Argumentos a favor de un fondo de inversión estratégico
Traducción Alejandro Garvie
Durante más de un siglo, la incomparable capacidad de Estados Unidos para inventar, construir y difundir tecnología sustentó su prosperidad y poder. Esta base se encuentra ahora bajo presión en una nueva era de competencia estatal. Los economistas David Autor y David Dorn han advertido sobre un “segundo shock chino”, no por exportaciones baratas, sino por la primacía tecnológica. Pekín aspira al liderazgo mundial en la vanguardia de las industrias avanzadas, incluyendo la inteligencia artificial, la computación cuántica, la industria aeroespacial, la energía de nueva generación y la biotecnología.
Lo ha logrado mediante la construcción de un vasto sistema descentralizado de financiación estatal para la innovación, canalizando capital subvencionado hacia sectores prioritarios de alta tecnología y alentando a las empresas a competir ferozmente por la expansión. El resultado es un mercado sistemáticamente sesgado por la intervención estatal, en el que las empresas chinas pueden sobredimensionar su capacidad y saturar los mercados antes de que sus competidores estadounidenses y aliados puedan aumentar su producción. La estrategia de China ha creado un ecosistema tecnológico que ahora rivaliza —y en algunos aspectos supera— al de Estados Unidos.
Pekín también ha utilizado este enfoque para controlar cadenas de suministro críticas, aprovechando dicho control para presionar a sus rivales geopolíticos. En 2010, China redujo las exportaciones de tierras raras a Japón durante una disputa diplomática por las islas del Mar de China Oriental. Quince años después, en plena guerra comercial con Estados Unidos, restringió estos insumos para obtener ventaja, lo que llevó al presidente estadounidense Donald Trump a reducir los aranceles de tres dígitos sobre los productos chinos. Para China, la capacidad industrial se ha convertido en una herramienta de coerción, además de una clave para la competitividad.
Mientras China fortalecía su industria, Estados Unidos permitía que gran parte de su base productiva se trasladara al extranjero. Durante algunas décadas, este cambio pareció tener pocos costos estratégicos. Estados Unidos siguió siendo el principal centro mundial de investigación e invención, incluso cuando el empleo manufacturero disminuía y las cadenas de suministro se extendían por varios continentes. Sin embargo, los costos de separar la innovación de la producción son ahora demasiado elevados como para ignorarlos. Con la deslocalización de fábricas, Estados Unidos ha perdido gran parte de su mano de obra calificada y la experiencia necesaria para producir a gran escala y con rapidez. Si no cambia de rumbo, el país podría ceder su ventaja tecnológica y, con el tiempo, su liderazgo global a China.
Para evitar el deterioro de lo que Alexander Hamilton denominó “los elementos esenciales del abastecimiento nacional”, Estados Unidos debe revitalizar los ecosistemas que permiten el florecimiento de la manufactura compleja y de alto valor. En resumen, Estados Unidos debe mejorar su capacidad para fabricar lo que diseña.
Pero Washington no debería pretender copiar al pie de la letra la estrategia respaldada por el Estado de Pekín. Al fin y al cabo, Estados Unidos cuenta con numerosas ventajas sobre China, como sus emprendedores, universidades y mercados de capitales, que son los más profundos del mundo. Sin embargo, estos mercados priorizan la eficiencia, no la resiliencia ni la seguridad. El reto, entonces, reside en transformar el capital en capacidad, en canalizar la inversión hacia las industrias que sustentan la fortaleza nacional moderna y la vitalidad económica: la informática avanzada, la biotecnología, la robótica, los minerales críticos, los precursores farmacéuticos, la manufactura avanzada y la infraestructura energética. La solución es una ambiciosa iniciativa nacional de inversión estratégica, encabezada por un Fondo de Inversión Estratégica federal.
PADRES FUNDADORES
Desde su fundación, Estados Unidos ha considerado las finanzas como un instrumento de soberanía. En su Informe sobre Manufacturas al Congreso de 1791, Hamilton argumentó que la independencia económica era inseparable de la independencia política. La joven república, sostuvo, debía utilizar el crédito público para fomentar la industria productiva y la fortaleza nacional. Hamilton concibió un modelo pragmático de capitalismo estatal, en el que los préstamos y las subvenciones incentivaban la producción manufacturera incipiente, los aranceles protegían los sectores estratégicos y las instituciones públicas canalizaban el capital hacia objetivos nacionales a largo plazo. Siempre que Estados Unidos se ha enfrentado a pruebas existenciales, sus líderes han recurrido a la lógica de Hamilton.
