Hay una percepción distorsionada de que lo institucional es algo etéreo. Que todo se reduce a efectividades conducentes, y que aquello de que “con la democracia se come, se cura y se educa” es una frase hueca. Grave error.
La política de coyuntura, esa que mide logros en hitos financieros de corto plazo, es necesaria pero no es suficiente. El largo plazo cuenta, y mucho. Ambos se conectan precisamente por las instituciones, y su éxito se define por si la tendencia es a su fortalecimiento o debilidad.
El funcionamiento de la justicia es la mejor forma de explicarlo, especialmente cuando ocurren transformaciones políticas estructurales. Basta ver la reforma laboral, y lo que ya es una posibilidad cierta con la ley de glaciares y el marco jurídico de patentes, especialmente medicinales. En cada uno de los casos, la reacción de los descontentos ante los cambios, sean ambientalistas o laboratorios locales, es recurrir a la justicia y frenar su vigencia. Es el último recurso para continuar la discusión por otros medios, pero algo más importante: es lo que debe poner fin a los conflictos sociales, dando a cada uno lo suyo.
La justicia necesita cambios. Eso lo discute poca gente. La diferencia de los enfoques radica en el cómo: ya vimos lo peligroso que pueden significar vías como la “democratización de la justicia”; no es por ahí. En todo caso, se pueden dar pocos giros que signifiquen una justicia distinta. Cuatro, concretamente.
El primero ya lo propuso la CORTE SUPREMA y tiene que ver con el ingreso. Un proceso en el que el mérito pesa menos que la subjetividad está sencillamente mal. Y se puede corregir muy fácil: el examen, con un enfoque amplio del derecho, debe ser el de mayor ponderación a la hora de elegir; y la posibilidad del acomodo y el dedazo quedar reducido a la nada.
El segundo es la salida. La edad (más que suficiente) es de 75 años. Sin excusas. Nadie es tan imprescindible como para seguir para siempre. Ser juez no es un privilegio de por vida; eso es una mala interpretación de la estabilidad, que tiene por propósito asegurar la independencia judicial. Pero de ningún modo es un título nobiliario perenne.
El tercero es el funcionamiento. Los códigos procesales tienen plazos que en la práctica judicial sencillamente no se cumplen. Así es la justicia, es el argumento; se olvidan que justicia que llega tarde no es justicia, y que la lentitud consagra las peores de las injusticias. Es fácil: auditorías. Juzgado que no cumple o no tiene las causas en orden procesal y material, pues jury de enjuiciamiento. Para eso está el instituto y para eso está la comisión de disciplina del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
El cuarto es el elenco. Sin personalizar ni ofender: la familia judicial es un hecho. También está mal: así como la estabilidad de un juez tiene un límite con la edad, los parientes no pueden ser el semillero exclusivo para ocupar cargos en la justicia. Falta una norma que prohíba el privilegio por parentesco. Debe acabarse un nepotismo instaurado que choca con la prohibición de los privilegios de sangre de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Si la justicia anda mal, aunque todo ande bien, todo va a andar mal. Así que sí, con la justicia se come, se cura y se educa. Sin ella, todo cambio tiene el pecado mortal del éxito temporal, que es igual a nada.
