El Gobierno afronta un escenario complejo en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 porque el oficialismo perdió la iniciativa en manos de la oposición, que fue la que manejó la agenda parlamentaria en los últimos seis meses.
El presidente Javier Milei explicará el lunes próximos los alcances del Presupuesto 2026 que enviará a la Cámara de Diputados, como lo establece la ley de Administración Financiera, en un discurso que brindará a las 21 por cadena nacional.
Fuentes opositoras señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que este año forzarán el tratamiento del Presupuesto y no descartan que establecer en las próximas horas un cronograma de trabajo con fecha de dictamen, para que no se repita la frustración del año pasado, cuando el oficialismo suspendió el debate y decidió prorrogar por segundo año consecutivo la ley de gastos y recursos.
La Libertad Avanza (LLA) decidió suspender el 19 de noviembre último la discusión del Presupuesto cuando no pudo alcanzar un acuerdo con los gobernadores dialoguistas ym como el 20 de ese mismo mes terminaba el plazo para emitir dictamen, el Gobierno no lo incluyó en las sesiones extraordinarias y prorrogó el Presupuesto 2023.
“Este año tiene que haber presupuesto sí o sí”, señaló un vocero de un bloque mayoritario.
Milei no concurrirá Congreso y es probable que tampoco lo haga el ministro de Economía, Luis Caputo, reacio a exponer ante los diputados como establece la tradición para los titulares de esa cartera a la hora de presentar los gastos y recursos previstos por el Gobierno.
En ese contexto, la intención del oficialismo es comenzar el debate en la Comisión de Presupuesto, que conduce el libertario José Luis Espert, con la presencia de funcionarios del equipo económico, y luego, de otras áreas sensibles como seguridad, empleo, y jubilaciones.
Pero a diferencia del buen diálogo con los gobernadores del año pasado, hoy ese nivel de negociaciones sufrió un deterioro y muchos mandatarios provinciales comenzaron a tomar distancia y votar en contra del Gobierno.
Ahora, el Poder Ejecutivo debe reconstruir los puentes de diálogo con los jefes provinciales ya que no solo son centrales para los votos en el recinto sino para alcanzar la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Ese organismo parlamentario tiene 49 diputados, de los cuales LLA tiene seis miembros y MID dos; el PRO siete; UCR cinco; dos de Encuentro Federal; Democracia Federal dos; Innovación Federal dos; Producción y Trabajo uno; y uno de la Coalición Cívica; mientras que Unión por la Patria (UxP) tiene 20 y la izquierda uno.
Desde que se ratificó el acuerdo con el FMI, el oficialismo perdió el manejo de la Cámara de Diputados y del Senado, donde siempre tuvo graves dificultades. y se aprobaron leyes que fueron rechazadas por el Gobierno con el argumento que se alteraba el equilibrio fiscal.
Desde abril LLA sufrió sucesivas derrotas porque se creó la comisión investigadora Libra y se aprobaron las leyes de emergencia en Discapacidad, de emergencia en el hospital Garrahan, aumento de los recursos universitarios y el aumento de los haberes jubilatorios.
Por su parte, el Senado aprobó un proyecto para regular el uso de los DNU que establece que, si no es tratado en 90 días y derogado en algunas de las cámaras, pierde su vigencia.
El Congreso también dejó firme la ley de Discapacidad y es probable que pase lo mismo con la ley de emergencia de Garrahan votada, con los dos tercios tanto en Diputados como en el Senado, y cuyo veto tiene que decidir el Gobierno en las próximas horas.
La Casa Rosada solo pudo blindar el veto sobre aumento de jubilaciones y que no se avance con el decreto de rechazo a la ley de ayuda en Bahía Blanca.
Mañana el Gobierno tiene que decidir si veta las leyes de Garrahan, ATN y aumento del presupuesto universitario.
Otro punto central de la discusión del año pasado fue la distribución del impuesto a los combustibles, que es otro de los proyectos rechazados por el Gobierno que ya fue aprobado por Senado y espera el tratamiento en Diputados.
Ese proyecto propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles y aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
En cambio, el dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y sus aliados establece que mantiene los recursos del 28,69 por ciento de la recaudación para el Anses y el resto lo distribuye de acuerdo con la ley de coparticipación federal, con lo cual el Gobierno se quedará con cerca del 30 por ciento de los recursos y el restante 41 entre las provincias.
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