Cuando los mercados crediticios se paralizaron durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la Corporación Financiera de Reconstrucción (RFC), creada en 1932, cubrió el vacío y actuó como inversor estratégico, financiando bancos, servicios públicos, vivienda y manufactura, obteniendo rentabilidad y restaurando la confianza en los mercados estadounidenses. Su filial de tiempos de guerra, la Corporación de Plantas de Defensa (DPC), construyó más de 2000 fábricas y astilleros, que posteriormente transfirió a operadores privados, sentando así las bases del dominio estadounidense de la posguerra en los sectores del acero, la aviación y los productos químicos.
La DPC cesó sus operaciones al finalizar la guerra y la RFC se disolvió en 1957, pero gracias a sus balances independientes y su gestión empresarial profesional, sirvieron de modelo para un aparato de inversión pública responsable. Demostraron que el capital público bien empleado puede utilizarse para invertir en sectores importantes que el capital privado no está dispuesto o no puede financiar por sí mismo.
Durante la Guerra Fría, Washington creó una red de nuevas instituciones que vinculaban la ambición científica con el propósito estratégico, en su búsqueda de ventaja sobre la Unión Soviética. La fundación de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), la NASA, la Comisión de Energía Atómica y los laboratorios nacionales reflejó el reconocimiento por parte de Washington de que la competencia geopolítica requería una inversión pública sostenida.
El enfoque funcionó. La adquisición temprana de semiconductores para la defensa y el sector espacial generó la demanda que, con el tiempo, hizo que la tecnología fuera más barata y eficiente de producir. El programa Minuteman de la Fuerza Aérea de EE. UU. y las misiones Apolo de la NASA compraron miles de chips cuando ningún comprador privado lo hacía. A medida que la demanda gubernamental creció y los costos disminuyeron, se consolidó un ecosistema comercial completo de semiconductores en Estados Unidos. Fairchild se fundó en 1957, seguida por Intel y AMD en la década de 1960 y Micron en la de 1970. Empresas tecnológicas ya existentes, como Texas Instruments y Motorola, expandieron sus negocios de semiconductores para incluir aplicaciones militares y comerciales.
Sin embargo, a mediados de la década de 1970, el amplio consenso político y económico que respaldaba una mayor intervención federal en el desarrollo industrial comenzó a debilitarse. La inflación, las crisis energéticas y la consiguiente presión fiscal erosionaron la confianza pública en la capacidad del gobierno para desempeñar un papel constructivo en la economía. En Washington se consolidó un nuevo consenso: los mercados, más ágiles y disciplinados que las burocracias públicas, eran la única herramienta eficaz para asignar capital.
Durante las décadas de 1980 y 1990, el ámbito de actuación de Washington se redujo, pasando de inversor a regulador. Si bien antes contribuía al desarrollo de industrias, ahora se limitaba a establecer las reglas de la competencia de mercado mediante regulaciones antimonopolio y de transparencia. Agencias como los Institutos Nacionales de la Salud y DARPA mantuvieron su influencia durante la liberalización del mercado en la era Reagan y la disciplina fiscal y la integración global de la administración Clinton, pero el vínculo entre investigación, financiación y producción se debilitó. En las tres primeras décadas del siglo XXI, apenas ha comenzado a recuperarse.
INVERSIÓN CON CARACTERÍSTICAS CHINAS
Una generación después de que la primera crisis china debilitara la base manufacturera estadounidense, una segunda crisis ya está en marcha. En el siglo XXI, Pekín ha convertido el liderazgo tecnológico en un proyecto nacional, movilizando financiación, adquisiciones y políticas para alcanzar posiciones dominantes en industrias de vanguardia.
China ha construido un sistema integral de inversión estatal que combina la estrategia central con la experimentación descentralizada. Provincias, ciudades y ministerios nacionales han creado más de 1700 “fondos de orientación”, recaudando cerca de 700 mil millones de dólares en capital. Con el apoyo de terrenos y permisos proporcionados por el gobierno, estos vehículos de inversión, gestionados profesionalmente y orientados a la obtención de beneficios, canalizan el capital hacia sectores prioritarios. Este enfoque ha generado una enorme duplicación y despilfarro, pero también ha dado lugar a empresas líderes nacionales capaces de dominar globalmente sus industrias, como el fabricante de baterías CATL, el productor de tecnología solar LONGi, el fabricante de drones DJI y el gigante de las telecomunicaciones Huawei. Al mismo tiempo, China está transformando el conocimiento generado en la fabricación de estos productos en avances en la vanguardia de la innovación, incluso en industrias tradicionalmente dominadas por Estados Unidos, como la biotecnología.
