Las organizaciones criminales transnacionales latinoamericanas no son una novedad, ni siquiera en Estados Unidos –donde fueron creadas las dos más antiguas–, pero una de ellas, el Tren de Aragua, de origen venezolano, representa un desafío reciente para ese país y, por lo tanto, para la política de seguridad interior del gobierno republicano que asumirá en enero próximo, encabezado por Donald Trump.
La modalidad de esos grupos reúne una multiplicidad de delitos –robo, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico, trata de personas e inmigración ilegal, entre otros–, así como reglas propias de justicia y hasta de comunicación, y alianzas y enemistades con bandas colegas.
Ese estilo criminal tuvo su origen en Los Ángeles, donde en la década de los 60 del siglo XX surgieron la Mara Salvatrucha (MS) y la Mara Barrio 18 (Barrio 18). Integradas por inmigrantes centroamericanos y mexicanos, fueron expandiendo sus operaciones a otras zonas de Estados Unidos y principalmente a Centroamérica, pero también a Canadá, el sudoeste de Europa y hasta Australia.
Con el tiempo, la MS y Barrio 18 fueron haciéndose fuertes en las cárceles, convertidas en sus centros de planificación y reclutamiento, y se supone que actualmente tienen al menos 200.000 y 50.000 miembros, respectivamente, pese al duro golpe que les infligió en los últimos años el gobierno de El Salvador, con la polémica estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
En las prisiones, pero de Brasil, surgieron el Comando Vermelho (CV, en Río de Janeiro, en 1979) y el Primer Comando de la Capital (PCC, en San Pablo, en 1993). El CV nació como una organización de presos comunes y políticos para luchar contra la dictadura que gobernaba el país desde 1964, pero pronto las diferencias internas la hicieron mutar al delito común y provocaron varias escisiones. No obstante, aún conserva al menos 50.000 miembros y controla cerca de la mitad de las favelas y de las zonas más violentas de Río de Janeiro. Su zona de influencia se extiende por Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.
En cambio, el PCC fue creado como organización criminal y, aunque menos numeroso que el CV –se sospecha que no tiene más de 30.000 efectivos–, es considerado el más poderoso y peligroso de Brasil, donde se anotó algunos récords, como el mayor robo a un banco de la historia de San Pablo, con 32 millones de dólares en 1999, y actúa también en Bolivia, Colombia, Paraguay y Uruguay.
El Tren de Aragua tiene su origen en los últimos años de la primera década de este siglo, en un grupo de dirigentes de un sindicato que cobraba sobornos para colocar empleos en la construcción de un ferrocarril –que nunca se concretó– en el estado Aragua, al oeste de Caracas. No tardaron mucho en dedicarse a secuestros, extorsiones, robos, homicidio y control territorial del narcotráfico, y en absorber por la fuerza a otras bandas locales. Tampoco en radicar su centro de operaciones en la cárcel de Tocorón, en el sur de Aragua, hasta septiembre de 2023, cuando unos 11.000 militares y policías tomaron el control del penal. Los jefes del grupo, avisados, escaparon con unos 500 cómplices.
Ya antes de esa intervención, Tocorón llamaba la atención por sus instalaciones, que incluían piscina, discoteca, restaurantes, un estadio de béisbol y un zoológico, además de una red de túneles que los jefes del Tren usaban para entrar y salir libremente de la prisión.
Tan rápida como su evolución hacia los rubros más duros del delito –a los mencionados fueron sumando minería ilegal, trata de personas y tráfico de armas y chatarra, entre otros– fue su expansión internacional, materializada sobre todo a partir de 2018 y ayudada por el aluvional éxodo de venezolanos. Así alcanzó fuerte presencia en Chile, Colombia y Perú, y, en menor medida, en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México y Panamá, aun cuando se supone que tiene menos de 5.000 miembros.
En Chile se atribuye al Tren de Aragua la mayor responsabilidad por el aumento de 135% de los secuestros en la última década, según un informe reciente de la Fiscalía General, y de la percepción ciudadana de inseguridad, que hizo descender al país al quinto lugar entre los menos seguros, según una encuesta publicada en septiembre por la firma Gallup.
Precisamente en Chile, el Tren de Aragua fue imputado por el secuestro y el asesinato de Ronald Ojeda, un teniente retirado del Ejército venezolano que había sido refugiado por el gobierno chileno. El hecho, que ocurrió en febrero de este año y por el que se sospecha connivencia entre la administración de Nicolás Maduro y el grupo criminal, aún no fue totalmente esclarecido.
Y en mayo, el Tren lanzó una serie de amenazas de bombas a juzgados, que el sitio especializado Insight Crime consideró como una “declaración de guerra” al Estado chileno.
En Colombia, donde hizo pie lucrando con el masivo éxodo de venezolanos y enfrentando con éxito a organizaciones armadas locales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN, antiguamente guerrillero) y la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, paramilitares), el Tren sufrió su peor golpe con la captura, en julio pasado, de Larry Amaury Álvarez, uno de los dos lugartenientes del jefe máximo de la organización, Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero.
En Perú, donde las fuerzas regulares libran una batalla constante contra el Tren y sus muchos socios locales, el año pasado el gobierno declaró estado de sitio en varios distritos –incluido San Juan de Lurigancho, en el área metropolitana de Lima, donde está la mayor cárcel común del país– y sumó al Programa de Recompensas de la Policía Nacional a Niño Guerrero, por cuyo paradero ofreció una suma equivalente a 132.000 dólares, aunque no hay indicios de que haya ingresado al territorio peruano.
Finalmente, el Tren de Aragua llegó a Estados Unidos. Solo desde julio último en adelante, el Departamento del Tesoro lo declaró “organización criminal transnacional” y el Departamento de Estado ofreció 12 millones de dólares en recompensas por datos que conduzcan a la captura de Niño Guerrero, Johan Petrica –el otro segundo de Guerrero– y Giovanny San Vicente. Paralelamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lo designó “organización terrorista”, mientras se ha detectado presencia del grupo en al menos otros nueve estados: Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Luisiana, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia.
