Entramos en el último trimestre del año y la situación para nuestro país no puede ser más complicada. Argentina después de soportar la cuarentena más larga del mundo relacionada con el COVID 19 figura entre los primeros lugares de ranking mundial por el número de infectados, la información dice que se encuentra en el puesto 7 con 840.915 infectados y 22.226 muertos que para colmo están mal contados. Se trata de un fracaso indisimulable que muestra fallas estructurales serias en su sistema de salud de vieja data.
Correlacionado con ello, ya se sabe que la caída del PBI en 2020 motivado por la restricción de las actividades productivas será muy importante y agravará una situación social inédita con una pobreza altísima que supera el 42%. Pobreza que se acompañada con alta desocupación, despidos y con cierre de establecimientos comerciales. La huelga policial por mayores salarios del último mes; las tomas de tierras consentidas de Guernica y las corridas sobre el dólar ahorro con bochornosas restricciones muestran una situación social en declive no controlada que tendrá fuertes derivaciones políticas.
Cabría preguntarse si esa perturbación política es generalizada o focalizada. Para ello creo que una mirada en el funcionamiento del sector energético en el momento actual podría arrojar algunas pistas. No hay prácticamente discusión que cuando se menciona la palabra ENERGIA todos entendemos que se trata de un SECTOR ESTRATEGICO para el manejo del Estado. De lo afirmado hay pruebas contundentes en Argentina y dan fe de ello todos los gobiernos del Siglo 21. ¿Qué Gobierno en su sano juicio, sea de derecha o de izquierda, no le teme a una crisis energética severa de carácter estructural y sistémica?
En este contexto cuando se analiza lo actuado en Energía en el Gobierno de Alberto Fernández desde su asunción el 10 de diciembre de 2019 aparecen dos grandes interrogantes. El primero de ellos es precisamente de naturaleza política y se refiere al Ex Secretario de Energía Sergio Lanziani. La pregunta es por qué fue despedido junto con su equipo a mediados de agosto y todavía el 8 de octubre –casi 50 días después – no ha sido reemplazado por un nuevo Secretario de Energía con un nuevo equipo que justifique la decisión tomada.
El segundo interrogante es por qué un Gobierno que envió y logró la sanción del Congreso de la ley Emergencia Pública N° 27561 en diciembre de 2019, que en su art 6° determina la intervención de los Entes Reguladores – ENARGAS y ENRE- todavía los interventores designados no han dado cumplimiento al proceso de Renegociación de la Revisión Tarifaria integral realizada en 2016 y 2017 o en su defecto a realizar una revisión de carácter extraordinario en 180 días (plazo vencido en junio de 2020) como lo estableció el articulo 5 ° de dicha ley.
Los plazos están vencidos y estamos a escasos dos meses de la finalización del plazo de un año de ambas intervenciones fijado en dicha ley que vence en diciembre de 2020.
El Gobierno de Alberto Fernández no muestra coherencia ni precisión, ni rapidez de reflejos en la gestión en un sector que funciona al borde del precipicio desde hace lustros y que puede desembocar en quiebras y cesación de pagos y hasta en interrupción de prestación de servicios públicos esenciales como son la Distribución del Gas Natural y la distribución de la Energía eléctrica a lo largo y a lo ancho del país.
Es público y notorio que se han producido en estos meses hechos de importancia significativa que no deben soslayarse: 1) Las distribuidoras de gas no abonan a las productoras el gas que distribuyen y cobran a los clientes, 2) Las distribuidoras eléctricas hacen lo propio con las generadoras eléctricas; 3) las petroleras no pueden producir gas y petróleo con los precios del mercado mundial y le exigen al Gobierno subsidios impagables por el Tesoro por ejemplo con el Plan Gas.
Los datos del Informe de Tendencias del IAE Mosconi correspondientes del mes de septiembre de 2020 en base a datos oficiales completos del mes de agosto de 2020 muestran un sector energético altamente complicado en su funcionamiento: caídas importantes en la demanda de gas natural del 12% respecto al mismo mes del año anterior; de la demanda de energía eléctrica industrial del 15% y de la demanda de energía eléctrica del comercio del 13,4%. También sigue sin recuperarse la demanda de combustibles líquidos –nafta y gasoil- que fue un 15 % inferior a la de un año atrás.
Los valores son elocuentes y muestran una economía energética altamente complicada por la pandemia, pero también un sector productivo nacional que ante la caída de la demanda interna no tiene la capacidad de exportar excedentes manteniendo la producción. Ello es así simplemente porque se trata de un sector no competitivo en el plano mundial por su baja productividad y sus altos costos de producción internos que se ha habituado en los últimos años a exigir subsidios impagables a un Estado fallido.
El Gobierno de Alberto Fernández está pagando un alto precio político con la pérdida de un tiempo que vale oro. Todo indica que el gobierno compartido de Alberto Fernández y Cristina, una anomalía republicana, además de ser anómala no suma sino divide esfuerzos porque no permite al inversor vislumbrar una política energética clara, un programa energético coherente y un equipo ensamblado que decida con la precisión que las graves circunstancias requieren.
Publicado en Visión Federal el 9 de octubre de 2020.
