La crisis de la centralidad estatal en el capitalismo contemporáneo.
El actual escenario, caracterizado por la creciente concentración de poder en grandes corporaciones tecnológicas de alcance global, plantea un interrogante que trasciende los debates tradicionales sobre capacidades estatales. ¿Conserva todavía la política la capacidad de estructurar la vida colectiva como lo hizo durante gran parte de la modernidad o estamos asistiendo a una transformación más profunda? Los actuales cambios en el capitalismo ¿constituyen nuevas formas de condicionamientos sobre la acción estatal o estamos ante una crisis que afecta la posición central que históricamente ocupó el Estado como principal organizador de la sociedad?
Responder este interrogante exige observar algunas de las transformaciones que han alterado profundamente la distribución del poder durante las últimas décadas. Entre ellas, la globalización económica y, más recientemente, la expansión del capitalismo digital ocupan un lugar central. Ambas contribuyeron a desplazar recursos estratégicos de poder hacia actores económicos transnacionales y grandes corporaciones tecnológicas que comenzaron a intervenir sobre ámbitos históricamente organizados y regulados por los Estados.
Recuperando una dimensión histórica, durante buena parte de la historia moderna, el Estado ocupó una posición privilegiada en la organización de la vida colectiva. Más allá de las profundas diferencias existentes entre el absolutismo, el liberalismo clásico o el Estado de bienestar, todas estas experiencias compartieron una característica fundamental: la convicción de que el principal espacio desde el cual era posible orientar el rumbo de una sociedad se encontraba en las instituciones estatales.
El Estado no era simplemente un administrador encargado de gestionar asuntos públicos, era, por sobre todo, una estructura capaz de definir reglas comunes, establecer prioridades colectivas, organizar territorios, distribuir recursos y fijar horizontes de acción para amplios sectores de la sociedad.
Desde esta perspectiva, la importancia del Estado moderno residía precisamente en esta capacidad de estructuración sobre lo social. Gobernar implicaba, en gran medida, la posibilidad de intervenir efectivamente sobre la realidad social.
Esta capacidad alcanzó probablemente uno de sus puntos más altos durante el período del Estado de bienestar. En efecto, después de la Segunda Guerra Mundial, numerosos Estados occidentales desarrollaron instrumentos que les permitieron intervenir activamente en la economía, promover políticas de integración social, reducir desigualdades y sostener procesos de crecimiento económico relativamente estables.
Sin embargo, a partir de la década de 1970 comenzaron a desarrollarse una serie de transformaciones que alteraron profundamente este escenario. La creciente internacionalización de la economía, la expansión de los mercados financieros y la movilidad del capital modificaron las condiciones bajo las cuales operaban los Estados nacionales. Procesos económicos que anteriormente podían ser regulados dentro de fronteras relativamente estables comenzaron a organizarse en escalas transnacionales cada vez más difíciles de controlar.
Si bien la globalización no eliminó a los Estados, sí modificó profundamente su posición relativa. Los gobiernos continuaron siendo responsables frente a múltiples demandas sociales, aunque una parte creciente de las decisiones económicas comenzaba a desplazarse hacia ámbitos menos sometidos a mecanismos de control político. Mientras la política permanecía vinculada a instituciones territoriales, el poder económico adquiría niveles crecientes de movilidad.
Durante muchos años, esta situación fue interpretada principalmente como una cuestión de capacidades estatales. La pregunta dominante consistía en determinar con qué recursos administrativos, fiscales o institucionales contaban los Estados para implementar sus decisiones. Sin embargo, las transformaciones más recientes parecen exigir una mirada más amplia y compleja.
El consenso de Silicon Valley y la crisis de la centralidad estatal
Durante las últimas décadas, la expansión de las industrias tecnológicas estuvo acompañada por la consolidación de una narrativa que colocó a la innovación, el emprendimiento y la creatividad empresarial en el centro del desarrollo económico y social. Asociada frecuentemente a lo que algunos autores denominan “consenso de Silicon Valley”, esta visión sostiene que el progreso depende fundamentalmente de la capacidad de innovadores y empresas tecnológicas para generar conocimiento, riqueza y bienestar colectivo. Desde esta perspectiva, la protección de la propiedad intelectual, la promoción de los emprendedores y la reducción de regulaciones aparecen como condiciones necesarias para estimular la innovación y el crecimiento.
A partir de ese momento la expansión del capitalismo digital introdujo elementos novedosos que profundizaron muchas de estas tendencias. La emergencia de grandes corporaciones tecnológicas dio lugar a nuevas formas de concentración de recursos estratégicos. Plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, sistemas de comunicación, algoritmos, bases masivas de datos y conocimientos altamente especializados comenzaron a desempeñar un papel central en la organización cotidiana de actividades económicas y sociales.
