La oposición en la Cámara de Diputados volvió hoy a la carga con proyectos para garantizar el financiamiento docente universitario, al cumplirse un año de la marcha universitaria que llenó las calles del país tras el veto del presidente Javier Milei a la ley que preveía los recursos necesarios para el funcionamiento de la casas de estudios y la correspondiente actualización de las partidas.
Por un lado, los diputados nacionales Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), con firmas de todo el espectro de la oposición dialoguista, presentaron un proyecto de ley que busca garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público argentino.
Del mismo modo, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Pablo Carro presentó un proyecto de ley que también apunta a los mismos objetivos, con mecanismos de actualización de las partidas para el funcionamiento y el pago de salarios docentes y no docentes.
La iniciativa de Tavela y Ferraro propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes, al tomar como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año.
Esta fórmula toma como principal parámetro indexatorio la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y establece ajustes trimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada.
Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
Por otra parte, el proyecto otorga un rol protagónico a la Auditoría General de la Nación (AGN), que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos.
Además de Tavela y Ferraro, la iniciativa fue acompañada por los diputados Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
La iniciativa presentada por el kirchnerista Carro está en la misma sintonía ya que instruye al Poder Ejecutivo nacional a “actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.
La actualización de la partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento debe realizarse mediante ajustes bimestrales y es retroactiva al 1 de enero del 2025.
En tanto, el Poder Ejecutivo debe recomponer “los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período”.
A partir de esa base, con los salarios ya recompuestos, “se negociarán las paritarias a nivel general del sector docente y no docente”.
La responsabilidad de actualizar partidas no se agota en gastos de funcionamiento y salarios de las distintas universidades nacionales públicas repartidas en todo el país, sino que abarca también a los hospitales universitarios, programas de extensión universitaria, de Ciencia y Técnica, escuelas preuniversitarias, etcétera.
Al igual que en el proyecto de la oposición dialoguista, la iniciativa de UxP plantea la intervención de la AGN para el control del cumplimiento de las disposiciones de la norma, y tendrá la tarea de remitir informes periódicos al Congreso.
Del mismo modo, este proyecto del kirchnerismo también exige la ampliación anual y progresiva del monto de las becas estudiantiles, actualizado con índices no menores al IPC sobre la base de las ejecuciones del año 2023.
La iniciativa de Carro lleva también las firmas de sus pares de bancada Ana Carolina Gaillard, Itai Hagman, Jorge Ricardo Herrera, Mònica Macha, Sergio Palazzo, Sabrina Selva, Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi y Hugo Yasky.
En los fundamentos del proyecto, Carro recordó que “en octubre de 2024 la Cámara de Diputados intentó ratificar la ley vetada, pero lamentablemente no pudo llegar a los dos tercios necesarios”.
Según advirtió, “desde ese momento, los docentes universitarios han perdido aproximadamente un tercio de su poder de compra, pérdida que está por encima de la que sufrió el resto de la clase trabajadora”.
“Según datos del Grupo Economía, Política y Ciencia, la masa salarial docente en las universidades nacionales descendió un 47,9% en términos reales respecto de 2023, y la masa salarial no docente lo hizo un 43,8%”, detalló.
En conjunto con este proyecto, el diputado cordobés presentó una iniciativa de consulta popular vinculante para determinar si en términos generales la población está de acuerdo con los términos de la ley de financiamiento universitario vetada por Milei el año pasado.
Diputados buscan volver a tratar el financiamiento para las universidades