El sistema chino va más allá de financiar la oferta; también crea demanda. Las autoridades nacionales y municipales han creado nuevos mercados mediante una combinación de subsidios, adquisiciones y regulación. Tomemos como ejemplo la promoción de vehículos eléctricos en Shenzhen. Al exigir la electrificación de sus flotas de autobuses y taxis, la ciudad garantizó a BYD, entonces un fabricante emergente de vehículos eléctricos, una demanda estable, un flujo de caja constante y una retroalimentación real que los mercados privados no podían proporcionar por sí solos. Pronto floreció un ecosistema industrial común para los vehículos eléctricos. Los proveedores de baterías y componentes electrónicos se agruparon en torno a BYD, las empresas municipales y de la red eléctrica construyeron infraestructura de carga y pruebas, y las universidades locales formaron un flujo constante de ingenieros y técnicos especializados en vehículos eléctricos. Desde entonces, BYD ha superado a Tesla en ventas globales de unidades, y China ha superado a Japón como el mayor exportador de automóviles del mundo.
Pekín ha adoptado una lección que Estados Unidos, durante su rivalidad con la Unión Soviética, comprendió bien: el liderazgo tecnológico no depende solo de la invención, sino también del poder industrial. China ha adaptado esa lógica a su propio sistema político, sustituyendo la colaboración entre inversión pública y empresa privada estadounidense por su modelo capitalista de partido-estado.
DRENAJE DE BRAWN
Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos, bendecido con vastos recursos naturales, construyó la base industrial más formidable del mundo, su “arsenal de la democracia”. Sin embargo, las crisis recientes han puesto de manifiesto la fragilidad de su capacidad de construcción. El mundo depende de Taiwán para la producción de los chips más avanzados, un único y frágil punto de fallo. En la industria farmacéutica, casi 700 medicamentos aprobados en Estados Unidos, incluidos fármacos esenciales como los antibióticos, dependen de al menos un componente químico producido exclusivamente en China. China también domina el refinado de tierras raras y grafito, esenciales para los imanes y baterías que alimentan los sistemas de defensa y energía limpia. La escasez de diques secos en Estados Unidos limita la capacidad naval, y la dependencia de transformadores eléctricos importados ha ralentizado las mejoras en la red eléctrica nacional, dejándola vulnerable a apagones prolongados.
Mientras que China construye ecosistemas estrechamente integrados donde los proveedores, los materiales y la fabricación pasan sin problemas del diseño a la producción en masa, Estados Unidos ha permitido que su “conjunto de tecnologías eléctricas” —las cadenas de suministro interconectadas de minerales críticos, baterías, electrónica de potencia y chips— se traslade al extranjero, debilitando el aprendizaje y la profundidad industrial.
El Grupo de Trabajo del MIT sobre Producción en la Economía de la Innovación ha demostrado que, en industrias complejas y de alto valor, la innovación depende de la proximidad entre el diseño y la producción. Cuando la manufactura se traslada al extranjero, se interrumpen los ciclos de retroalimentación entre ingenieros y plantas de producción, y la innovación se resiente. La reindustrialización, bien ejecutada, es una condición indispensable para renovar la capacidad inventiva de Estados Unidos y la base de su fortaleza estratégica.
RESTRICCIONES DE CAPITAL
Estados Unidos cuenta con los mercados de capitales más sofisticados del mundo, pero estos están optimizados para sectores donde los ingresos se pueden asegurar fácilmente y el riesgo se puede diversificar, donde la retroalimentación es rápida y el fracaso es relativamente económico. Sin embargo, las inversiones necesarias para la reindustrialización estadounidense no necesariamente se ajustan a ese modelo. Tres importantes obstáculos financieros se interponen en el camino.
En primer lugar, algunos sectores industriales estratégicos dependen de condiciones que los mercados privados no pueden garantizar ni fijar precios de forma fiable. Las centrales nucleares, las fábricas de semiconductores, los astilleros, las fábricas de transformadores y las refinerías de tierras raras requieren una inversión inicial considerable, un retorno de la inversión a largo plazo, estabilidad política y confianza en la demanda a largo plazo. Un cambio en los aranceles, las normas de contratación pública, los estándares de la red eléctrica o los precios de las materias primas puede anular la rentabilidad de la noche a la mañana. La respuesta racional para los inversores es esperar y ver antes de comprometerse con grandes desembolsos de capital. Desde la perspectiva de cada inversor, esta cautela es prudente, pero a nivel social, conduce a la subinversión. Las políticas gubernamentales pueden cambiar esta situación. Cuando el Estado proporciona cierta certeza mediante contratos de compra a largo plazo, regulaciones estables o precios mínimos garantizados, ofrece a los inversores la previsibilidad que necesitan, y el capital privado se suma.
