Un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS-IECS) revela que la reformulación del programa nacional de medicamentos esenciales, presentada por el Gobierno como un “relanzamiento”, implicó una caída del 62% en los tratamientos dispensados entre 2022 y 2025 y no fue comunicada de manera formal a las provincias.
El Programa Remediar, la política nacional que desde 2002 garantiza el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país, atraviesa la mayor reducción de su historia. Así lo indica un informe difundido por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), dependiente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), que releva testimonios de referentes provinciales del programa en distintas jurisdicciones.
De acuerdo con el documento, el vademécum de Remediar (que hasta ahora incluía 75 principios activos en 99 presentaciones farmacéuticas) se reduciría a 30 medicamentos entre abril y septiembre de 2026, y a partir de esa fecha quedaría integrado únicamente por tres fármacos de uso cardiovascular: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina. En paralelo, la cantidad de botiquines por centro de salud cayó de un promedio de 3 a 5 unidades cada 100 habitantes a solo 1 unidad cada 100 habitantes.
La reducción no alcanza únicamente a la composición de los botiquines. De los 8.100 CAPS que reciben distribuciones del programa, apenas 800 continuarán haciéndolo durante el período de transición previsto hasta septiembre, según el relevamiento del CIIPS. Más de 7.000 centros de salud quedan así excluidos incluso de esa cobertura transitoria, sin que se haya informado formalmente el criterio utilizado para seleccionar a los establecimientos que la mantienen. A esto se suma la discontinuación del operador postal propio del programa, que durante más de veinte años distribuía los medicamentos de manera directa a cada CAPS del país sin intermediarios.
Los cambios se producen en un contexto de fuerte caída en la cantidad de tratamientos entregados. Según los datos relevados por el CIIPS, el programa pasó de dispensar 37,1 millones de tratamientos en 2022 a 14,1 millones en 2025, una reducción del 62% en tres años. El informe señala que compras realizadas en 2023 generaron un stock de aproximadamente 18 meses en los centros de salud, lo que amortiguó el impacto durante 2024 y buena parte de 2025. El desabastecimiento se volvió visible recién este año, coincidiendo con el agotamiento de ese remanente y sin que se hayan realizado nuevas compras por parte del Estado nacional en ese período.
Sin comunicación oficial
Un punto central del informe es la ausencia de comunicación formal sobre los cambios en el programa. Según los referentes provinciales consultados por el CIIPS, las modificaciones fueron transmitidas de manera verbal en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), el ámbito donde se reúnen los ministros y ministras de salud de las provincias, sin que esa información fuera trasladada de forma oficial a los equipos técnicos que gestionan el programa en cada jurisdicción. Como resultado, los equipos provinciales no cuentan con información escrita sobre la composición futura de los botiquines, las cantidades a distribuir ni los plazos previstos.
La situación motivó la presentación de proyectos de resolución en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo informe sobre los cambios en el programa y las medidas previstas para reemplazarlo. El Gobierno nacional, por su parte, presentó la reformulación como un relanzamiento orientado a priorizar nuevas patologías.
Impacto desigual entre provincias
El relevamiento del CIIPS muestra además una respuesta muy desigual entre las jurisdicciones frente al retiro del programa. La caída en tratamientos dispensados entre 2024 y 2025 osciló entre el 2,3% en Río Negro y el 72,4% en Chaco, con una diferencia de 70 puntos porcentuales entre ambos extremos. Las provincias más afectadas -Chaco, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Misiones- coinciden con aquellas que concentran mayor proporción de población con cobertura pública exclusiva de salud y menor capacidad fiscal para compensar el faltante con recursos propios.
Algunas jurisdicciones lograron desplegar respuestas locales. Buenos Aires amplió su programa “Medicamentos Bonaerenses”; Santa Fe puso en marcha un nuevo sistema provincial de distribución que ya abastece a hospitales y centros de salud; y Tierra del Fuego lanzó el Programa Provincial de Medicamentos Fueguinos (PROMEFU). El informe advierte, sin embargo, que en estos casos el financiamiento no estaba previsto en los presupuestos vigentes y se sostiene a costa de otras partidas, lo que pone en duda su sostenibilidad. Provincias con menor margen fiscal, como Santiago del Estero, no cuentan con planta elaboradora propia ni con la capacidad de reacción ágil que exige un desabastecimiento imprevisto.
Los 16,3 millones de argentinos que dependen exclusivamente del sistema público de salud -el 35,8% de la población, según el Censo 2022- son la población objetivo del programa. El CIIPS advierte que, si el retiro de Remediar no va acompañado de transferencia de recursos ni de planificación técnica hacia las provincias, la desigualdad entre jurisdicciones no se reduce sino que se profundiza.
