Argentina enfrenta una situación inédita y de extrema gravedad que impacta directamente en el servicio de justicia. Los datos son contundentes: actualmente más del 35% de los cargos de Justicia Nacional y Federal se encuentran vacantes.
Efectivamente, de los 1002 cargos de jueces existentes, 357 no tienen titular a cargo. Para tener una mejor aproximación al problema sobre el que queremos llamar la atención, vamos a examinar estos datos.
La Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 517 cargos de jueces distribuidos en cuatro fueros: Penal, Civil, Comercial y Laboral. Demás está decir que en estos juzgados se tramitan buena parte de los problemas cotidianos que aquejan a los habitantes de la Ciudad. De estos 517 cargos se encuentran sin cubrir 188.
Respecto de la Justicia Federal en la Ciudad de Buenos Aires tienen su asiento 159 juzgados y vocalías de tribunales de alzada, de los cuales 53 se encuentran sin designar a su titular.
Asimismo, la Justicia Federal también cuenta con 326 sillones distribuidos a lo ancho y largo de la Argentina, de ellos hay 116 que continúan vacantes.
La realidad operativa es alarmante, en la actualidad de cada 10 juzgados nacionales o federales entre 3 o 4 no tienen a su titular debidamente designado.
Esta situación se agravará con el paso de los días. La proyección, de continuar la tendencia, es alarmante. El año que viene la mitad de los cargos de Jueces Nacionales y Federales podrían quedar vacantes.
Uno de los casos más paradojales es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que está conformada por 18 integrantes divididos en seis Salas. En la actualidad quedan prestando servicio solo ocho jueces, de los cuales dos ya tienen encaminado el trámite jubilatorio. Esto quiere decir que en cualquier momento es posible que solo queden seis Camaristas, uno por cada Sala.
No hace falta ser un entendido en derecho para darse cuenta de que este tribunal está al borde del colapso, y que los magistrados están trabajando con una sobrecarga clara de trabajo.
Esta situación implica la reconfiguración de la integración de las Salas lo que ha provocado que se modifiquen muchos criterios jurisprudenciales sostenidos históricamente por alguna de ellas.
Lo mismo pasa con el fuero laboral, de los 30 integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo, quedan en funciones 14 camaristas y de los 80 Juzgados de Primera Instancia están debidamente constituidos 50.
El mismo panorama de desolación podemos ver en la Justicia Federal de la Seguridad Social. allí, de los 10 juzgados de primera instancia, sólo 3 tienen sus autoridades designadas y 7 están vacantes, mientras que en la Cámara van a quedar sólo 3 jueces de los 9 que debería tener.
La inacción actual presagia una crisis profunda, una virtual parálisis, donde las capacidades del Poder Judicial de la Nación se verán fuertemente disminuidas y con ellas las esperanzas de los ciudadanos de obtener justicia en sus expedientes.
Esta crisis, si bien viene desarrollándose desde hace tiempo, se ha visto profundizada a niveles inaceptables debido a la desidia con la que el Poder Ejecutivo viene tratando este tema.
El artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional impone al Presidente el deber de remitir los pliegos de los postulantes para cubrir estas vacantes al Senado. Sin embargo, desde que asumió el presidente Javier Milei, no ha enviado un solo pliego al Senado de la Nación.
La consecuencia de esta inacción es simple y devastadora: no hay servicio de justicia si no hay jueces a cargo de los tribunales. La justicia, pilar del Estado de derecho, no puede funcionar adecuadamente bajo una parálisis institucional de esta magnitud.
Contribuye a empeorar este cuadro de situación la sobrecarga de tareas y responsabilidades que implica gran cantidad de jueces y camaristas subrogando más de un cargo, también conspira contra un adecuado servicio de justicia.
La subocupación prolongada que tal estado de situación conlleva compromete de modo evidente la capacidad operativa del Poder Judicial para resolver las causas sometidas a su consideración,
Frente a esta omisión constitucional y el riesgo de colapso judicial, el pasado 3 de septiembre la abogacía organizada, presentó un reclamo administrativo al presidente Javier Milei, con el objetivo de que se empezara a normalizar el servicio de justicia, exigiendo el envío inmediato al Senado de los pliegos para cubrir las 191 vacantes que tiene retenidas en su órbita el gobierno Nacional.
La gravedad institucional que conlleva esta situación demanda una acción inmediata del Poder Ejecutivo. La cobertura de vacantes no es una opción, sino un deber impuesto por nuestra Carta Magna. De no atenderse con urgencia este reclamo, la Argentina se encamina a tener un sistema de justicia inoperable con sus capacidades disminuidas a la mínima expresión.
La existencia de un servicio de justicia efectivo es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, la paz social, la salud institucional de la República, el crecimiento económico y la vida democrática del país.
Publicado en Clarín el 12 de diciembre de 2025.