Una investigación del Grupo de Trabajo sobre Producción en la Economía de la Innovación ha demostrado que Estados Unidos enfrenta una brecha de financiación en la etapa de expansión, entre la financiación de capital riesgo y los mercados públicos, cuando las tecnologías prometedoras deben pasar del prototipo a la producción. Las grandes multinacionales pueden recurrir a su flujo de caja interno para superar esta brecha, pero ni los fabricantes tradicionales (la mayoría de la industria manufacturera estadounidense) ni las empresas emergentes de fabricación avanzada pueden hacerlo. Los bancos locales que antes financiaban a los pequeños productores regionales han desaparecido, y los inversores de capital riesgo tienden a evitar el capital de fábrica, que consideran demasiado pesado en activos y demasiado lento para generar rentabilidades propias del capital de riesgo. El resultado es un déficit estructural de financiación que impide a las empresas superar la larga, arriesgada y exigente fase de expansión.
Finalmente, los mercados no valoran las externalidades positivas, es decir, los efectos indirectos que se producen cuando las inversiones privadas generan beneficios sociales o estratégicos que el inversor no puede aprovechar plenamente. Las industrias físicas estratégicas, como la manufactura avanzada, la energía limpia, los semiconductores y la robótica, generan aprendizaje práctico, redes de proveedores y capacidades de ingeniería que fortalecen el ecosistema manufacturero en general, pero no siempre generan rentabilidad financiera para una sola empresa.
La trayectoria de la industria manufacturera estadounidense ilustra esta dinámica. Una vez que los ecosistemas de producción se fragmentan, resulta extremadamente difícil reconstruirlos. La construcción naval estadounidense, por ejemplo, colapsó después de la década de 1980, cuando se retiraron los subsidios gubernamentales, lo que eliminó la amplia red de proveedores y la experiencia en diseño. A partir de la década de 1980, la deslocalización de la fabricación de transformadores y máquinas herramienta en Estados Unidos redujo los costos de adquisición para las empresas de la cadena de suministro a corto plazo, pero eliminó la base nacional de ingenieros y fabricantes de componentes. La decisión de deslocalización de cada empresa podría haber tenido sentido de forma aislada, pero en conjunto debilitaron el conocimiento de los procesos del país y, con ello, su núcleo productivo.
La geopolítica agrava estos fallos de mercado. Las intervenciones estatales chinas en estas industrias desplazan a los productores estadounidenses y aliados, incluso a aquellos líderes tecnológicos. Como me comentó el director ejecutivo de una innovadora empresa manufacturera estadounidense, conseguir capital en Estados Unidos para su tecnología pionera fue una serie de experiencias cercanas a la muerte, que rápidamente se vieron frustradas por una avalancha de competidores chinos que imitaban sus productos, respaldados por subsidios estatales, terrenos gratuitos y compradores garantizados.
Sin embargo, el principal obstáculo para la industria estadounidense reside tanto en la fragmentación del Estado como en la competencia desleal en el extranjero. En sectores como la energía nuclear o el procesamiento de minerales, la dificultad no radica únicamente en la falta de capital, sino también en los prohibitivos costes indirectos y la incertidumbre que genera un marco regulatorio y de permisos descoordinado. Lidiar con esta burocracia consume años de capital sin generar valor tangible. Además, la contratación pública, inconsistente y lenta, no proporciona la demanda estable necesaria para que las empresas alcancen la escala requerida.
Por lo tanto, la inversión pública de Washington debe ir acompañada de un nuevo enfoque político. No es necesario que iguale la inversión de Pekín dólar por dólar, pero sí debe corregir un desequilibrio estructural entre su capacidad financiera y su capacidad productiva que los mercados por sí solos no pueden solucionar.
CONECTA LOS PUNTOS
Estados Unidos sigue operando el sistema de innovación en fase inicial más potente del mundo. DARPA, los laboratorios nacionales y la Unidad de Innovación de Defensa continúan apoyando tecnologías revolucionarias. La Ley de Producción de Defensa y la Oficina de Capital Estratégico proporcionan préstamos y garantías específicos en áreas críticas de seguridad. Sin embargo, sin un marco común que coordine los instrumentos clave de la política económica estatal, las inversiones individuales se ven limitadas por la fricción procedimental y la falta de alineación institucional.
