El presidente Milei primero vino por los economistas profesionales (“econochantas”), luego fue por los periodistas (“ensobrados”) y las historiadoras (“parásita”) para, finalmente, atacar a los politólogos.
Poco después de catalogar en un comunicado oficial a nuestra disciplina como un “gasto innecesario” ocupó gran parte de su discurso en el foro mundial de las Davos, para sorpresa de su auditorio, a criticar a Nicolás Maquiavelo uno de los principales pensadores de la política moderna.
A partir de esos ataques miles de sus seguidores en redes se sumaron las diatribas presidenciales exigiendo saber para qué sirve la ciencia política. La situación que vive nuestra hermana república del Peru nos permite contestarles.
El mes pasado fue destituido después de cuatro meses de mandato el expresidente José Jerí y electo para los próximos cinco meses José María Balcázar, el octavo en menos de diez años. En los últimos doce años cinco presidentes terminaron encerrados por presunta corrupción, otro se suicidó antes de entrar a la prisión, seis fueron forzados a renunciar, censurados o destituidos por “incapacidad moral” y todos ellos, incluso Manuel Merino que gobernó cinco días dejaron el cargo con fuertes denuncias judiciales. El Congreso de 130 miembros está completamente fragmentado con pequeños bloques rivales donde sólo uno supera el 10% de las bancas. Las próximas elecciones presidenciales no auguran un cambio en este escenario con 34 candidatos que compiten sin que ninguno supere el 10% en los últimos sondeos.
A su vez, según diversas encuestas, a pocos días de las elecciones que se realizarán el 12 de abril más de la mitad de 27 millones de peruanos habilitados para votar no identifica a los principales candidatos
Sin dudas son varias las causas de esta fragmentación y perdida de legitimidad de la política peruana, pero hay una que viene siendo señalada una y otra vez por los politólogos peruanos, las instituciones políticas que tiene el país desde fines del siglo pasado por su impacto sobre el comportamiento de los actores políticos.
Existe un extendido consenso entre los especialistas, desde Aristóteles a Acemoglu y Robinson, en que la calidad de las instituciones, es decir las reglas formales e informales que ordenan la interacción entre los seres humanos, determina en gran medida el buen funcionamiento de la sociedad. El estudio de las instituciones políticas es precisamente la tarea principal de la ciencia política.
Las instituciones políticas de Perú, lo que llamamos el régimen político, es el resultado de una desaconsejable combinación de las tres formas de gobierno republicano que existen el mundo, el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo. Cada una de ellas tiene su lógica y pueden gustar más o menos, pero permiten la constitución y supervivencia de gobiernos relativamente fuertes.
En el caso peruano los ciudadanos eligen a un presidente que a su vez designa a sus ministros, como ocurre en los presidencialismos, pero todos ellos requieren el acuerdo del Congreso, tal como sucede en los regímenes parlamentarios. Asimismo, los ministros pueden ser miembros del parlamento, con lo que el sistema se aleja aún más de la división de poderes que caracteriza al régimen presidencial.
A su vez el Congreso puede destituir a los ministros, individualmente o a todo el gabinete, mediante un simple voto de censura y al mismo presidente, sin tener que recurrir a una figura como el juicio político, a través del mecanismo de declarar la vacancia por “incapacidad moral” en el caso del presidente. Al tener un solo cámara, la de diputados y no existir un Senado que, como en el caso argentino, pueda actuar como cámara revisora, el procedimiento es muy sencillo, bastan los dos tercios para destituir a un presidente electo y la simple mayoría para hacerlo con uno designado por el propio Congreso.
Si bien el presidente, según la constitución, puede disolver el Congreso de manera similar a lo que ocurre en los regímenes semipresidencialistas, éste ha dictado una serie de normas que vuelven prácticamente imposible su disolución.
Si en el país existieran, como ocurrió en el pasado, partidos políticos fuertes presentes en todo el territorio nacional la situación no sería tan grave, pero esto no ocurre más y es en buena medida por las instituciones electorales. El Congreso es electo en 27 distritos que en su mayoría designan un pequeño número de diputados con un sistema de preferencias, todo lo que lleva a una extrema personalización y fragmentación de la cámara con gran poder de los grupos locales de presión, desde las universidades y clínicas privadas hasta los contrabandistas o los vinculados con el narcotráfico.
En síntesis, las instituciones producen presidentes muy débiles, congresos fuertes para destituirlos y partidos que se inventan para cada elección por lo que no pueden ser “controlados”, ni premiados ni castigados, por la ciudadanía.
Durante muchos años algunos entendieron esta debilidad de la política como algo positivo. El orden macroeconómico estaba garantizado por un Banco Central independiente con un presidente que lo dirige desde hace casi veinte años. Sin embargo, esta incapacidad de la política frente a la economía tiene cada vez más consecuencias. Por un lado, el crecimiento que muestran todos los indicadores económicos no llega a impactar positivamente en los ingresos de la población que frente a una creciente desigualdad y la cada vez peor provisión de bienes públicos, salud y educación especialmente, continúa emigrando del país o cayendo en manos de los crecientes carteles del narcotráfico, lo que conduce a una inseguridad y violencia creciente. Por el otro, una dirigencia política cada vez más débil e irresponsable y condicionado por los poderes locales no sólo será incapaz de mejorar la vida de la población, sino que, más temprano que tarde, pondrá en tensión el orden macroeconómico no por tenciones democráticas sino por los intereses cada vez más particularistas.
La ciencia política del país no solo viene explicando y alertando sobre esta situación sino, lo que es más importante, proponiendo las formas para resolverla. Para estas elecciones se ha logrado restablecer la segunda cámara, el Senado, lo que puede ser un paso positivo, pero queda mucho camino por recorrer. Básicamente el país debe decidir si quiere un régimen presidencial, uno parlamentario o uno semipresencial y adecuar todas las normas a ello. En cuanto al sistema electoral es imperioso frenar la fragmentación y desnacionalización de los partidos para la cual establecer un distrito único con representación proporcional parece el camino más adecuado, más aún cuando el restablecimiento del Senado genera un ámbito genuino para la representación de los intereses locales.
La experiencia de Perú demuestra con claridad los riesgos que supone el traslado acrítico de instituciones diseñadas para otros regímenes políticos a los existentes y la necesidad de que las reformas institucionales sean estudiadas y evaluadas por expertos antes de su concreción. A su vez este caso nos presenta una excelente oportunidad para ver los riesgos que supone creer que bastan las instituciones económicas fuertes, como el Banco Central del país, para garantizar condiciones de desarrollo sostenible. Una política débil puede ser entendida por algunos como algo positivo para reducir las “interferencias” que el sistema democrático ejerce sobre la economía, recuperando así el sueño tecnocrático que implementaron varias dictaduras militares latinoamericanas el siglo pasado. Sin embargo esta idea, este sueño para pocos, como bien demuestra la historia, termina siempre fracasando.
Publicado en Universidad Arturo Jauretche el 6 de abril de 2026.
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