El Estado venezolano se ha transformado en un laboratorio de dominación donde la soberanía nacional ha sido vaciada de contenido y sustituida por una doble ilegitimidad. Por un lado, la interna, representada por un chavismo corrupto que se aferra al poder mediante la represión y el saqueo; por el otro, la externa, encarnada en la tutela de Estados Unidos, que legitima a autoridades sin mandato constitucional para garantizar su estabilidad geopolítica y el control de recursos estratégicos. Esta paradoja desvela cómo la noción de soberanía —la capacidad inalienable de un pueblo para decidir autónomamente su destino— se deforma hasta convertirse en una ficción jurídica cuando las decisiones se toman en Washington y se ejecutan en Caracas, sin participación real de la ciudadanía.
En este vacío, la corrupción no opera como un exceso aislado, sino como el sistema mismo. Los bonos de la República y de PDVSA fueron transmutados en refinados esquemas de sobornos; dos tesoreros nacionales ya han sido condenados en tribunales estadounidenses por manipular el control cambiario y revender deuda con ganancias ilícitas. Estimaciones del Financial Times elevan la deuda venezolana a la alarmante cifra de 240 mil millones de dólares, un pasivo inflado por operaciones opacas que desafían cualquier auditoría internacional.
Esta dinámica criminal no se detiene ante las crisis humanas: en medio de la emergencia, figuras del régimen como Delcy Rodríguez priorizaron el alquiler de maquinaria a empresas privadas para lucrar con la necesidad de salvar vidas, evidenciando un extractivismo que mercantiliza hasta el sufrimiento. Este entramado se sostiene porque Washington, que sancionó previamente a varios de estos actores por corrupción, ahora los valida como interlocutores legítimos, consolidando un modelo donde el patrimonio nacional se usa como moneda de cambio en la geopolítica global.
La catástrofe telúrica de los recientes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio expuso con crudeza este carácter fallido. Las muertes no ocurrieron únicamente por el impacto directo de la naturaleza, que derrumbó edificios y dejó más de cinco mil víctimas inmediatas, sino por la ineficacia del sistema de rescate y el colapso de un sistema sanitario desfinanciado. Transparencia Venezuela documentó que apenas se alcanzó un 12,6% de la capacidad de despliegue del aparato de gobierno en las primeras 24 horas, la ventana crítica de salvamento. Esto obligó a que el 83% de los sobrevivientes se autoevacuaran o dependieran de sus vecinos. La obstrucción burocrática retrasó la entrada de rescatistas internacionales y maquinaria pesada, mientras los hospitales carecían de insumos básicos, oxígeno y personal. El espejo es Haití en 2010, donde la destrucción del 60% del sistema de salud duplicó las víctimas iniciales. En Venezuela, la corrupción constructiva, la lentitud institucional y la privatización de facto de la salud replicaron ese patrón, transformando un desastre natural en una catástrofe social multiplicada.
Frente a la inoperancia del Estado, la reacción civil fue inmediata: voluntarios y comunidades asumieron los rescates, mientras figuras de la judicatura como la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León proponían una salida institucional legítima a través de una Junta de Gobierno para reorganizar el Estado, renovar el CNE y convocar elecciones transparentes. Sin embargo, este esfuerzo democrático chocó con la complicidad internacional. Las declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. afirmando que el gobierno interino “lo hizo todo bien” revelan una profunda contradicción jurídica y política: se otorga reconocimiento a grupos catalogados como criminales por el propio sistema judicial norteamericano, convirtiéndolos en interlocutores válidos mientras manejan recursos públicos bajo control externo. Para la ciudadanía, este tutelaje es percibido como una burla a su dignidad, pues invisibiliza a la sociedad civil y convalida a las facciones responsables del desmantelamiento institucional.
Se configura de este modo una democracia tutelada y de fachada, donde el chavismo instrumenta la tragedia para aferrarse al poder y Estados Unidos respalda a figuras de conveniencia, como los hermanos Rodríguez o Dinorah Figuera, en busca de un orden funcional a sus intereses energéticos. Dentro de este cálculo pragmático, liderazgos con indiscutible legitimidad popular, como el de María Corina Machado, son marginados deliberadamente para neutralizar cualquier intento de recuperar la soberanía nacional y romper la sumisión. Desde una perspectiva teórica, lo que impera en Venezuela no es poder político auténtico, sino una imposición descarnada sin consenso ciudadano disfrazada de institucionalidad, Este escenario encaja en la lógica del interés patológicamente cruel de los líderes de turno; el discurso democrático se subordina al control de recursos, operando como una asociación criminal contra el pueblo que despoja a la nación de su autodeterminación, de la posibilidad de reconstrucción y sobrevivencia con dignidad.
Ese dispositivo de estrangulamiento de la vocación democrática destruye la confianza colectiva y condena a la población a una profunda orfandad política, atrapada entre la cleptocracia interna y la tutela externa de ladrones patológicos. El modelo reduce al país a un protectorado extractivista y, jurídicamente, erosiona la validez de los actos del Estado al normalizar la usurpación.
Venezuela sobrevive en una encrucijada donde su aparato estatal no se sostiene por su fuerza interna, sino por el soporte foráneo que le permite subsistir como un protectorado informal. El núcleo de esta paradoja radica en un Estado fallido que se perpetúa porque ha resultado útil a potencias extranjeras, obligando a su sociedad a resistir tanto a sus gobernantes como a sus supuestos aliados y tutores. Mientras no se restituya el poder político real a los ciudadanos, el país continuará siendo un territorio administrado desde fuera, saqueado desde dentro y condenado a repetir su tragedia: un escenario donde los muertos no pertenecen al desastre natural, sino a un Estado que los abandona y a un sistema internacional que legitima ese abandono.
Por José León Toro Mejías. Profesor, escritor. Autor de La Migración en América: retos, oportunidades y testimonios, fundador de la Organización de Apoyo al Migrante Arepa Viva y referente en la lucha por la dignidad de migrantes y refugiados.
