Tres bloques de la Cámara de Diputados presentaron proyectos para crear una comisión investigadora que ponga la lupa en las fallas de los controles estatales y las responsabilidades de los organismos públicos y de los laboratorios implicados en el caso del fentanilo contaminado.
Luego de que el PRO presionara con insistencia a través de la figura de Silvana Giudici, quien llevó al Congreso a familiares de víctimas, la Comisión de Salud, presidida por el peronista Pablo Yedlin, firmó un dictamen unificado con un exhaustivo pedido de informes a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Entre las consultas, se solicitada información detallada sobre cantidad de casos y muertes confirmadas, discriminadas por edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.
También exigen conocer la cronología de la detección del brote, incluyendo los primeros signos de alerta, protocolos activados por el Ministerio de Salud y Anmat, y las medidas adoptadas con posterioridad para la remediación, control de daños y sanción a los laboratorios.
A su vez, piden información sobre la cantidad y tipo de lotes contaminados, los resultados de los análisis microbiológicos y si tienen conocimiento de medicamentos potencialmente adulterados que aún estén en circulación en el mercado.
Otro aspecto sobre el que ponen la mira es la composición accionaria de los laboratorios implicados (HLB Pharma S.A. y Ramallo S.A.), cuándo obtuvieron habilitación para producir esos medicamentos y las inspecciones realizadas por Anmat.
Uno de los proyectos de resolución presentados para crear una comisión investigadora en el seno de la Cámara Baja tiene como autora a Giudici, del PRO, mientras que Democracia para Siempre presentó otra iniciativa similar, al igual que Jorge Araujo Hernández de Unión por la Patria (UxP).
La propuesta de la legisladora cercana a Patricia Bullrich apunta a solicitar informes, documentos y antecedentes de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico.
A su vez, propone convocar a funcionarios públicos y terceros interesados en los casos de fentanilo contaminado a los fines de proporcionar información.
La comisión estará facultada para recepcionar denuncias escritas u orales, y material probatorio sobre el objeto de la investigación, como asimismo presentar denuncias ante los organismos competentes.
Giudici propone un plazo de tres meses para concluir la investigación con un informe detallado de los hechos y conclusiones, para luego remitir el documento al Poder Judicial o al Ministerio Público de la Nación.
En tanto, el proyecto de resolución de Democracia para Siempre se enfoca en crear una comisión, con tres meses de plazo, para concluir su actividad investigativa a los fines de “determinar el grado de participación y responsabilidad de los organismos del Estado Nacional y el laboratorio HLB Pharma, así como todos aquellos privados que formaron parte de la cadena de compra y distribución de los lotes alterados”.
“Al igual que hicimos cuando planteamos la creación de una comisión investigadora por el caso Libra, creemos que el Congreso debe abocarse a investigar este hecho gravísimo que tiene en el centro de la escena a la Anmat y que se ha cobrado casi cien vidas”, explicó el presidente de ese bloque, Pablo Juliano.
Y aclaró que “la misión de una comisión investigadora de determinar las responsabilidades políticas e institucionales de ninguna manera se superpone a la tarea que hace la Justicia de buscar responsabilidades penales”.
Por su parte, Carla Carrizo, también de Democracia para Siempre, señaló que “no alcanza un pedido de informes”, ya que además es necesario que “se cite a los responsables de la Anmat para saber cómo es que estaban estos laboratorios autorizados”.
“Tenemos un Estado poroso, no controla como corresponde”, alertó la diputada radical.
Para evitar lo que sucedió con la comisión investigadora Libra, esa iniciativa prevé en su articulado un mecanismo de desempate a la hora de elegir las autoridades de la comisión.
El proyecto de Araujo Hernández se diferencia de los anteriores en el sentido de que propone crear una subcomisión dentro de la comisión de Salud, sin necesidad de crear una nueva comisión.
