Dice mucho de un candidato si está del lado de autócratas que criminalizan el ejercicio de los derechos humanos, como por ejemplo los de Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Arabia Saudita, China, Vietnam, Azerbaiján o El Salvador; o si está dispuesto a asumir un compromiso solidario en defensa global de la democracia respaldando a personas inocentes presas políticas en dictaduras, a activistas que promueven la apertura política en ese tipo de contextos autoritarios y a quienes resisten de manera pacífica el hostigamiento, la represión y persecución o son víctimas de conflictos armados.
La diplomacia parlamentaria en derechos humanos. Existe bastante bibliografía sobre la diplomacia parlamentaria, su evolución, alcance y crecimiento, pero respecto a su rol en la defensa y promoción internacional de la democracia y los derechos humanos queda mucho por hacer, en especial desde América Latina.
Para Stelios Stavridis, “las instituciones parlamentarias se involucran en asuntos internacionales de tres maneras principales: a través del control e influencia en las políticas exteriores de los gobiernos nacionales; realizando unas actividades y acciones internacionales, conocidas como diplomacia parlamentaria; y estableciendo y empoderando los Parlamentos como órganos representativos de organizaciones regionales o globales, principalmente a través de instituciones parlamentarias internacionales (IPI)”
Típicas formas de la diplomacia parlamentaria son el apoyo o rechazo a la política exterior gubernamental; la actividad y función institucional de los órganos del Parlamento, como la Comisión de Relaciones Exteriores; las actividades de los presidentes de Cámara; las reuniones interparlamentarias; la participación en organismos parlamentarios regionales (Parlatino) e internacionales (Unión Interparlamentaria Mundial), los grupos parlamentarios de amistad, las redes de parlamentarios y las misiones de observación electoral.
Respecto al alcance puntual de la diplomacia parlamentaria en derechos humanos, pueden incluirse: la representación plural; el especial compromiso con los principios democráticos; el control sobre el Poder Ejecutivo en la política exterior; la globalización de la democracia como fomento de la paz mundial, colocando a la comunidad internacional por encima del interés nacional del propio Estado, y fundamentalmente involucrarse en cuestiones que el gobierno y su diplomacia no pueden abordar en las relaciones formales con otros países, en especial los no democráticos.
Un aspecto fundamental de la diplomacia parlamentaria en derechos humanos es incorporar en los partidos políticos la defensa y promoción internacional de la democracia, estableciendo allí un compromiso, acciones y redes de contacto que luego servirán para su implementación desde un cargo legislativo.
La mayoría de los países democráticos incluye los derechos humanos en su política exterior, pero en muy pocos casos la misma adquiere la característica de “activa” y con aplicación general. En la mayoría de los casos es una expresión meramente declarativa o incluso demagógica.
Una guía de política exterior activa en derechos humanos la ofrece el artículo 27 de la Declaración Universal sobre la Democracia, adoptada el 15 de septiembre de 1997 en El Cairo por la Unión Interparlamentaria Mundial. Incluido en el capítulo “La dimensión internacional de la democracia”, el artículo 27 expresa: “Una democracia debe defender los principios democráticos en las relaciones internacionales. En ese sentido, las democracias deben abstenerse de toda conducta no democrática, expresar su solidaridad con los gobiernos democráticos y los actores no estatales, como son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la democracia y los derechos humanos, y extender su solidaridad a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en manos de regímenes no democráticos”.
La última parte del mencionado artículo consagra lo que se conoce como “la solidaridad democrática internacional”, es decir, el reclamar por las víctimas de la persecución, encarcelamiento y hostigamiento político por parte de las dictaduras.
Las dictaduras de distintos signos políticos tienen como común denominador el invocar el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos, así como también el no someterse a la supervisión del sistema universal de derechos humanos, evitando rendir cuentas sobre su situación interna y negándose a recibir las visitas de procedimientos especiales de la ONU que les incomodan.
