Cada 10 años el sistema electoral de los EE.UU. emprende la modificación del mapa de todos los distritos electorales en todos los estados. En esa práctica se amoldan según la conveniencia de los partidos mayoritarios.
En 1812, el gobernador de Massachusetts, luego vicepresidente de James Madison y padre fundador, Elbridge Gerry, firmó un proyecto de ley creando un distrito electoral, favorable a sus intereses políticos, tan curioso, que la prensa –el Boston Gazette– comparó la silueta resultante a una salamandra, de allí su nombre “Gerry-mander” y por traslación a la acción de modificar los distritos para obtener una ventaja: gerrymandering.
Cada diez años se realiza un censo de población que se utiliza, entre otras cosas, para determinar la representación política y asignar fondos federales. Cada estado usa los datos del censo para actualizar los distritos electorales que debería estar guiado por la idea de que, ante los cambios lógicos en la población, todos las circunscripciones debieran tener el mismo peso a la hora de elegir a un representante al Congreso. Sin embargo, esa lógica es reemplazada por otra que indica que los distritos – que adquieren formas estrafalarias – se trazan para obtener ventajas ya sea por abarcar una población determinada – por color, clase, partido, etc. – o por dividirla para debilitar a los oponentes. Aclaración: los distritos “étnicos” son inconstitucionales.
Las legislaturas estaduales y el gobernador son los encargados de hacer el rediseño y si tienen mayorías importantes inclinan el dibujo a su favor.
Los sistemas electorales siempre han implicado suspicacias a la hora de trazar las circunscripciones. Así ha sido en la Argentina desde 1904 por parte de Julio A Roca, por Juan D. Perón en 1951 – distritos “chorizo” – o los recientes intentos de dividir intendencias como La Matanza para modificar el panorama electoral desde ese trazado. También es cierto que las poblaciones aumentan y se mueven generando cambios que un sistema racional debería reflejar.
Con la guerra Biden-Trump en pleno apogeo y con la democracia hecha jirones, la situación actual del rediseño electoral en los EE.UU. –a partir del censo de 2020- es la siguiente: Cuando falta redefinir el contorno de 162 distritos, Biden se ha hecho fuerte en 129 (sumó 5 a los de 2020); Trump controla 104 distritos (sumó 12 desde 2020) y 40 son considerados “competitivos”, es decir, equilibrados entre ambos contendores (sumando 16 a los de 2020).
Históricamente el gerrymandering ha sido una práctica de los republicanos. Eso les permitió obtener más legisladores con menos votos. Por ejemplo, en Carolina del Norte, con el mapa de 2012, el partido demócrata consiguió menos de 31 por ciento de los escaños (4 de 13), aunque recibió casi 51 por ciento de los votos. En 2014, obtuvo 44 por ciento de los votos, que se tradujeron en 23 por ciento de los escaños (3 de 13). Sin embargo, los demócratas han comenzado a retrucar y el gerrymandering más reciente es el que se acaba de practicar en Nueva York.
Uno de los factores que está erosionando a la democracia en ese país y en el mundo es la judicialización de la política. En ese sentido, los opositores al gerrymandering pidieron a la Corte Suprema estadounidense, en 2019, que fueran los tribunales de justicia los que controlaran su implementación y que fueran estos los que modificaran el esquema de los distritos electorales. Sin embargo, la Corte rechazó el pedido –por 5 a 4 votos– argumentando que eso era materia política y no judicial. Una sabia decisión, resuelta por un apretado margen.
Las nuevas tecnologías han hecho un gran aporte a la sofisticación del gerrymandering con la aplicación de software que permite a los cartógrafos del voto dividir condados, ciudades e incluso vecindarios para maximizar sus opciones de conseguir más escaños políticos.
No sería descabellado pensar que antes de la elección el gerrymandering es una forma en que los políticos “eligen” a sus votantes para asegurarse la victoria. Esta práctica que sólo influye en la elección de los diputados –los senadores son por estado como circunscripción única– junto con los mecanismos de financiamiento de la política –los PAC– que dan a las corporaciones gran influencia sobre las decisiones futuras de los representantes y el sistema de prorrateo en el sistema de colegio electoral para las elecciones presidenciales, son prácticas que han degradado el sistema democrático en los EE.UU., abriendo impugnaciones tanto de sectores progresistas como de sectores radicalizados que están creciendo en forma alarmante.
