La oposición se despachó hoy con fuertes críticas hacia el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Nicolás Mayoraz, por no haber convocado a un plenario de comisiones que hubiera permitido acelerar el proceso de creación de una comisión investigadora vinculada a las muertes por fentanilo contaminado.
Mayoraz pudo frenar el avance debido a que la comisión cabecera para tratar los distintos proyectos presentados (inclusive uno de una aliada del oficialismo como Silvana Giudici) es Asuntos Constitucionales, por lo que hubiera sido necesario que santafesino libertario citara a una reunión conjunta con la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para avanzar con la firma de los dictámenes.
A la oposición no le quedará otra alternativa que obligar a Mayoraz a convocar a Asuntos Constitucionales a través de un emplazamiento votado en una próxima sesión.
El problema es que todo este recorrido consumirá tiempo y tampoco está claro cuándo habrán condiciones políticas de abrir el recinto para una próxima sesión.
El objetivo es que la comisión investigadora pueda darse un proceso serio de investigación y concluir su tarea antes del recambio legislativo, por lo que de poco serviría poner en funciones este cuerpo especial en octubre y dictaminar a las apuradas, dada la urgencia que tiene darle una respuesta institucional a los familiares desde el Congreso nacional.
El cálculo del oficialismo es que la oposición utilizará la comisión investigadora como plataforma para castigar al Gobierno por el desguace de los organismos de control (INAME y ANMAT) y las fallas en los controles ocurridos durante la actual administración libertaria.
Regalarle ese escenario a la oposición en la antesala electoral, suponen en La Libertad Avanza (LLA), sería de una torpeza imperdonable y un tiro en el pie innecesario.
La diputada del PRO Silvia Lospennato quedó en un lugar incómodo porque, como parte de un bloque aliado al oficialismo, tuvo que salir a poner la cara para aclarar que le había enviado tres notas a Mayoraz con el pedido para que activara el trabajo conjunto, y además se permitió una crítica al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por darle giro de cabecera a Asuntos Constitucionales y no a la comisión de Peticiones que ella preside.
La diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll fue una de las primeras en quejarse por la actitud de Mayoraz.
“Este caso necesita resolución rápida. Hay que tener un familiar muerto por fentanilo, ¿me entendés?. Parecen que son de plástico”, recriminó.
Y añadió: “Yo soy de las enfermeras que cuando van a destapar el fentanilo piensa si no va a matar un paciente. Para esto debería venir y después que se vuelva a ir. Si hay autos de la cámara que los llevan y los traen. Hay que reclamarle que venga”.
En la misma sintonía, su compañero de bloque, Christian ‘Chipi’ Castillo, expresó que “habiendo presentado todos los espacios políticos la necesidad de una comisión investigadora, resulta muy llamativa la negativa del presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales a hacer la reunión”.
“Él debería dar el motivo político. El primer proyecto lo presentó una diputada alineada con el oficialismo (por Giudici). Aparentemente todos queremos investigar algo que tiene una enorme gravedad. Los familiares, algunos con los cuales hablé, tienen un interés muy grande de que acá se investigue”, resaltó.
A su turno, Giudici explicó que “todos queremos que los responsables vayan presos” e indicó que ella personalmente se viene ocupando desde el 29 de mayo.
“No quería dejar la sensación de que hay un grupo del oficialismo o de los aliados del oficialismo que no queremos trabajar”, aclaró.
Pese a la imposibilidad de dictaminar por la falta de voluntad de Mayoraz, la Comisión de Peticiones avanzó con la presentación de dos anteproyectos con firmas, que difieren especialmente en la metodología de integración de la comisión investigadora.
Lospennato propuso que se trabaje sobre la base de una comisión regular, como indica el reglamento, con 31 integrantes y con un criterio de proporcionalidad D´Hont y sujeto a implementación por parte de la Presidencia de la Cámara.
Castillo pidió que se reserven lugar para los bloques chicos que, como la izquierda, mostraron mayor interés y presentaron proyectos.
La diputada del PRO le aclaró que eso es lo que se suele hacer como costumbre, y Paula Penacca (Unión por la Patria) propuso que los bloques más grandes que cedieran espacios que le corresponderían por D’Hont pudieran elegir a qué fuerzas políticas otorgarles esos lugares según criterios de afinidad política.
Lo que la camporista quiere resguardar es que si Unión por la Patria (UxP) decidiera hipotéticamente ceder un lugar, que ese espacio no sea otorgado por Menem a un representante de un bloque que tenga una postura política diametralmente opuesta, como podría ser el caso de LLA.
“Si nosotros tardamos muchas semanas en ponernos de acuerdo sobre la integración nos va a pasar que vamos a llegar a fin de año sin completar la integración y no le vamos a dar respuesta a nadie”, advirtió Lospennato.
El diputado de la UCR Fabio Quetglas planteó que “acá hay una primera víctima que es la víctima de la tragedia que falleció o padeció lesiones y hay una segunda víctima que es el profesional de la salud que tiene que volver a intervenir y abrir un frasco de anestesia”.
“El punto nodal de un sistema de salud es la confianza. Sin confianza, el sistema de salud colapsa”, advirtió.
Continuó en el uso de la palabra la ex diputada del PRO y actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos (organismo creado por una ley del 2018), María Luján Rey, quien fue invitada a la reunión por Lospennato.
“El contacto que tenemos con las víctimas es el de asesorar, acompañar, impulsar aquellas inquietudes o proyectos que nos acerquen y derivar al Ejecutivo que es el que tiene que dar respuesta”, explicó la madre de un joven fallecido en la tragedia de Once del 2012.
En tanto, Rey señaló que “hoy el fentanilo tiene víctimas diseminadas por todo el país. a diferencia de lo que nos pasó a nosotros que nos ocurrió en un solo momento y un solo lugar”.
Por su parte, Lospennato afirmó que en el caso del fentanilo “no hay dudas de que hubieron acciones u omisiones que corresponden a este período de Gobierno en su facultad de control pero tampoco hay dudas de que ese laboratorio no es la primera vez que incumple”.
“La investigación no puede detenerse en la responsabilidad de cuatro funcionarios. Si nos interesa la verdad tenemos que investigar todo y no con un parche en el ojo”, enfatizó.
Y sostuvo que “por eso estamos poniendo que el periodo de investigación también incluya sobre como se habilitó este laboratorio porque yo me permito creer que esto no empezó en diciembre de 2023 y que es muy probable que hubiera connivencia antes con estas personas”, cerró.