Pero rara vez la política exterior en derechos humanos de un país democrático alcanza a todas las dictaduras, pues prevalecen los intereses económicos, es decir, el carácter prioritario que se le asigna a exportar productos y atraer inversiones del extranjero. Este es uno de los motivos por los cuales se requiere el accionar de la diplomacia parlamentaria.
El Parlamento es un poder independiente del Ejecutivo y por tal motivo sus miembros surgidos del voto popular tienen la capacidad política de realizar acciones que los gobiernos no pueden, en especial en las democracias en vías de desarrollo. Obviamente, las cancillerías y embajadas de las dictaduras podrán transmitir sus quejas, pero la respuesta diplomática del gobierno democrático será siempre que se trata de iniciativas de representantes de un poder independiente y que los parlamentarios se deben a sus votantes, plataforma partidaria y las propias trayectorias personales.
Al respecto, es mucho lo que un parlamentario puede hacer en la defensa internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, presentar proyectos que condenen en países dictatoriales casos de violaciones de derechos humanos y solicitar pronunciamientos de sus respectivos gobiernos en los organismos intergubernamentales; denunciar los procesos electorales que no son libres, justos y transparentes en regímenes autocráticos; y reconocer la labor e iniciativas de activistas democráticos en riesgo.
Los proyectos en el Parlamento pueden incluir el pedido de liberación de presos políticos, el reclamo por la realización de elecciones libres con la observación internacional, la formulación de recomendaciones y observaciones a realizar por su país durante el examen periódico universal de una dictadura en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y otros pedidos al Poder Ejecutivo en votaciones sobre derechos humanos en organismos intergubernamentales.
Las misiones de observación electoral en países donde los comicios estén sospechados de falta de transparencia son fundamentales para decidir posteriormente el reconocimiento del respectivo gobierno.
La diplomacia parlamentaria en derechos humanos implica establecer una cláusula democrática para la creación de grupos parlamentarios de amistad (GPA), no admitiendo los mismos países cuyos representantes no surgen de elecciones libres y competitivas, de acuerdo al artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es contradictorio que un Parlamento con representación plural incluya un GPA con un país donde rige un régimen de partido único, representando una afrenta para quienes arriesgan la libertad y la vida en esos contextos autoritarios.
Recibir de manera pública a referentes prodemocráticos residentes o exiliados de países gobernados por dictaduras es un gesto de apoyo moral y de reconocimiento, que las dictaduras les niegan, y de visibilidad y protección internacional.
La diplomacia parlamentaria en derechos humanos puede incluir también el otorgamiento de un premio internacional a un referente que se destaque por su activismo pacífico, siguiendo el ejemplo del que lleva el nombre de Andrei Sajarov, que concede el Parlamento Europeo.
La institucionalización de la diplomacia parlamentaria en derechos humanos, más allá de la renovación periódica del cuerpo legislativo y los cambios políticos, se fortalecería con la designación por concurso de un comisionado parlamentario para los Derechos Humanos y la Solidaridad Democrática Internacional. Las acciones mencionadas previamente por parte de los parlamentarios estarían bajo la órbita de la persona que ocupe este cargo, quien debería surgir de un consenso muy amplio para que su función no termine siendo politizada y sesgada.
Los parlamentarios protegiendo a parlamentarios y activistas: el caso del Bundestag. Como en muchos casos, la experiencia comparada puede servir de guía para adoptar buenas prácticas. En materia de diplomacia parlamentaria comprometida con los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, un ejemplo es el programa “Parlamentarios protegen a parlamentarios”, una acción del Bundestag alemán en favor de parlamentarios y defensores de los derechos humanos perseguidos en el extranjero.
El fundamento de esta iniciativa resume a la perfección la idea de la diplomacia parlamentaria en derechos humanos: “Los defensores de los derechos humanos y los parlamentarios amenazados necesitan protección en todo el mundo. En Alemania, comprometerse en pro de la realización y el respeto de los derechos humanos no conlleva riesgos. Esta actuación no está penalizada legalmente ni acarrea peligro alguno. Por el contrario, en muchos otros Estados aquellas personas que defienden los derechos humanos pueden convertirse ellas mismas en víctimas de violaciones de los derechos humanos”.