Lo significativo es que estas empresas no controlan únicamente mercados específicos, sino que administran infraestructuras fundamentales para el funcionamiento cotidiano de las sociedades contemporáneas, en donde numerosas actividades administradas por los Estados dependen crecientemente de sistemas gestionados por un número relativamente reducido de corporaciones privadas.
Esta situación puede observarse en ámbitos tradicionalmente asociados al núcleo duro de la soberanía estatal. Un caso ilustrativo es el de Palantir Technologies, empresa especializada en análisis de datos e inteligencia artificial que mantiene contratos con organismos de defensa y seguridad, especialmente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sus plataformas permiten integrar y procesar información proveniente de múltiples fuentes para apoyar tareas de inteligencia, planificación operativa y coordinación logística. Lo significativo es que capacidades estratégicas vinculadas a la conducción militar dependen crecientemente de tecnologías desarrolladas y controladas por una corporación privada, lo que plantea interrogantes acerca de la autonomía de los Estados frente a actores que concentran recursos cada vez más relevantes para la toma de decisiones. (Bria, F. 2025, La tecnología autoritaria reinventa el Estado. Le Monde diplomatique, edición Cono Sur).
Este fenómeno adquiere una relevancia particular cuando se observa que muchas de las innovaciones que hicieron posible esta transformación fueron desarrolladas inicialmente gracias a inversiones públicas de largo plazo. Diversos estudios (Mazzucatto, “El Estado emprendedor. Mitos el sector público frente al privado”, 2016) han mostrado que tecnologías fundamentales para el funcionamiento de dispositivos contemporáneos -como Internet, el GPS, los microprocesadores o determinadas formas de inteligencia artificial- surgieron en universidades, laboratorios públicos o programas estatales de investigación.
La paradoja resulta evidente. El mismo Estado que contribuyó decisivamente a la producción de conocimientos estratégicos observa cómo una parte significativa de ellos termina concentrándose en organizaciones privadas capaces de convertir esos recursos en nuevas formas de poder económico, tecnológico e incluso político.La cuestión ya no consiste únicamente en quién produce el conocimiento, sino quién es el que controla posteriormente sus aplicaciones, sus infraestructuras y sus beneficios. Las grandes corporaciones tecnológicas han construido posiciones privilegiadas mediante la acumulación de activos intangibles: patentes, algoritmos, datos, marcas, plataformas digitales y capacidades organizacionales.
Frente a este escenario, aparecen aquellas preguntas formuladas al inicio de este trabajo: ¿Nos encontramos simplemente frente a nuevas dificultades de gestión estatal o estamos asistiendo a una transformación más profunda?
Tal vez el problema central consista en que el Estado enfrenta crecientes dificultades para desempeñar aquella función estructurante que caracterizó gran parte de la modernidad: organizar y orientar la vida colectiva. Esto no significa que haya dejado de existir ni que haya perdido toda relevancia, pero sí que encuentra mayores obstáculos para intervenir sobre procesos cuyos centros de decisión se localizan cada vez más fuera de sus ámbitos tradicionales de actuación. Desde esta perspectiva, la crisis contemporánea no parece reducirse simplemente a un problema de gestión, de capacidades administrativas o incluso de legitimidad, sino que remite a un cuestionamiento más profundo de la posición central que históricamente ocupó el Estado como principal instancia de organización social.
La pregunta permanece abierta. No sabemos si estas transformaciones anuncian la aparición de una nueva forma histórica de Estado o si darán lugar a una reconfiguración de sus capacidades tradicionales. Tampoco resulta claro qué tipo de instituciones podrían reemplazar las funciones que históricamente desempeñó el Estado moderno. Lo que sí parece evidente es que los desafíos contemporáneos exigen algo más que cambios de gobierno o reformas administrativas puntuales.
La reconstrucción de capacidades de conducción política exige comprender la naturaleza de las transformaciones en curso y construir acuerdos políticos suficientemente amplios para actuar sobre ellas. Uno de los grandes interrogantes de nuestro tiempo consiste en determinar si las sociedades democráticas serán capaces de recuperar instrumentos que les permitan orientar procesos económicos, tecnológicos y sociales cada vez más condicionados por poderes privados de alcance global. Más que anunciar el fin del Estado, esta pregunta invita a reflexionar sobre el futuro de su capacidad para seguir siendo uno de los principales organizadores de la vida colectiva.
