La creciente desigualdad de la sociedad norteamericana, la crisis económica y el telón de la pandemia hacen que Joe Biden desempolve el “libro de jugadas” de Franklin D Roosevelt. Otros tiempos, mismos problemas.
Al igual que Roosevelt, Biden aboga por la sindicalización, el aumento de los salarios y la intervención del Estado en la economía mediante el estímulo fiscal. No es que ambos presidentes hayan sufrido un ataque de socialismo súbito, ocurre que la dinámica del capitalismo está deteriorando a la sociedad norteamericana tal como ocurrió con la crisis de 1930. Antes, como ahora, el mercado necesita la imperiosa ayuda del Estado para poder mantener la cohesión social dentro de un mismo marco de reglas.
La excepcionalidad de la pandemia puede disfrazar muchos de estos cambios progresistas, debajo de los cuales los negocios se siguen haciendo como siempre. Roosevelt se negaba a participar de la Segunda Guerra porque estaba muy ocupado en reconstruir la economía de su país, que además fue azotada por uno de los primeros fenómenos del cambio climático por sobreexplotación de la tierra: el “dust bowl”. Biden también repliega las fuerzas armadas de Afganistán, luego de 20 años de una lucha destructiva para los afganos y muy rentable para los contratos de los señores de la guerra que embolsaron unos 74.000 millones de dólares, con un costo en vidas de soldados profesionales norteamericanos (no como en Vietnam, que eran conscriptos civiles) de 2500 almas.
Ahora, el mega proyecto de 2 billones de dólares volcados al mercado interno atraerá a las empresas de vuelta a casa, mientras Biden se apresta a reconstruir la diplomacia destruida por su antecesor para hacer frente a los problemas del orden mundial. El presidente paga el costo político de la derrota militar de Afganistán que desde hace diez años atrás deberían haber pagado Barak Obama o Trump.
La pandemia también ha posibilitado que millones de norteamericanos empobrecidos y asfixiados por las deudas o desempleados reciban planes de asistencia financiados por el gobierno – e incluso por las empresas que otorgan licencias y opciones de teletrabajo – y puedan estar en condiciones de plantear ciertas exigencias ante empleadores que deberán hacer lo que Biden recomendó: “Páguenles más”, susurró hace dos meses en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Toda la situación contrasta con los últimos 40 años de reestructuración del mercado laboral, que en gran medida ha sido infligida a los trabajadores.
Lo que parece instalarse nuevamente, como durante la década del ’30 es el conflicto de clases que el Estado de Bienestar logró enfriar y que la crisis del petróleo y la caída del Muro de Berlín borraron del mapa para reemplazarlo por la vigencia de un liberalismo renovado, que a la vez desequilibró el balance social, generando mucha riqueza, pero con una gran desigualdad.
En este contexto, Biden está desempolvando la receta de Roosevelt: que el fortalecimiento de las “fichas de negociación de los empleados”, como dijo, alienten a los empleadores a aumentar tanto los salarios como la productividad laboral y, por ende, la producción a la espera del crecimiento fuerte de la demanda: la fórmula keynesiana.
Para el pensamiento ricardiano estándar, la oferta y la demanda de trabajo coinciden cuando a los trabajadores se les paga exactamente su contribución marginal a la producción. Si exigen más o los gobiernos lo hacen en su nombre, el resultado será desempleo e ineficiencia, ya que las empresas prefieren reducir la producción.
Cada crisis del capitalismo, como la actual, reaviva el interés por las teorías económicas heterodoxas, uno de cuyos exponentes es el economista polaco y pionero en teorías del desarrollo Michal Kalecki, quien advertía que ante la posibilidad de que el Estado intervenga la economía con un estímulo fiscal: “En esta situación, es probable que se forme una alianza poderosa entre las grandes empresas y los intereses de los rentistas, y probablemente encontrarán más de un economista que declare que la situación es manifiestamente incorrecta”.
El polaco abogó por un “capitalismo de pleno empleo”. Lograr eso depende de promover una visión ilustrada del interés propio de los propietarios del capital: lejos de que el conflicto de clases sea un juego de suma cero, los incentivos a la productividad con un mayor poder de los trabajadores también pueden impulsar las ganancias.
No es necesario ser un economista marxista para ver el riesgo de un razonamiento políticamente motivado. Si las políticas de Biden tienen éxito, el activismo fiscal para mejorar el poder de negociación de los trabajadores contará con un fuerte apoyo que se mantendrá en su lugar también durante los buenos tiempos, tal vez hasta que, ante los inconvenientes del estancamiento, nuevas usinas de pensamiento reverdezcan el ideario liberal.
