Nos proponemos desarrollar la situación del ex presidente Alberto Fernández. Deseamos poner de relieve la importancia del rol institucional que cumple el denominado “primer mandatario”. Es quien por mandato constitucional establece el programa político del Gobierno y determina las directrices de la política interior y exterior y vela por su cumplimiento.
Además de ello, dirige la política de defensa y ejerce respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. Los funcionarios públicos y en particular aquellos que ocupan los más altos cargo deben exhibir una conducta irreprochable. Julio César exclamó una frase que permitió comunicar a la opinión pública que la percepción es tan importante como la conducta personal. Sostuvo que la “mujer del César además de honrada debe parecerlo”.
Nos parece importante expresarnos en relación con su permanencia como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es importante tener en cuenta que en el establecimiento es necesario ganar un concurso por oposición y antecedentes para acceder al cargo.
El pasado 7 de agosto, tras la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez, Fernández dejó de dar clases en la Facultad de Derecho. Su curso fue dado de baja por falta de alumnos inscriptos ya que no logró reunir al mínimo de diez alumnos que establece la Facultad. Su estatus docente lo definió apropiadamente el profesor consulto y presidente de la organización de la sociedad civil Profesores Republicanos Guillermo Mizrahi.
Hace años denunció a Fernández por no haber renovado su cargo de profesor adjunto. Gracias al apoyo de Esteban Righi, quien por entonces era el presidente del Departamento de Derecho Penal, lo designan docente interino. Posición que se fue renovando anualmente hasta la actualidad. Por ello es “seudo profesor”.
Consideramos que se debería suspender su actividad docente hasta tanto se resuelvan las causas penales de que es objeto. No puede tomar contacto con los alumnos una persona a la que se le atribuye violencia de género. Imaginemos por un momento que hubiera sucedido si algún alumno hubiese cuestionado su comportamiento.
Dadas las características compulsivas del “mal” que lo aqueja es obvio que hubiese respondido haciendo gala de sus habilidades pugilísticas. Semejante situación provocaría un escándalo que proyectaría una imagen muy negativa de la Facultad.
Cabe destacar que ella se encuentra en los rankings como la más prestigiosa Facultad de Derecho del mundo habla castellana.
Entre los elementos probatorios que citó el fiscal Luciani utilizó una declaración del presidente Alberto Fernández en ese juicio (se refiere a la causa “Vialidad) en la que corroboró la estrecha vinculación, al manifestar que a Báez se lo presentó Néstor Kirchner en circunstancias en que acompañó al ex mandatario, y reprodujo esa declaración.
Me dirán que se debe aplicar el principio de inocencia que según nuestra constitución y en la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal importa que toda persona debe ser considerada tal hasta tanto no se pruebe lo contrario. Creemos que frente a estos hechos la Corte debería reconsiderar sus precedentes en la materia.
Hoy la sociedad argentina asiste a estos hechos con estupefacción. Se ve abrumada por lo sucedido en otros hechos similares como los que involucran al el ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza, al periodista Pedro Brieger y al ex gobernador de Tucumán Alperovich, condenado por la Justicia. También a Néstor Kirchner se le atribuyó violencia de género. Si nos retrotraemos en el tiempo no podemos dejar de mencionar el caso de Nelly Rivas, una joven de 14 años que mantuvo entre 1953 y 1955 una relación amorosa con Juan Domingo Perón.
Por el bien de nuestra maltrecha democracia, para que les dejemos un legado digno a nuestros descendientes, Alberto Fernández debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. Caso contrario, no podremos dejar la espantosa confluencia entre corrupción e impunidad.
Queremos destacar al nuevo “Nunca Más” que representa el alegato pronunciado por el fiscal Diego Luciani en el Juicio Vialidad. Recordemos que en aquella vehemente alocución el letrado sostuvo que “tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares” que se organizó “como espejo de réplica en la clandestinidad de un organigrama del Estado”.
“Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, dijo.
“Corrupción o Justicia” señaló con vehemencia Luciani. Esta expresión se ha encarnado en la gran mayoría de nuestra sociedad. Esperamos que esta sea la consigna que conduzca a nuestras instituciones hacia una democracia consolidada.
Publicado en Clarín el 15 de agosto de 2024.
Link https://www.clarin.com/opinion/corrupcion-justicia_0_aztSBt7O8D.html
