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Opinión 01 01 2021

El dilema del verano


Autor: Adolfo Stubrin









Si es usted como yo, veterano y cinéfilo, recordará “Verano del 42” de 1971, una historia intimista sobre adolescentes en período de vacaciones que supera el tono habitual de las estudiantinas picarescas. En esta obra, el despertar sexual despliega sus anécdotas cuando los Estados Unidos se involucran en la segunda guerra mundial. El trasfondo dramático le otorga al relato una intensidad especial, que dejará en los protagonistas una huella psíquica profunda.
Igual que en la película, nuestras inminentes vacaciones escolares no serán banales, porque la catástrofe educacional afecta a todos: niños, padres, maestros y autoridades. Ningún protagonista quedará indemne de las secuelas que el 2020 dejó impregnadas en sus biografías, en la transición enigmática hacia 2021.
Es notable cómo en pleno diciembre, después de que las clases presenciales tuvieran un regreso menos que magro, hay dos signos de creciente conciencia sobre la gravedad de la situación: los movimientos de sociedad civil y su reflejo en la prensa, que está asignando a la educación un creciente lugar en el orden del día de la opinión pública (https://youtu.be/FnnCFVTqpaQ).
Por su parte, el ministerio nacional arrastra una retahíla de inconsistencias en el manejo de su gestión a lo largo del año. La figura del ministro Nicolás Trotta flameó como una veleta ante los vientos que soplaban tanto los infectólogos como los gremialistas. Solo un par de pegadas relativas puede destacarse: la comisión asesora sobre la calidad de la enseñanza prevista en la Ley de Educación Nacional y una encuesta oficial de seguimiento de la situación.
La coyuntura no admite recesos veraniegos. El ministro nacional y sus pares provinciales deben diagnosticar y exponer con crudeza los saldos del 2020 y convocar al esfuerzo de establecimientos, docentes y padres para restablecer y recuperar los déficits y pérdidas producidas en los aprendizajes de los alumnos. Pero, no alcanza con volver al 2019.
Las pruebas estandarizadas de los años de Macri mostraban una distancia enorme con la calidad requerida y, a la vez, la desigualdad lacerante con que las carencias se distribuían en los territorios y en la estructura social. Frente a semejante evidencia la respuesta del Estado y la sociedad tiene que ser levantada y ambiciosa. Para hacer cierto que la crisis da una oportunidad, la educación debiera ser llevada a la cumbre de la agenda de políticas y obtener allí una prioridad firme.
En breve sabremos si el profesor Trotta da la talla para semejante desafío. Lo urgente es adoptar un plan para atender la emergencia. Será esencial superar los vetos corporativos y, con las cautelas indispensables, abrir las escuelas a las clases presenciales en febrero. La oposición presentó en el Congreso hace meses un proyecto de ley de emergencia, que esta replicado en una docena de provincias.

