menu
Opinión 05 08 2022

El gobierno que necesitamos


Autor: Juan Manuel Casella









No hay sociedades sin conflictos. Incluso en las más justas y equilibradas, conviven intereses legítimos de signo contradictorio que provocan tensiones y enfrentamientos. La puja distributiva es su causa más frecuente. De allí viene aquella afirmación que señala a la economía como la razón final del voto.

La cuestión consiste en concebir y aplicar los instrumentos que permitan encauzar esos conflictos, para impedir que alcancen dimensión destructiva o disolvente. En democracia, esos instrumentos son institucionales: los métodos legales que dispone el poder público para regularlos. O sociales: los modos y formas que crea cada sociedad para asegurar su paz interna. El monopolio estatal en el uso de la fuerza fue el primer recurso utilizado con ese propósito.

La mitad de los argentinos vive en la pobreza. La inflación carcome el salario a un ritmo del 6% mensual. La deuda, la inversión insuficiente, los dólares escasos, la falta de un programa económico y el predominio de una visión cortoplacista, congelan las posibilidades de un crecimiento real, ya que el estadístico no es más que rebote post pandemia que no alcanza para sacarnos del estancamiento iniciado en el 2011.

En esas condiciones, la economía queda sin precios de referencia, la emisión y el déficit parecen ser los únicos recursos del gobierno para impulsar el crecimiento y la puja distributiva se agudiza hasta niveles de descontrol.

Ante ese riesgo cuasi anárquico, el problema consiste en la evidente insuficiencia de los instrumentos institucionales destinados a regular y encauzar el conflicto. En nuestro sistema de gobierno, el presidente centraliza la deciPorque sión final y fija las políticas de distribución del ingreso que garanticen la paz social. Es el responsable de orientarnos hacia la convivencia.

Esa figura presidencial no aparece. Quien ocupa el cargo no esta ejecutando ese papel, por la propia ineficiencia y porque desde su espacio político hacen todo lo posible por convertirlo en figura simbólica sin poder real. En esa situación de impotencia, no habrá conflicto que pueda contener.

En el campo social también hay debilidades que limitan la posibilidad de ordenar y resolver los conflictos. Los partidos políticos, trabajados por el individualismo y el pragmatismo electoral,

pierden prestigio y capacidad representativa, aparentemente incapaces de conectarse con los problemas del hombre común, así como de idear y aplicar las soluciones correctas.

El kirchnerismo ha diluido la histórica identificación del peronismo con la justicia social, porque su dirigencia decidió convertirlo en

una expresión heterogénea de prácticas clientelares; en portavoz de un izquierdismo confuso y anacrónico; en una empresa política destinada a conservar el poder a cualquier precio. En lugar de encauzar los conflictos, los multiplica hacia adentro y los derrama sobre la sociedad.

El sistema sindical ha perdido poder e influencia. Porque sólo uno de cada cuatro trabajadores registrados está afiliado a un sindicato. Porque las transformaciones técnicas en la industria determinan que el trabajo humano pierda importancia. Porque el 40% del empleo no está registrado y la dirigencia no se ocupó seriamente de organizarlo y representarlo. desde hace años sólo crecen el empleo público y los servicios. Porque los intereses corporativos de la dirigencia impiden la modernización de la legislación que, sin desproteger, se adapte a las nuevas realidades del mundo productivo. A partir de esas deficiencias, el sindicato perdió capacidad mediadora.

La dimensión de la pobreza, la desigualdad y la inflación otorgan una base de legitimidad indiscutible a los movimientos sociales, que deberían servir para conducir y ordenar sus reclamos. Pero la técnica prepotente de ocupar el espacio público a costa de la libre circulación y la sensación de que cierta dirigencia no busca superar la pobreza sino consolidarla como soporte de su visión ideológica, sus aspiraciones políticas y su poder económico, termina incentivando la conflictividad.

La clase media siempre actuó como factor moderador del conflicto social. Su declive, en número y capacidad económica también resta, o por lo menos amortigua, esa función reguladora.

Aun computando las debilidades y dificultades que hoy nos angustian, estamos seguros que el año próximo habrá elecciones de renovación presidencial. Es posible que triunfe la oposición. Si eso sucede, deberá gobernar un país que se encontrará en la misma o peor situación. Con un agravante: cuando el kirchnerismo pierde el poder, su ambición retornista no reconoce demasiados límites con relación a los medios utilizados para retomarlo. En ese marco, la conflictividad podrá agudizarse, incluso premeditadamente.

El próximo gobierno deberá entender que contará con muy poco tiempo de tolerancia social. De inmediato tendrá que: 1) convocar a la unidad nacional, terminando con la grieta y la dialéctica amigoenemigo. 2) recuperar la autoridad presidencial como punto de referencia visible para la toma de decisiones y la operatividad estatal. 3) aplicar un programa de crecimiento y distribución del ingreso que achique la brecha de desigualdad y pobreza, detenga la inflación y disminuya el riesgo de confrontación. 4) promover la reforma del Estado para convertirlo en un instrumento eficiente y éticamente confiable. 5) impulsar una transformación de la educación pública que combine el acceso a la cultura con la dotación científico tecnológica necesaria para modernizar el modelo productivo y favorecer el acceso al empleo de calidad.

Como alguna vez le escuche afirmar a Giovanni Sartori, “La gente necesita gobierno”. Actuando de esta manera, dándole el gobierno que necesita, será posible pegar el salto de calidad que el pueblo está reclamando.

Publicado en Clarín el 4 de agosto de 2022.

Link https://www.clarin.com/opinion/gobierno-necesitamos_0_k8P3Pn7qo3.html