En la bibliografía sobre diplomacia parlamentaria se hace referencia a la informalidad de la misma al abordar las relaciones con otros países, en especial los no democráticos. El programa del Bundestag incorpora la formalidad sobre esta acción digna de imitar en otros Parlamentos democráticos.
Desafíos y fundamentos de la diplomacia parlamentaria en derechos humanos. La diplomacia parlamentaria en derechos humanos enfrenta como principal desafío el hecho de que los votantes demandan principalmente de sus representantes el atender las cuestiones domésticas, mucho más en democracias defectuosas, como la mayoría de América Latina. Es decir: ¿por qué un parlamentario se tiene que ocupar de la situación en distintas dictaduras del mundo cuando en su propio país hay problemas de derechos humanos y una agenda importante de políticas públicas para mejorar?
Una respuesta es la adopción de la solidaridad democrática internacional como parte de la política exterior y, por ende, de la diplomacia parlamentaria en derechos humanos. El ponerse en los zapatos de quienes no pueden participar de la vida política de su país y se les niega, no solo la posibilidad de formar parte de un partido político y competir por un cargo público electivo, sino también a opinar, reunirse, asociarse, manifestarse, informarse y moverse libremente.
Ahora, en países que vivieron dictaduras y entonces recibieron importantes muestras de solidaridad democrática internacional, incluyendo parlamentarios extranjeros, como es el caso de Argentina, la memoria juega un papel fundamental en la obligación moral de brindar apoyo a actuales víctimas de regímenes no democráticos.
También el preocuparse por situaciones graves de derechos humanos en otros países puede contribuir a afianzar las libertades fundamentales en el propio país, es decir, valorar la democracia en la que se vive y permite cambiar el gobierno mediante elecciones libres, recurrir a la Justicia, manifestarse pacíficamente, acceder a la información pública e informarse con una variedad de medios alternativos, por ejemplo.
Sin embargo, la diplomacia parlamentaria en derechos humanos tiene otras limitaciones. Una es el caso preocupante en algunos países, como Argentina, de la subordinación de los parlamentarios oficialistas a la política exterior del gobierno, siendo controlados en su actividad internacional y afectando así seriamente su independencia. Esto generalmente sucede cuando los parlamentarios no obtuvieron sus cargos luego de participar en una competencia interna y por eso “deben obediencia” a quienes decidieron su candidatura. La otra limitación es la que se conoce como “permanencia”, el hecho de que los parlamentarios ocupan sus cargos por un determinado período, por lo cual quien asume un compromiso de este tipo lo podrá hacer por el tiempo que dure su mandato.
En consecuencia, un primer paso para implementar una efectiva diplomacia parlamentaria en derechos humanos empieza por los partidos políticos, en los cuales se forman e involucran quienes luego integrarán el Parlamento. En tal sentido, los espacios de relaciones internacionales de los partidos políticos tendrían que incluir la defensa y promoción de los derechos humanos en su agenda de trabajo, incorporando el criterio general y no el doble estándar. Es decir, no caer en la contradicción de ser críticos de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, y al mismo tiempo estrechar lazos con Arabia Saudita y Qatar.
También los partidos políticos tienen que cooperar con la sociedad civil y los referentes independientes de derechos humanos, para ampliar la mirada de la inserción internacional y no cerrarse a la disciplina interna que se incomoda ante las opiniones comprometidas e innovadoras.
Todos los índices que miden globalmente el estado de las libertades civiles y políticas dan cuenta del retroceso de la democracia en el mundo en los últimos años. Por tal motivo, los parlamentarios de países democráticos pueden hacer mucho, no solo por su propio país, sino también por otros países en los cuales el apoyo internacional es fundamental para que quienes defienden los derechos humanos en condiciones políticas muy difíciles tengan razones para la esperanza.
Publicado en Perfil el 26 de octubre de 2025.
