Si el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam en Costa Rica ha sido uno de los episodios más letales de la violencia transnacional atribuida a Daniel Ortega y Rosario Murillo, no es el único. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) presentó este martes en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una actualización de su informe sobre los crímenes de lesa humanidad comandados por la pareja copresidencial, que en esta ocasión denuncia “una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia” para monitorear las actividades de los nicaragüenses, incluso “más allá de las fronteras” del país.
Los expertos advirtieron que la red ha permitido “hostigar, desacreditar y amenazar” a nicaragüenses en el exilio, hasta el punto de estribar en asesinatos como el de Samcam y otros opositores, como Rodolfo Rojas, extraído desde Costa Rica y asesinado en Honduras, o el campesino Jaime Ortega Chavarría, ultimado en Upala.
El informe describe al pormenor “una estrategia de vigilancia y hostigamiento contra la diáspora exiliada”, articulando un entramado transnacional que convierte a los países de refugio en espacios inseguros para miles de perseguidos políticos. Los expertos lo resumen en una frase: una política de “brazo largo” que busca acallar voces críticas allí donde se encuentren.
El documento detalla una red interconectada, regida por inteligencia y control casi total, compuesta por el Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, TELCOR y grupos paramilitares, todos bajo las órdenes directas de Ortega y Murillo. Esa estructura no solo vigila a opositores dentro del país, sino que ubica y monitorea a exiliados en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Panamá.
TELCOR, el ente estatal de telecomunicaciones, es señalado de interceptar comunicaciones, rastrear actividad en redes sociales y operar “granjas de troles” que hostigan digitalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores en cualquier parte del mundo.
El objetivo final de esta maquinaria de espionaje es borrar la presencia política de la oposición en el exterior. Para ello, el régimen copresidencial combina la vigilancia con medidas de castigo: negativa de pasaportes, eliminación de partidas de nacimiento, confiscación de bienes, persecución a familiares en Nicaragua e, incluso, agresiones físicas en el extranjero. En palabras del informe, se trata de una estrategia “escalable” de represión transnacional que erosiona los lugares de refugio y multiplica el miedo entre quienes creyeron haber escapado de la persecución.
Los testimonios que sostienen el informe
Los testimonios recogidos por el Grupo de Expertos refuerzan la gravedad de este entramado. Exiliados en Costa Rica narraron cómo han sido fotografiados y seguidos en manifestaciones públicas, mientras otros aseguraron que sus familias en Nicaragua reciben visitas de la Policía o pierden sus empleos en instituciones estatales como represalia. En España, opositores han denunciado que los consulados se niegan a renovar pasaportes o a emitir documentos, lo que los deja en un limbo legal y con serias dificultades para trabajar o residir de forma regular.
“El Grupo de Expertos ha identificado y documentado la existencia de una amplia y compleja red de vigilancia e inteligencia (…) El Estado de Nicaragua utiliza esta red para monitorear las actividades de la población de manera física y digital, así como para identificar y localizar a opositores, rastrear sus comunicaciones y decidir quién debe ser detenido, expulsado, impedido de regresar o privado de su nacionalidad”, dice el documento.
Nicaragüenses entrevistados por los expertos relataron que han sido “fotografiados, seguidos, hostigados, abordados por personas desconocidas y amenazados mientras se encontraban en el extranjero, en particular en Costa Rica y Honduras, pero también en Bélgica, Guatemala, España y los Estados Unidos”.
Otros testimonios recogidos en el informe grafican la extensión del hostigamiento. “En redes sociales he recibido amenazas, diciéndome que voy a acabar muerto en una cuneta en España, porque ese es el destino de los traidores”, dijo una de las víctimas. Otro exiliado en Europa contó: “[Recibí] una carta de amenaza [sin sello alguno] justo después de una intervención [en un evento público]. Estaba en el buzón de la organización [donde trabajo, en Europa]. He presentado una denuncia. La comisaría no sabía muy bien cómo tratar el asunto”.
“El Grupo ha confirmado que este sistema de vigilancia, amplio y metódico, que hace un uso sustancial de tecnologías digitales, se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, lo que permite al Gobierno (…) hostigar, desacreditar y amenazar a personas nicaragüenses en el exilio”, insisten los expertos.
Muerte civil y pobreza
Para los expertos de la ONU, este entramado no es una suma de hechos aislados, sino un patrón sistemático que forma parte de la represión de Estado. La vigilancia sobre el exilio, advierten, busca desarticular a las comunidades en el extranjero y silenciar la denuncia internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, consolidando un modelo de control transnacional que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
El asesinato de Samcam y el patrón de vigilancia expuesto por la ONU muestran que el “brazo largo” de Ortega y Murillo no tiene límites. El exilio, que debería ser refugio, se ha convertido en un territorio vulnerable donde la represión se reinventa y se extiende, advirtió Claudia Vargas, viuda de Samcam durante la presentación del informe en Ginebra.
Los expertos concluyeron que el régimen Ortega-Murillo ha cometido violaciones contra nicaragüenses en el exilio y sus familias, con el objetivo de mantener un control absoluto dentro y fuera del país. Estas prácticas incluyen la privación de nacionalidad, el impedimento de regresar a Nicaragua y el castigo indirecto a familiares, lo que ha dejado a miles de personas en situación de “muerte civil” y, en muchos casos, forzadas a la pobreza. Los expertos sostienen que este patrón se ajusta a crímenes de lesa humanidad por persecución política.
“Proxy punishment”
En el caso de la represión a los familiares, el informe dedica un apartado a lo que denomina “castigo por asociación” (proxy punishment), una práctica que consiste en dirigir represalias contra familiares de opositores y exiliados. Según los expertos, este método se ha vuelto más frecuente desde 2018, a medida que un número creciente de disidentes ha sido forzado al destierro o expulsado del país.
Las acciones abarcan desde la vigilancia y el hostigamiento hasta detenciones arbitrarias, amenazas telefónicas, confiscación de propiedades e, incluso, la alteración de partidas de nacimiento para borrar apellidos de hijos de opositores. En un caso documentado, el cónyuge, la hija y el yerno de un opositor fueron detenidos el mismo día, condenados a prisión, expulsados del país y despojados de su nacionalidad.
El GHREN subraya que este castigo colectivo no solo busca silenciar a quienes están en el exilio, sino también sembrar miedo en quienes permanecen en Nicaragua. El impacto psicológico, añade, es devastador: afecta de manera deliberada a niños, niñas y personas mayores, y crea un clima de autocensura que extiende la represión más allá de las fronteras.
Ante este panorama, el GHREN llamó a los Estados a proteger de forma integral a la diáspora nicaragüense. Recomendó garantizar procesos justos de asilo, facilitar vías rápidas de naturalización, reconocer la condición de apátridas y establecer programas de acogida con acceso a educación, empleo y servicios esenciales. También instó a la comunidad internacional a vigilar de cerca la situación y a exigir responsabilidades al Estado de Nicaragua por el uso de la privación de nacionalidad como mecanismo de represión.
