Recientemente, el Jefe de Gobierno porteño adelantó que no se construirán “viviendas nuevas y regaladas” en las villas porteñas, y definió a la anterior política de urbanización como un “fracaso”. Además, afirmó que “es hora que la clase media reciba un poco de ayuda” y lanzó unos créditos hipotecarios de bajo impacto.
No conforme con anunciar que “no invertirán ni un solo peso más para otorgar viviendas sociales en las villas” y emitir esa serie de anuncios sobre los créditos de vivienda para la clase media, ahora decidieron que ya no permitirán el ingreso de materiales de la construcción dentro de la Villa 31, la más conocida y numerosa de la Capital Federal.
Esto puso la política habitacional y derecho a la vivienda en el eje del debate. Diversas ONGs coinciden con el Gobierno al señalar que en dicho asentamiento hubo una explosión edilicia y poblacional durante los últimos 15 años. Sin embargo, desde el Gobierno de la Ciudad son conscientes de que aquella urbanización ocupa algunos de los terrenos mejor ubicados y potencialmente más caros de la Ciudad.
Al mismo tiempo, este clima plantea un escenario propicio para que algunos políticos y desarrolladores inmobiliarios presionen a las autoridades para demoler y desalojar las viviendas de la Villa 31. En este marco, podríamos señalar que el problema de la vivienda no es nuevo, como tampoco lo son las villas. Lo que sí es relativamente novedoso es la forma en que el poder político de la Ciudad decide nombrar y abordar el problema.
Puntualmente, la gestión de Jorge Macri parece inscribirse en una lógica que desplaza el eje del derecho a la vivienda reemplazándolo por uno centrado en la responsabilidad individual de quienes no logran acceder a ella en condiciones formales. Así, el lenguaje emitido por los funcionarios no es inocente: plantea que muchos de los que viven en villas deciden vivir ahí para no pagar servicios. De esta manera, se sugiere (implícita o explícitamente) que quienes viven en villas “no quieren pagar”, lo cual deja de ser una cuestión económica o de derechos, y pasa a abordarse el problema de la vivienda como algo moral.
Esa jugada impulsada desde el Gobierno de la Ciudad deja de lado el déficit estructural (falta de ingresos, empleo precario, precios inaccesibles de las viviendas), y pasa a asentarse en una cuestión de ética. El problema está en que cuando la pobreza se interpreta como falta de moral, el paso siguiente es abordarla desde lo penal.
Por eso, cabe preguntarse: ¿No estamos ante una forma cruel de criminalización de la pobreza? No se trataría, cabe aclarar, de una criminalización en sentido clásico (penal). No hay un delito específico por vivir en una villa. Pero sí hay una construcción simbólica que estigmatiza a quienes viven en ella de forma irregular (o ilegal). Y esto no es un detalle menor porque habilita políticas que lejos de integrar, tienden a disciplinar.
Cabe resaltar que el riesgo de estos planteos por parte del Gobierno no es solo discursivo, sino que tiene consecuencias concretas. Cuando la política habitacional deja de estar orientada a la ampliación de derechos a la vivienda y pasa a centrarse en comportamientos individuales se pierde la esencia y el espíritu de aquellas leyes que buscaron hacer más accesible la vivienda para miles de familias.
El Gobierno, y por sobre todo el desfinanciado Instituto de la Vivienda de la Ciudad, deberían reconocer que el acceso a la vivienda no es el resultado de decisiones individuales aisladas, sino de estructuras económicas, sociales y urbanas que el propio Estado contribuye a moldear.
De esta forma, es posible comprender que discutir la política de vivienda no es una mera cuestión técnica o matemática (cuántas viviendas, a qué costo, etc). Es una discusión sobre qué tipo de ciudad queremos construir: una que integre a las clases más bajas en igualdad de derechos y condiciones, o una que ordena a partir de exclusiones más o menos sofisticadas.
Y en este marco, el lenguaje importa. En el Gobierno lo saben: no es lo mismo hablar de ciudadanos o sujetos con derechos que de inmigrantes que “no quieren pagar”. En este pequeño desplazamiento semántico se pone en jaque el sentido y la concepción que muchos militantes y funcionarios tienen de la política.
En definitiva, la política de vivienda sigue arrastrándose por una zona en permanente tensión. Están en disputa la ampliación de derechos y la necesidad de regulación. Resolver esta tensión implica un arduo trabajo para diseñar los instrumentos técnicos adecuados y construir marcos interpretativos que reconozcan la complejidad del problema para evitar reduccionismos simplificadores erróneos.
De momento, parece que no hay voluntad de diálogo para construir consensos amplios sobre este tema. El Gobierno, así, elige el camino fácil: criminalizar la pobreza y no adecuar la normativa a las necesidades socioeconómicas reales de las familias más humildes.
