Rosa Ruiz está convencida de que su hijo, Yerri Estrada, ha sido torturado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como “El Nuevo Chipote”, en Managua. Una golpiza que le propinaron en agosto de 2025 lo dejó irreconocible. Ya no es el mismo joven sonriente que soñaba con ser médico y salvar vidas. Sus torturadores lo dejaron con los labios inflamados, los ojos cerrados por los hematomas y las manos ensangrentadas. “Mi mayor temor es que no aguante la tortura y muera”, denuncia. El miedo por su muerte es una constante que le provoca temblores en el cuerpo todos los días, a todas horas.
La angustia de Ruiz, una mujer de 58 años que tuvo que exiliarse en Estados Unidos en 2022, aumentó después de que se conocieran los fallecimientos de los opositores Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, ambos de 64 años, detenidos durante redadas policiales de julio y agosto pasados en los departamentos de Managua, Carazo, Rivas y Granada.
Se enteró del arresto de su hijo el 14 de agosto, un día después de que ocurriera, a las 12:00 del mediodía. Ese día estaba descansando en su apartamento tras una jornada extensa de trabajo cuando, de pronto, timbró su teléfono móvil.
Su hija no tuvo otra opción que darle la noticia que su hermano de 30 años fue secuestrado por policías del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que no se trataba de una simple captura, con fines de intimidación por haber integrado el Consejo Político de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Fue arrestado en el hospital Amistad Japón de Nicaragua, en Granada, donde había empezado su residencia médica. La dirección del centro hospitalario lo llamó por la megafonía. Lo esperaban policías que, primeramente, lo trasladaron a una prisión de esa ciudad y, seguidamente, lo llevaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, conocida como “El Nuevo Chipote”, relata Ruiz. Dos días después del arresto, su madre supo que fue torturado.
Allanamientos violentos
Las detenciones policiales contra opositores nicaragüenses han dejado a 33 personas en situación de desaparición forzada, 13 de estas mujeres, según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua. Fuentes cercanas a los detenidos relataron que los operativos nocturnos han estado marcados por allanamientos violentos de fuertes dispositivos policiales y técnica canina. La violencia no es una novedad. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos se preguntan qué está ocurriendo en los centros de detención del régimen para que en una semana hayan muerto dos personas.
“Lo que podemos asumir es que no es casual que dos personas pierdan la vida en los centros de detención sin que haya habido violencia dentro de las cárceles. No tiene otra explicación que no sea el uso de tortura”, dice Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica.
No es la primera vez que opositores mueren bajo resguardo estatal. Con los fallecimientos de Alonso Petri y Cárdenas Zepeda ya suman seis, entre ellos Humberto Ortega y Hugo Torres, antiguos miembros del Frente Sandinista, de quienes la dictadura brindó algún tipo de información sobre su salud durante el tiempo que estuvieron detenidos. Pero, en el caso de los recientes decesos, ha guardado silencio.
Los familiares de Cárdenas Zepeda se enteraron de su muerte 12 días después de que fuera detenido y sometido a desaparición forzada, mientras que los de Alonso Petri, a los 38 días. La incertidumbre de las familias por el paradero de sus seres queridos viene acompañada de un periplo por hospitales y centros de detención en busca de algún dato que les confirme que, al menos, siguen con vida. Incluso se acercan a partidarios del régimen sin encontrar respuesta a sus preguntas. Y cuando las hay, suelen ser fatídicas.
La esposa de Alonso Petri recibió una llamada del Instituto de Medicina Legal (IML) para que reconociera el cadáver, y la familia de Cárdenas Zepeda fue informada del deceso por autoridades del régimen. Y esa es la llamada que Rosa Ruiz, la madre del joven médico detenido en Granada, teme recibir.
Las zozobras de las familias
Sadie Rivas, una joven de 25 años y activista feminista exiliada, publicó el 21 de junio un vídeo en TikTok advirtiendo que la vida de su padre, el exmilitar Aníbal Rivas Reed, de 61 años, se encontraba en riesgo. Abogó por la libertad de su progenitor, condenado a 50 años de prisión por “traición a la patria”, y 13 presos políticos más que, para entonces, se encontraban en situación de desaparición forzada.
“No sabemos nada de ellos, no sabemos dónde están, no sabemos en qué condiciones los tienen”, dijo visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. Hace un mes logró obtener información de que su padre se encontraba en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”.
