Veamos dos escenarios en el terreno político. En el primero, en plena actividad, sobresale el Congreso Nacional; en el segundo, se destaca el proceso electoral de este año que culminará, después de recorrer varias estaciones provinciales, en los comicios de medio término del 26 de octubre.
Por el momento es evidente que el Congreso está recuperando músculo opositor. Un Gobierno minoritario defiende el núcleo fiscal de su política haciendo uso del veto a las leyes votadas por el Congreso. Tal estrategia denota la capacidad que la Constitución otorga al poder presidencial. En ausencia de una mayoría legislativa, el Poder Ejecutivo juega su fortuna haciendo valer el tercio de legisladores que impida al Congreso, luego del veto, insistir con las leyes oportunamente votadas.
Este es el resultado de un Gobierno que, no está dispuesto a entablar con partidos afines coaliciones de gobierno de largo alcance para obtener mayorías estables. Nada de eso: el procedimiento adoptado es el de negociar cada ley particular y, en el caso de no alcanzar ese objetivo, recurrir al veto del Presidente.
De tal suerte, contra lo que se espera de la democracia representativa fundada en el gobierno de la mayoría, hoy mantenemos con dificultad un régimen fundado en una minoría que se abroquela en el veto y luego en el tercio de legisladores que rechace la insistencia del Congreso en las leyes que ha dictado.
La victoria del Ejecutivo en estos trances legislativos es cada día que pasa más precaria, aunque no le fue tan mal en circunstancias previas. Por eso sigue prevaleciendo un estilo de gobierno de carácter “ejecutivista” y de ánimo polarizante que, a su vez, saca provecho del faccionalismo que cunde en rangos opositores.
Va de suyo que el ejecutivismo debe afrontar en una democracia sucesivas pruebas electorales. Concurrimos a las urnas marcando niveles de participación muy bajos hasta que, de ser posible, las próximas elecciones modifiquen este dato. Al respecto, hay dos métodos en juego: por un lado, el que impone la Constitución y, por otro, el que se ha armado empíricamente.
Elecciones cada dos años a las que acompaña una cadena de comicios que comienza en las provincias y culmina hacia finales de año, con la elección de legisladores nacionales. Sobre esta intensidad electoral planean estrategias. Una consagrada a mantener la situación de los gobernadores de provincia (hoy mismo se la probará en la provincia de Corrientes); la otra que pone en juego la mitad de las bancas legislativas en la Cámara de Diputados y el tercio en el Senado.
Si bien ambas estrategias tienen referentes diversos, la malformación de nuestro federalismo y la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires de desligar, por vez primera, la elección provincial de la nacional tiene, indudablemente, un impacto mayúsculo debido al peso demográfico de dicho distrito.
En semejante encuadre, el Gobierno pone a punto la estrategia polarizante que resultó exitosa en las pasadas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Merced a ello, la polarización excluyente fractura el régimen representativo en un combate a todo o nada que se dirime entre amigos o argentinos de bien confrontando con enemigos o argentinos repudiables.
El Gobierno ha hecho suya, pues, una herencia kirchnerista y busca reproducirla con instrumentos ya probados en otras oportunidades. Entre ellos, el gobierno de familia de los hermanos Milei junto con el aporte táctico de dirigentes provenientes del tronco menemista.
Lo que, pues, se discute no son las divergencias naturales que surgen de una competencia democrática sino la dramática opción entre el aún precario orden económico de una nación endeudada, lo que diariamente escrutan los mercados, y el abismo que podría abrirse en el caso de un retorno del kirchnerismo.
Por tanto, la polarización excluyente supone un cálculo electoral atento a la administración del miedo que en muchos provoca la probabilidad de recaer nuevamente en el azote de la crisis. El miedo alienta el voto de quienes, sin entusiasmo y en vista del retroceso que podría reaparecer, se tapan la nariz o miran al costado cuando emiten el sufragio a favor del oficialismo.
La opción entre el orden económico en marcha o la vuelta del kirchnerismo tiene además en cuenta la declinación de un Centro político sometido al embate de un gobierno decidido a cooptar retazos de otros partidos para incorporarlos a su lista de candidatos vestidos de color violeta (tal la encrucijada que soportan el radicalismo y el PRO). Como venimos diciendo desde el año pasado, el faccionalismo que cunde en los partidos opositores ajenos al oficialismo y al kirchnerismo, hunde sus raíces en la tradición de armar partidos oficialistas desde el Estado con los recursos que ofrece el Gobierno.
La debilidad del espacio centrista, bien se ha dicho, abre paso a la ilusión de mantener vivo un protagonismo perdido. Nos basta con recorrer las listas de candidatos centristas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires para subrayar con más énfasis lo que el faccionalismo genera: la erosión que sufre la virtud de asociarse entre iguales sobre la base de principios comunes. Los principios están; lo que falta es la capacidad para formar partidos en el contexto inédito de una transformación profunda en el campo de la comunicación política.
La pregunta es desafiante: ¿está el Centro democrático definitivamente pulverizado o acaso insinúa una reconstrucción? Dejemos abierto el interrogante a la espera de los resultados electorales, mientras el día a día de la política económica muestra signos de fragilidad y asoman en el Gobierno graves sospechas de corrupción.
Publicado en Clarín el 24 de agosto de 2025.
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