Cada fuerza política puede explicar su conducta frente al gobierno desde la estrategia, la oportunidad o la conveniencia. Sin embargo, existe una pregunta que precede a cualquier cálculo electoral: ¿existen límites morales que una democracia no debería estar dispuesta a negociar?
En un artículo publicado en la revista virtual La Crítica del Derecho, Roberto Gargarella reflexiona sobre la dimensión moral en las políticas del gobierno. Toma como punto de partida la tesis del filósofo israelí, Avishai Margalit, en “La sociedad decente”, que enfatiza el peso que debía asignarse a las cuestiones morales a la hora de evaluar a un gobierno o a un gobernante. Margalit propone prestar atención al compromiso manifestado por un determinado gobierno o gobernante con la dignidad humana. Es decir, que un gobierno no debe evaluarse únicamente por sus resultados económicos, sino también por la forma en que trata a sus ciudadanos. Para evaluar ese compromiso gubernamental, él se pregunta: ¿Acaso el gobierno discrimina o maltrata sistemáticamente a ciertos individuos o grupos sociales?, ¿Los insulta o relega en la distribución de beneficios?, ¿Cómo es que se relaciona con los más viejos, con los más jóvenes, con los más vulnerables? ¿Y cómo se desempeñan las burocracias frente al público? ¿Existen grupos que deben suplicar por el reconocimiento de sus derechos? ¿Cómo se vincula el gobierno con los desvalidos y los enfermos? En conclusión, una sociedad deja de ser decente cuando el propio Estado humilla a las personas. La humillación a los otros, constituye un fracaso moral del poder.
Gargarella ilustra este concepto con un ejemplo: “…una mayoría de nosotros consideraría razón suficiente para pedir un divorcio, al hecho de que el marido golpeara e insultara diariamente a su mujer. Si frente a dicha situación, alguien nos dijera que estamos equivocados porque el marido paga regularmente los gastos del hogar o la escuela de los hijos, lo miraríamos sorprendidos: nos resulta simplemente obvio que los golpes y humillaciones descalifican a ese marido, de manera suficiente y definitiva.”
Estas ideas adquieren hoy una enorme actualidad en la Argentina. Es correcto y necesario que hoy en Argentina se discutan cuestiones económicas como inflación, déficit fiscal, inversiones o crecimiento. Son debates necesarios. Pero existe una pregunta anterior a todas ellas: ¿cómo ejerce el poder el gobierno? ¿Cómo trata a las personas? ¿Cuál es la dimensión moral de su acción política?
Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei no solamente impulsó un programa económico y un modelo de sociedad, sino que también instaló una forma particular de hacer política: la confrontación permanente y la descalificación del otro como método de construcción del poder. Podemos afirmar que ya no se trata de episodios aislados, existe un patrón de conducta. Los periodistas que investigan son convertidos en enemigos. Los economistas que discrepan dejan de ser interlocutores para transformarse en “econochantas”. Las universidades públicas son consideradas espacios sospechosos en lugar de instituciones fundamentales para la movilidad social. Los científicos son tratados como una burocracia parasitaria. Los jubilados aparecen reducidos a un problema fiscal. Las organizaciones que representan a personas con discapacidad deben salir a las calles para reclamar derechos elementales. Los movimientos feministas son ridiculizados. Los gobernadores que piensan distinto son expuestos públicamente. La oposición política deja de ser una alternativa democrática para convertirse simplemente en “la casta”. Incluso quienes integran espacios políticos que comparten algunas ideas económicas con el gobierno, terminan siendo descalificados cuando no se subordinan a la voluntad presidencial.
El mensaje es siempre el mismo, quien no coincide plenamente, deja de ser un adversario legítimo para convertirse en un enemigo.
Desde ya que ningún gobierno está obligado a coincidir con periodistas, universidades, científicos, sindicatos o partidos políticos. Gobernar implica tomar decisiones, discutir intereses y enfrentar conflictos, pero lo que no se puede naturalizar es que el insulto y la descalificación sustituya al argumento; que la humillación reemplace al debate; que el desprecio hacia quien piensa distinto se convierta en una política de comunicación.
Las palabras de un presidente nunca son inocentes. Si quien ocupa la máxima magistratura, convierte el agravio en un recurso cotidiano, esto no sólo afecta a quien recibe ese ataque, también va moldeando una forma de convivencia donde el insulto termina reemplazando al debate y crea el justificativo para otros tipos de violencia.
Por eso la discusión sobre Javier Milei trasciende la economía. Podrá discutirse si la inflación baja más rápido o más lentamente; si el equilibrio fiscal es sostenible; si determinadas reformas son acertadas o equivocadas. Todo ello forma parte del debate democrático, pero lo que no puede aceptarse ni justificarse es la práctica sistemática de la descalificación, la humillación y la agresión verbal hacia quienes piensan diferente. Este es un límite que la democracia no debería cruzar, porque una República no se sostiene solamente sobre instituciones y reglas, también necesita una ética del poder, fundada en el respeto por los que piensan distinto.
Por eso, los partidos políticos pueden negociar programas económicos, construir coaliciones, revisar estrategias electorales, pero lo que no pueden negociar nunca son los principios que hacen posible la convivencia democrática. Ningún posible éxito económico, presente o futuro, alcanza para legitimar un gobierno que hace de la humillación una política de Estado. Hay momentos en que los políticos deben decidir de qué lado de la historia quiere quedar.
Hay decisiones que se miden por los votos que aportan y otras por las convicciones que obligan a resignar. La historia suele recordar más a estas últimas que a las primeras.
