El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley de información clasificada que sacará a la luz los documentos reservados del franquismo y la Transición, al establecer el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más.
Este proyecto de ley, que irá ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, del año 1968, y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada cuando transcurran unos determinados plazos.
Habrá cuatro categorías de información clasificada
Así, se establecen cuatro categorías de información clasificada –’Alto Secreto’, ‘Secreto’, ‘Confidencial’ y ‘Restringido’– y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.
El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y la Transición.
Bolaños: «Avanzamos como una democracia madura»
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que con esta ley «superamos una rémora de nuestra legislación, una ley preconstitucional que proviene de la dictadura».
«Nos ponemos en estándares europeos, avanzamos como una democracia madura que somos para que los ciudadanos tengan derecho a saber, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia y, por supuesto, se protege la seguridad nacional y la defensa en nuestro país», ha destacado.
Los legitimados para desclasificar información
La competencia para clasificar y desclasificar información será exclusiva del Consejo de Ministros —a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros— en el caso de ‘Alto secreto’ y ‘Secreto’ y de un número «tasado y reducido» de autoridades en las categorías de ‘Confidencial’ y ‘Restringido’.
La información clasificada antes de la entrada en vigor de esta ley se desclasificará automáticamente transcurridos 45 años o más desde su clasificación.
Además, las personas que puedan justificar un interés profesional en esta información —como investigadores, periodistas o historiadores— estarán legitimados para solicitar su desclasificación una vez vencido el plazo de clasificación.
También se fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada a través de la Comisión parlamentaria constituida a este efecto.
Las multas por revelar información clasificada
La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada, con multas que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves.
El proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.
Se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Con esta norma -indican desde el Ministerio que dirige Félix Bolaños- España se sitúa en línea con las legislaciones más avanzadas en materia de información clasificada. De hecho, países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley.
Según ha señalado el ministro Bolaños, con esta norma se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en el Plan de Acción por la Democracia y se asume una de las recomendaciones que sistemáticamente viene haciendo a España la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho, de cara a mejorar el acceso ciudadano a la información y, en particular, a documentos oficiales.