Con ese instrumento se puede definir que la educación es una actividad esencial y recabar los recursos económicos y jurídicos para restablecer su vigencia y restañar los daños de su prolongada interrupción. En el plano operativo se requerirá información acerca de los “caídos” del sistema. Sobre el servicio estadístico del gobierno y su capacidad para proveer información recae una gran responsabilidad.
En Mendoza el sistema GEM, el más avanzado del país, informa que hubo durante 2020 unos 16.000 alumnos desconectados, de los cuales siguen “caídos” aún ahora 6.000, a pesar de que están identificados y de que la actividad de apoyo y la reanudación de clases presenciales surtieron su efecto (La Nación 13-12-2020, p. 20).
Si suponemos que se repiten los porcentajes en relación a la población, en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Gobernador Kicillof y sus gremios aliados deben hacerse cargo de reenganchar 140.000 niños y jóvenes, con el grave inconveniente de que no saben quiénes son ni dónde encontrarlos.
La magnitud aproximada del retroceso a escala nacional asciende a la friolera de 380.000 chicas y chicos. Imaginar los costos sicológicos y la pérdida cognitiva de esa masa de alumnos grafica bien el impacto de la crisis.
El desafío para la política educacional es superar la emergencia pero también ponerse en marcha para atender y resolver los problemas estructurales, que ya eran acuciantes antes de la pandemia. Es indispensable el despliegue de conectividad efectiva en el territorio y en los sectores populares, factor explicativo de buena parte de la desconexión de alumnos.
También la retroalimentación de información oportuna hacia los ministerios provinciales y el nacional debe lograrse a través de capacidades institucionales para que la administración escolar sea fuente directa de la estadística, a través del registro nominal de la inscripción e itinerario de cada alumno. En cuanto a las mediciones de aprendizajes, hay que reponerlas en 2021 con muestras representativas para preservar las series interanuales y para averiguar los resultados recientes.
Una agenda de problemas públicos elaborada con presteza sería un paso inteligente que el gobierno, la oposición y todos los interesados pueden dar si se pretende que la educación retome la prioridad que merece. Como es evidente, la cuestión ineludible es la emergencia del 2020 y sus déficits, pero otros problemas públicos más antiguos deben situarse en un primer plano, proveyendo la información y los análisis que posibiliten caracterizarlos y ponerlos en palabras claras, sin sectarismo y superando los intereses corporativos. Sobre todo por el paisaje social imperante: según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA hasta octubre de 2020 un 44 % de las personas se situaron por debajo de la línea de pobreza y un 10 % por debajo de la línea de indigencia. Pero, en materia de población infantil esos valores se incrementan varios puntos más.
La Constitución Nacional encomienda al Congreso la sanción de “leyes de organización y de base” para la educación (Art. 75, Inc. 19). La vigente Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006, hace las veces de ley de organización y sus disposiciones no ofrecen de manera suficiente las bases legislativas para una política pública. Recién en su artículo 130 se dispone la planificación entre la Nación y las Provincias y los artículos 135 y 138 determinan grandes objetivos, como la universalización del Jardín de cuatro años, la jornada ampliada en el nivel primario o la efectiva obligatoriedad de la secundaria.
Pero, los quince años transcurridos muestran que el avance en esas materias ha sido lento, discontinuo e insatisfactorio. Los refuerzos asignados en la Ley de Financiamiento para el período 2005-2010 fueron absorbidos por las retribuciones docentes.
Cabe recordar que en 2017, durante la presidencia Macri, el Ministro Esteban Bullrich propuso el Plan Maestro, un conato de ley de base de política pública que contemplaba objetivos, plazos y recursos para diversas prioridades. Es cierto que esos borradores tenían defectos pero el bloqueo agresivo con que el gremialismo y la oposición desalentaron su avance generó que nunca ingresara al Congreso.
De poco sirvió el argumento de que la propuesta se basaba en documentación preparada entre 2009 y 2010 por la Unidad de Planeamiento Estratégico, efímera oficina a cargo de Juan Carlos Tedesco quien había sido antes Secretario y luego Ministro de Educación de las presidencias Kirchner. Los pleitos facciosos entre partidos han perjudicado a la política educacional desde antiguo y siguen obstaculizando las respuestas amplias e integradas.
Tedesco, en su larga trayectoria internacional y nacional, enseñaba que las transformaciones educacionales requerían una combinación de medidas continuadas que atendieran de manera simultánea y sinérgica las cinco dimensiones que conforman a los sistemas escolares y sus establecimientos:
1°) la autoridad y la normativa para la conducción de las escuelas; 2°) la formación, desempeño profesional y justa retribución de los docentes; 3°) la atención hacia los alumnos y la participación de sus familias; 4°) el conocimiento, los valores y las destrezas a impartir; y, 5°) los recursos de infraestructura y equipamiento. Los abordajes parciales, aislados u ocasionales, advertía, serán infructuosos para producir un cambio significativo. A tres años del fallecimiento de quien fue reconocido y respetado por todo el espectro político, seguimos sin escucharlo.
¿Cuáles son los grandes problemas públicos que una legislación puede guiarnos a resolver? El primero, según creo, es la fractura social y la correlación fatídica entre las escuelas oficiales y el bajo nivel de aprendizajes promedio registrados en los estratos menos favorecidos de la población. De su mano viene como síntoma la fuga hacia el sector privado. Ese hecho requiere una enérgica acción pública por estrictos motivos de justicia social.
El segundo problema es la atomización política, es decir el entrecruzamiento de acciones nacionales, provinciales, privadas y gremiales con efectos casi anárquicos sobre los establecimientos que son los sitios decisivos de un sistema, que quedan entones al borde de la ingobernabilidad. Tan así es que los grandes objetivos trazados en las leyes desde 2005 no pueden concretarse.
El tercer problema público, tan grave como los anteriores, es la desjerarquización cognitiva de la escuela. Lo comprueban los resultados de las pruebas estandarizadas frente a las cuales muchos gobiernos suelen “hacerse el oso”. La impotencia general para que los niños aprendan lo previsto se agrava por las disparidades entre regiones y sectores sociales.
Los tres problemas tienen solución y la atención de la emergencia derivada de la pandemia también es complementaria. El Ministro Trotta debe tomar la iniciativa si desea que su gestión sobreviva a la coyuntura. Si se usa el verano del 2021 como una segunda edición de la negligencia que prevaleció en el aciago 2020, el fracaso estará asegurado. Si, en cambio, se lo emplea para la gestación del futuro una amplia coalición de comunidades educativas y la propia oposición lo van a respaldar.

Publicado en Visión Federal el 15 de diciembre de 2020.

Link https://www.visionfederal.com/2020/12/16/cuaderno-de-opiniones-el-dilema-del-verano-por-adolfo-stubrin/