Una “ley ómnibus” como primera medida legislativa es un error. Deja en evidencia la falta de un plan de gobierno, ingenuidad política y desconocimiento de los dispositivos institucionales.
El argumento, lacónico y pobre, es que es lo que “votó la gente”. Y aquí nomás empieza la confusión: está claro lo que una gran mayoría no quiere más; el voto fue un basta rotundo a un sistema de valores que pone el acento en el Estado y una inflación de los derechos, sin obligaciones como contrapartida. Lo que llevó al país a un estado ruinoso luego de veinte años de fantasía.
Lo que no está tan claro es lo que quiere en su reemplazo y cómo. Nadie lo sabe, ni el gobierno electo, que fue desdibujando los pilares de su plataforma electoral: quedaron en el tintero la dolarización, la libre compra venta de órganos y de armas. Poco y nada quedó sobre la mesa, salvo una ley de contenido desconocido, elaborada en el laboratorio de la academia con los buenos oficios de (¿des?)interesados estudios jurídicos.
Ese sería el nuevo plan de gobierno, en estado de elaboración a días de asumir, con contenido y alcance mutante, bajo los auspicios de conflictos de intereses y colonizaciones del poder, facilitados por falta de partido político y equipos.
Cualquier cambio de sistema tan profundo de un país requiere tres ejes: transparencia, eficacia y control.
Lo primero es saber de qué estamos hablando, para que todos, especialmente los representantes del pueblo (Congreso), puedan sopesar la profundidad del giro que estaríamos por dar; suficiente ya con el abandono de banderas que se ha hecho. Lo segundo es asegurarse que la norma tenga la potencia y armonía suficientes como para
que el giro no sea una ilusión, en un país de la inflación legislativa que no lleva a ningún lado. Lo tercero es aquello de que cuatro ojos ven más que dos, reflejado en el control republicano, que se da en una doble instancia temporal: legislativo y judicial.
Una “ley omnibus” es un atentado contra esos tres ejes. Un caballo de Troya, cuyo propósito escondido detrás de infinitos artículos es precisamente que nadie entienda, para que nadie controle. ¿Y qué eficacia puede tener una norma que nadie sabe de qué se trata? Ni transparencia, ni control, y por tanto ni eficacia. Agravado todo por un aspecto: estratégicamente es un yerro, porque una picardía anunciada es casi como el cuento del pastor mentiroso de Esopo en su fase final: todo el mundo sabe lo que está por venir, y actúa preventivamente en consecuencia. Unos sacarán ventajas en el Congreso; otros irán a la justicia, en base a las debilidades de una norma amorfa.
En Roma una ley llevaba el nombre del autor, que se hacía responsable de su contenido, al punto que podía ser castigado por la justicia si era inicua.
Lo que falta en Argentina es hacerse cargo, con un plan de gobierno claro, no miles de parches al sistema de derecho que generan un gran desorden. Una ley ómnibus que emula bucólicamente tiempos pasados (y pisados), es empezar con el pie izquierdo en un escenario acuciante.
