Por Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat
Son muchos los analistas italianos que definen la arraigada y sólida presencia de la corrupción como una verdadera patología nacional que parece haberse convertido en un elemento sistémico, lo que indicaría asimismo el débil sentido de Estado del país. En efecto, es larga la tradición en Italia del pago de tangenti (mordidas) y mazzette (sobornos) para la obtención de contratos, licencias o subvenciones y poder realizar ciertas operaciones financieras opacas, por no dejar de mencionar el pizzo (extorsión) mafioso (vid. las investigaciones de Gianmichele Marotta, 2022 y Anna Stanziano, 2024, entre otros). En realidad, el diagnóstico está hecho y las propuestas para combatir este negativo fenómeno son múltiples, pero su implementación es siempre difícil y parcial (vid. los informes de la ANAC, La corruzione in Italia (2016-2019) y del ISTAT, La corruzione in Italia. Anno 2022-2023).
Para las agencias internacionales de evaluación de la corrupción (Transparency International) Italia está en el puesto 52 a nivel mundial (sobre 180 Estados), con 54 puntos sobre 100 y en el puesto veinte entre los veintisiete de la Unión Europea (Dinamarca, el menos corrupto, tiene noventa puntos y Hungría, el más corrupto, 41, siendo el punteo medio europeo de 65 sobre cien) (Índice de Percepción de la Corrupción de 2024). La corrupción se manifiesta en dinero negro y en puestos de trabajo, sobre todo en el sur del país, y el 74% de los asuntos tiene que ver con contratos de obra pública mediante la manipulación de los concursos, la opacidad de las cláusulas y la ausencia de controles.
La corrupción en Italia tiene componentes personales y familiares, electorales y empresariales. En el primer caso, para un 20,1% de los ciudadanos puede ser aceptable en determinadas circunstancias personales y familiares recurrir a la corrupción para obtener algunas prestaciones: 1,2 millones de familias han incurrido en alguna ocasión en este tipo de prácticas tan negativas. No obstante, el porcentaje es bajo y tiende a reducirse: de un 2,7% entre 2013 y 2016 ha pasado a un 1,3% entre 2020 y 2023. En el segundo caso, 1,6 millones de ciudadanos han incurrido alguna vez en el voto de intercambio (2,7% de la población), sobre todo en las elecciones locales y con significativas diferencias entre el norte y el sur del país: apenas un 2,1% frente a un 4,2% respectivamente, pero hace diez años el 6,7% de los meridionales había recurrido a esta práctica. Es la tercera dimensión, la más grave, toda vez que el 71,5% de las empresas incurre en prácticas corruptas y el 38,5% de las mismas afirma tener que hacerlo porque es el único modo de conseguir licencias y concesiones.
Es en las administraciones municipales (los comuni) donde hay más corrupción que se ha convertido en un factor de cultura política con formas de penetración capilar en el tejido social, económico y político de diversas localidades. Sicilia tiene el triste récord de representar el 18,4% del total, el mismo porcentaje que el de todas las Regiones del Norte sumadas. Con todo, no puede ignorarse que la segunda Región afectada es el Lacio (con Roma a la cabeza), por delante de Campania, la tercera.
Hubo un momento crítico en el que el rumbo del país pudo haber variado a fondo positivamente: el estallido de tangentopoli entre 1992 y 1994. La crisis del régimen democristiano, basado en prácticas de sottogoverno (clientelismo) y de reparto consociativo fraudulento del poder (la lottizzazione), estalló por la indagación del pool judicial de Mani Pulite (Manos Limpias) encabezado por Antonio Di Pietro. Cerca de un tercio de los parlamentarios fue investigado y casi un centenar fueron procesados y condenados. Los escándalos por los insoportables niveles de corrupción política alcanzados acabaron con la Democracia Cristiana y el Partido Socialista Italiano (el régimen del CAF: Craxi, Andreotti, Forlani), pero el desenlace no pudo ser más decepcionante, pues Silvio Berlusconi ganaría las cruciales elecciones de 1994 que inauguraron una nueva fase de la República italiana.
Al margen de que la corrupción deteriora gravemente la democracia, tiene un alto coste económico, unos 237.000 millones de euros anuales. Todo esto ha llevado a la Comisión Europea a exigir que Italia adopte medidas contundentes para combatir el fenómeno y aunque reconoce algunos avances, se queja de que siguen pendientes trasposiciones de directivas europeas antifraude. La Guardia di Finanza es el principal cuerpo encargado de combatir la corrupción y debe señalarse que su labor para indagar y arrestar a corruptos ha sido moderadamente eficaz: entre 2016 y 2019 investigó a 207 políticos y arrestó a 43, veinte de ellos alcaldes, y más de la mitad fueron condenados por los jueces. Existe incluso un Alto Comisario Anticorrupción, un cargo creado en 2003, pero no ha resultado muy operativo. Como siempre, la respuesta más fácil de los políticos es la de endurecer el Código Penal, una receta que tiene siempre límites claros, aunque resulte vistosa propagandísticamente. Las leyes anticorrupción 190/2012 (la Ley Severino) y 179/2017 son muy duras, pero el problema radica en los escasos recursos materiales y personales de las oficinas y agencias antifraude.
El hecho de que circunstancialmente aumentasen las denuncias fue un buen síntoma en el sentido de que hubo menos temor a hacerlo y al tiempo aumentaron las condenas, lo que hizo que Italia ganara diecinueve puntos en la escala internacional. No obstante, desde 2024 hay un cierto retroceso en todos los sentidos —se han perdido cuatro puntos—, entre otros factores por el actual contexto político dominado por la derecha radical y porque ha rebrotado el temor a denunciar, pues un 63,4% cree que puede ser arriesgado.
En efecto, hoy ya no existe en Italia el clima social activista anticorrupción como el de 1992-1994, porque los gobiernos posteriores, tanto los de Berlusconi como incluso los del centro-izquierda, mantuvieron las inercias tradicionales. El berlusconismo supuso además una especie de institucionalización del cinismo evasor y su habitual táctica dilatoria con recursos sin fin consiguió numerosas prescripciones de sus escándalos de corrupción. Por supuesto, las mafias agravan el problema pues entrelazan la criminalidad organizada con el clientelismo y la corrupción. Las mafias encarnan una economía paralela que, además de extorsionar, hacen inversiones y blanquean dinero. Su impacto económico supera los 40.000 millones de euros (2% del PIB italiano) y suponen la cuarta industria nacional, al tiempo que sus redes se interfieren en unas 150.000 empresas italianas.
El GRECO (Group of States Against Corruption) ha puesto de relieve las debilidades de la lucha contra la corrupción en Italia por sus carencias en la prevención y en el monitoreo del fenómeno. Persisten negativas inercias burocráticas y abigarrados procedimientos administrativos que especialmente en el sector de la obra pública dificultan reducir el negativo impacto de la corrupción. Los corruptos han aprendido las lecciones de los años noventa y hoy recurren a mecanismos de escape más sofisticados que hacen más difícil detectarlos. En suma, tras haber desaparecido el histórico impulso social de 1992-1994, a la postre malogrado, hoy el combate contra la corrupción es más difícil entre otros factores por la debilidad de los partidos italianos como mediadores cívicos y por el hecho de que los mass media le dedican mucho menos espacio que antaño. No es probable que el gobierno de Giorgia Meloni proceda a una estricta regulación de los conflictos de interés (¡asunto pendiente desde los tiempos de Berlusconi!) y mucho menos que controle a los lobbies. Sus vagas promesas retóricas de regenerar y moralizar la vida pública han sido, una vez más, un mero artificio propagandístico electoral.