“Mi papá no está bajo desaparición forzada, pero nos unimos a la preocupación de toda las familias [que no tienen información de sus familiares]. No sabemos cómo está mi papá y nuestro temor es por su vida”, dice. El militar retirado padece de artritis degenerativa y problemas gastrointestinales. Y el dolor de que sus tres hijos estén lejos de él, en el exilio.
“Es agotador no tener respuesta de las autoridades. La actitud del régimen es un método de tortura que te desgasta física y emocionalmente. Con las recientes muertes se intensifica el miedo, la angustia, el temor de no saber si vamos a volver a nuestros familiares”, dice la joven.
Desde 2018, el régimen de Ortega y Murillo viola las normas internacionales que establecen estándares mínimos de dignidad y protección de los reclusos, entre estas las Reglas Mandela y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Organización de Naciones Unidas considera que la falta de información oficial sobre “la suerte o el paradero” de la persona es una forma de desaparición forzada. “La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir terror en los ciudadanos”, dice el organismo global.
Un patrón cruel y perverso
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), considera que las dos recientes muertes de presos políticos bajo desaparición forzada representan un patrón cruel y perverso que genera mucha preocupación.
“El régimen, en un período de tiempo muy corto, desaparece a personas disidentes y entrega esos cuerpos a sus familiares. Lo que vemos desde la distancia, tratando de comprender el mensaje, es que pareciera que el régimen quisiera normalizar la situación e indica que el Estado se toma para sí mismo esa práctica, que constituye un crimen bajo el derecho internacional”, dice la defensora de derechos humanos, al tiempo que denuncia que las recientes muertes de opositores cruzan las líneas más mínimas, que “es la desaparición arbitraria de la vida”.
El informe ¿Dónde más busco?, ¿qué más hago?, ¿ante quién denuncio?, elaborado por UDJ, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y Raza e Igualdad, confirma que entre 2018 y 2025 se consolidó un patrón de represión en Nicaragua que incluye más de 2.000 detenciones arbitrarias ejecutadas por policías o parapolicías.
Pineda, directora de la UDJ, expresó preocupación por las muertes de Cárdenas Zepeda y Alonso Petri, ya que ocurrieron sin ninguna advertencia sobre problemas de salud y, aún más grave, porque a los familiares se les exigió un entierro exprés, sin posibilidad de ver los cuerpos.
“Eso no había sucedido antes. Están cruzando un umbral que no habían cruzado antes”, alerta. Es decir que el régimen ya no solo encarcela, sino que mata y silencia las muertes de sus opositores.
La última comunicación que Rosa Ruiz tuvo con su hijo Yerri Estrada ocurrió un día antes de que fuera detenido por fuerzas represivas del régimen. “Hola, mamá. ¿Cómo estás?”, escribió el 12 de agosto. Ella le respondió horas después preguntándole dónde se encontraba, pero la respuesta nunca llegó.
“Si hablo y camino es porque Jehová me tiene agarrada de la mano y me dice ‘no te caigás’”, relata. Como acto de resistencia, reactivó su cuenta en Facebook para grabar mensajes en favor de la liberación de su hijo, y hay momentos en que le habla como si él la estuviera viendo y escuchando a través de una pantalla desde un lugar cualquiera. “Te busco con todas las fuerzas que pueda tener una madre”, dice en uno de los vídeos publicados en esa red social.
La historia de Yerri Estrada es una de 33 desapariciones forzadas en Nicaragua, pero organizaciones de derechos humanos estiman que el número puede ser mayor. Se desconocen más casos, dicen los defensores, porque la dictadura ha exigido a las familias no denunciar los secuestros y las torturas.
Salvador Lulio Marenco, miembro del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirma que desde 2018 han documentado más de 240 casos de personas sobrevivientes de la tortura, de ahí que advierta que la vida de toda persona que está detenida en Nicaragua por razones políticas debe presumirse que está en riesgo. “No solo los privan de la libertad y los desaparecen, sino además le privan de la vida”, denuncia.
Tras las muertes de los opositores Cárdenas Zepeda y Alonso Petri, la pregunta que se hace Marenco es la siguiente: “¿A cuántas personas más quiere matar la dictadura sandinista?”.
