El Gobierno anunció hoy que se pondrán a disposición los 100 megahertz de espectro que el Estado le reservó a la empresa pública Arsat para comunicaciones móviles y que no se están usando, además de los 50 megahertz que se encuentran en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para destinarlos el servicio de 5G.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que estas medidas son “para alentar mayor competencia en las empresas del sector” e ir hacia un “mejor servicio y menor precio”.
De esta forma, el Estado renunciará a contar con esas bandas de frecuencias y se licitarían a compañías privadas del sector de las telecomunicaciones o que quieran ingresar a esa actividad.
En el anuncio realizado en Casa Rosada, insistió en que la iniciativa es para la “protección de los derechos de los consumidores” y remarcó que “la apertura del mercado es para que haya mejor servicio”.
La incipiente tecnología de conexión a internet móvil de 5G se está iniciando en la Argentina, donde todavía predomina en la enorme mayoría de los usuarios el uso del 4G.
Habilitar el 5G requiere la instalación de nuevas antenas y la selección estratégica de los sitios donde se ubicarán por parte de las empresas del sector, lo que resultará en una mejora significativa de la latencia en las áreas cubiertas, indicó el Gobierno.
La velocidad del 5G, medida en Mbps (Megabites por segundo), es de 10.000, frente a 200 del 4G, lo cual trae varios beneficios, como descargar archivos más rápidamente.
Hace un año, durante la gestión de Alberto Fernández, el ENACOM había concretado la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), logrando una recaudación total de 875.091.000 de dólares.
Durante el anuncio, Adorni sostuvo además que el Gobierno hizo una auditoría sobre el ENACOM, de la cual se supo que “Telecom y Telefónica debían más de 3.000 millones de pesos en conceptos de aportes de inversión”.
“Este trabajo dejó en evidencia que el ENACOM omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas”, agregó.
También, Adorni anticipó que se derogará la resolución 1.491 que implicaba la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de las operadoras de televisión por cable.
“El Estado Nacional relevará todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará investigaciones para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria”, detalló.
El gobierno anunció cambios en telecomunicaciones
