leyes de la Nación.
Estrada no fue perseguido por sus ideas católicas en el ámbito privado; fue removido por militar activamente, desde las instituciones del propio Estado, en contra de la Ley 1420 de Educación Común, Laica, Gratuita y Obligatoria, la piedra angular del progreso social argentino.
La Generación del 80 comprendió con lucidez histórica que la construcción de una república moderna exigía la emancipación de la sociedad civil de la tutela clerical.
Los inmensos avances de aquella época —la creación del Registro Civil, el Matrimonio Civil y la escuela pública universal— no buscaron suprimir la fe de los ciudadanos, sino quebrar el monopolio dogmático de una institución que pretendía subordinar la soberanía nacional al dictado de Roma.
La laicización estatal fue el triunfo de la ciencia, la razón y el pluralismo sobre el oscurantismo integrista.
Resulta una contradicción flagrante apelar a la “libertad de enseñanza” para justificar la postura de Estrada. La doctrina clerical que él defendía con vehemencia históricamente persiguió el libre pensamiento, censuró la investigación científica y pretendió segregar a quienes no comulgaban con su credo. Pretender introducir la enseñanza religiosa católica en las escuelas públicas no es un acto de libertad; es un acto de coerción dogmática e imposición ideológica sobre infancias que tienen derecho a una educación científica, universal e igualitaria.
La célebre frase de Estrada sobre las “astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo” debe ser reinterpretada con rigor sociopolítico.
Lo que el proyecto liberal y laicista del siglo XIX destrozó no fue el derecho a educar, sino el privilegio corporativo de adoctrinar.
Las tribunas de la escuela pública argentina se fundaron para enseñar la ciudadanía democrática, no para perpetuar el sesgo de una sola fe.
En pleno siglo XXI, esta disputa sigue cobrando una vigencia dramática. La defensa de la educación pública y gratuita no es un asunto del pasado; es la trinchera actual contra los intentos de mercantilizar el conocimiento o de resucitar dogmas para fragmentar a la sociedad.
La laicidad es, hoy más que nunca, la única garantía de que el aula pública sea un espacio de resistencia, diversidad e inclusión frente a los nuevos y viejos fundamentalismos.
Ya lo advertía con crudeza Domingo Faustino Sarmiento al combatir la injerencia eclesiástica en el pensamiento nacional:
“La instrucción pública no es un beneficio que se deba a los pueblos, sino una obligación del Estado… [y si la teología la absorbe] el clero no enseña para formar ciudadanos, enseña para formar creyentes obsecuentes y subordinar el poder civil a la autoridad eclesiástica”.
Esa misma antorcha laicista y democrática fue la que empuñaron los jóvenes de la Reforma Universitaria de 1918. En el histórico Manifiesto Liminar redactado por Deodoro Roca, los estudiantes plasmaron un quiebre definitivo contra el orden que Estrada defendía, exclamando con fuerza universal:
“Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica… Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”.
Homenajear el Día del Profesor implica reivindicar la laicidad como la garantía máxima de la convivencia democrática. Recordamos hoy a aquellos educadores que, al amparo de la Ley 1420 y el espíritu reformista, hicieron de la escuela y la universidad pública el territorio inalienable de la igualdad; un faro soberano donde la razón, el pensamiento crítico y el conocimiento científico son las únicas guías hacia la verdadera libertad.
Publicado en Revista Los Principios.
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