El mes de septiembre y el inicio del curso político estuvieron marcados por una presión social internacional sin precedentes hacia el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Esta movilización fue la respuesta a casi dos años de ataques brutales en Gaza que desembocaron, durante el mes de agosto, en la declaración de la primera hambruna en Oriente Medio —provocada por el ser humano— y en la calificación de genocidio a las operaciones militares israelíes, ambas por parte de la ONU. A ello se sumaron el papel de la Sumud Flotilla, las manifestaciones multitudinarias en ciudades de todo el mundo —incluidas las organizadas en Tel Aviv por familias de rehenes y civiles israelíes— y el boicot a Israel en la Vuelta Ciclista a España, que llevó a la FIFA, la UEFA y Eurovisión a anunciar la revisión de la participación israelí en sus competiciones.
En el Parlamento Europeo se vivieron dos momentos inéditos. En primer lugar, tras dos años de negativa por parte de las fuerzas conservadoras, se aprobó una resolución conjunta con el apoyo de la mayoría de los eurodiputados —incluidos miembros del Partido Popular Europeo— que, entre otras consideraciones, condenaba los atentados terroristas de Hamás y la situación humanitaria en Gaza, apoyaba a la UNRWA y reclamaba la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. En segundo lugar, en el debate sobre el estado de la Unión, Ursula von der Leyen asumió las críticas hacia la Comisión por su posicionamiento sobre Gaza y anunció —contradiciendo el discurso del día anterior de la alta representante Kaja Kallas— un paquete de medidas hacia el Gobierno israelí para elevar al Consejo. Entre ellas figuraban sanciones a colonos israelíes y a miembros del Gobierno conforme a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación y la suspensión de pagos bilaterales a Israel.
La Comisión nunca había propuesto motu proprio un paquete de esta naturaleza, alegando hasta entonces falta de consenso entre los Estados miembros, pese a haber actuado con firmeza frente al Gobierno ruso tras la invasión de Ucrania. En otras palabras, el curso político comenzó con una presidenta de la Comisión Europea anunciando las mismas medidas que el Gobierno de España había solicitado meses antes, y justo después de que el Consejo de Ministros aprobara nueve medidas contra el genocidio que más tarde ratificó el Congreso de los Diputados.
Así, la sociedad internacional movilizada y las familias de los rehenes fueron capaces de debilitar a un Netanyahu que se enfrentará a unas elecciones en 2026 y cuyo liderazgo solo había sido cuestionado antes del 7 de octubre por sus reformas judiciales y los casos de corrupción en los que sigue investigado.
El acuerdo de paz
Desde el ataque terrorista del 7 de octubre, que dejó 1.200 israelíes muertos, la ofensiva israelí ha provocado al menos 69.176 muertes en Gaza —entre ellas 20.179 niños—, más de 170.000 heridos y 680.000 desplazamientos. En Cisjordania se registran 1.065 víctimas mortales, 11.100 detenidos y 50.000 desplazados.
El 13 de octubre, la comunidad internacional acogió con esperanza —y cautela— la Conferencia de Paz celebrada en Sharm el Sheij, donde EE. UU., Egipto, Turquía y Qatar firmaron un segundo acuerdo para Gaza, esta vez liderado por Donald Trump. A la cita acudieron representantes de veinte países, entre ellos Arabia Saudí, Jordania, Japón, Indonesia, Baréin y Canadá. También asistieron Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Kyriakos Mitsotakis. Sin embargo, destacó la ausencia institucional de la Unión Europea, que confirmó así su exclusión del proceso de paz.
El acuerdo suponía un primer paso y una agenda pendiente: calendarizar objetivos y avanzar hacia una solución real de dos Estados. Las siguientes negociaciones debían centrarse en poner fin a la ocupación de Gaza —y potencialmente de Cisjordania—, en la retirada israelí, el desarme de Hamás, el retorno de los palestinos desplazados y un proceso de transición democrática en Palestina que garantizara la participación de su población.
Tras la firma presenciamos el esperado y emotivo reencuentro, por un lado, entre los familiares de los veinte rehenes israelíes capturados por Hamás durante el 7 de octubre aún con vida; y por otro, de los 2.000 palestinos encarcelados durante décadas por Israel y sus seres queridos sin juicio justo. Sin embargo, la tregua duró poco.
Quince días después, el Gobierno de Netanyahu anunció ataques inmediatos contra Gaza, que causaron 104 muertos en una sola noche, alegando que Hamás había violado la tregua tras la muerte de un soldado israelí. Desde el inicio del alto el fuego hasta aquel momento, las fuerzas israelíes habían matado a 93 palestinos y herido a 324, según datos de la Oficina del Primer Ministro del Estado de Palestina. Hoy, suman 241 palestinos asesinados.
El alto el fuego no ha supuesto el cese de la violencia y además ha reducido una presión social que logró un impacto político, si bien no suficiente para parar las políticas de Netanyahu.
Papel de la Unión Europea y responsabilidad internacional
La fragilidad del acuerdo frenó las iniciativas para exigir responsabilidades al Gobierno de Netanyahu. Organismos deportivos que estudiaban sanciones congelaron sus decisiones, y el paquete propuesto por Von der Leyen ni siquiera llegó a la agenda del Consejo Europeo, a pesar de los meses de reivindicación de los grupos.
En contraste, el Gobierno de España ha defendido mantener las medidas del Real Decreto-ley 10/2025 contra el genocidio, recordando la obligación de cualquier Estado de prevenir crímenes internacionales. Esta responsabilidad también ha sido subrayada en el informe Gaza Genocide: a collective crime, de la relatora especial Francesca Albanese, que concluye que el genocidio en Gaza es un “crimen colectivo facilitado por Estados que han brindado apoyo militar, económico, político y humanitario a Israel”.
Mientras tanto, la ciudadanía europea exige a sus instituciones que la UE sea un good player (un buen actor internacional). La UE se mantiene como el mayor donante a Palestina a través de su Programa de Apoyo Integral a Palestina 2025–2027, con una dotación de 1.600 millones de euros que en coordinación con el Banco Europeo de Inversiones y la creación de un nuevo Grupo de Donantes para la Reconstrucción de Palestina, cuya primera reunión está prevista para el 20 de noviembre.
La UE debe asumir un papel político activo en defensa del derecho internacional, el derecho humanitario, sus tribunales y los valores que la sustentan. La CPI reiteró el pasado 22 de octubre las obligaciones de Israel como potencia ocupante, mientras este mismo tribunal sufre presiones y sanciones por parte de Estados Unidos e Israel continúa su política de anexión en Cisjordania y protección a los colonos violentos. Este escenario exige una respuesta colectiva y democrática ante las vulneraciones del orden internacional, y debería empezar con acabar con el comercio de la UE con los asentamientos ilegales.
La próxima estrategia para Oriente Medio, anunciada en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2025, es una oportunidad para demostrar un compromiso real con la paz. No basta con financiar la reconstrucción de Gaza. Es necesario defender un sistema internacional basado en la legalidad que nos protege a todos. Cualquier otra opción seguirá siendo insuficiente para quienes aún se preguntan qué hacemos desde Bruselas.
Publicado en Agenda Pública el 11 de noviembre de 2025.
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