Debido a que Estados Unidos carece de un marco que determine qué industrias son estratégicamente vitales y qué capacidad nacional o aliada básica se requiere, la acción federal ha sido reactiva y se ha basado en la crisis. La primera administración Trump utilizó facultades de emergencia para garantizar el suministro de equipos de protección personal y material médico durante la pandemia de COVID-19; la administración Biden realizó intervenciones específicas para mantener la producción de municiones y motores de cohetes de combustible sólido tras la invasión rusa de Ucrania; y tanto la administración Biden como la segunda administración Trump invocaron la Ley de Producción de Defensa para respaldar el procesamiento de tierras raras y la capacidad de producción de imanes permanentes ante el aumento de las amenazas de exportación chinas. Mientras Washington carezca de una estrategia integral, las acciones seguirán siendo esporádicas y limitadas, vulnerables a la reversión entre administraciones.
Incluso cuando las prioridades son claras, Estados Unidos carece de una institución capaz de sincronizar la inversión, los compromisos de la demanda, la regulación y la política comercial en torno a objetivos comunes. Administraciones anteriores han logrado acuerdos combinando competencias de diferentes agencias. En los últimos años, las inversiones en tierras raras y materiales para baterías han avanzado sin mecanismos de adquisición a largo plazo ni de estabilización del mercado; los incentivos de la Ley CHIPS se han negociado proyecto por proyecto, con una integración desigual de las defensas comerciales o la demanda posterior; y los esfuerzos por reconstruir la capacidad de construcción naval y de transformadores siguen encontrándose con onerosos procesos de permisos y regulación a nivel federal, estatal y local.
Estados Unidos también carece de un inversor público permanente integrado en los mercados de capitales que pueda asociarse directamente con fondos privados, bancos e inversores institucionales. Las inversiones estratégicas se negocian agencia por agencia mediante programas personalizados que quedan al margen del flujo habitual de transacciones, lo que limita la capacidad del gobierno para fijar precios de riesgo, movilizar grandes cantidades de capital privado o replicar estructuras probadas en diversos sectores. Sin una plataforma de coinversión profesional y replicable, el apoyo público suele servir como sustituto de la financiación privada en lugar de como catalizador de la misma.
Finalmente, Estados Unidos carece de un mecanismo institucional para alinear sus inversiones estratégicas con las de sus aliados. En cambio, en los últimos años, las administraciones han introducido a la fuerza fondos de inversión ad hoc en acuerdos comerciales con aliados como Japón y Corea del Sur. Sin una forma de coordinar la inversión, las compras conjuntas y la política comercial e industrial, los aliados fragmentan los mercados y duplican los subsidios; no pueden proporcionar la escala ni la solidez necesarias para competir con el sistema respaldado por el Estado chino.
Varios gobiernos aliados ya han comenzado a abordar estas deficiencias institucionales. En 2024, el Reino Unido lanzó un Fondo Nacional de Riqueza de 37.000 millones de dólares para atraer capital privado destinado a infraestructura estratégica y seguridad energética. Ese mismo año, Australia lanzó Future Made in Australia, una iniciativa de 16.000 millones de dólares respaldada por 9.500 millones de dólares en créditos fiscales a la producción de hidrógeno y refinación de minerales críticos, junto con un marco centralizado de coordinación de inversiones. Estados Unidos debería colaborar con estos y otros aliados, y aprender de ellos.
CÓMO TRIUNFAR EN ESTADOS UNIDOS
A lo largo de su historia, Estados Unidos ha creado instituciones que canalizan capital hacia una estrategia nacional. Revivir esa tradición hoy implicaría establecer un nuevo tipo de inversor público: un Fondo de Inversión Estratégica de EE. UU. (SIF, por sus siglas en inglés), un inversor público con estatuto federal, orientado al mercado y con su propio balance, diseñado para invertir junto con capital privado en sectores estratégicamente críticos, tanto maduros como emergentes, donde los mercados por sí solos han demostrado ser insuficientes.
El SIF se lanzaría con 50.000 millones de dólares —una cifra comparable a la de la Ley CHIPS y la Ley de Ciencia, pero con un mandato más amplio— y se ampliaría gradualmente a medida que demostrara su capacidad para invertir con prudencia y movilizar capital privado. El fondo desplegaría diversos valores para asociarse con empresas, centrándose principalmente en financiación atractiva y garantías de crédito, así como en deuda convertible y otros valores similares a las acciones para ofrecer flexibilidad de inversión y potencial de ganancias para los contribuyentes. Una capitalización inicial de 50.000 millones de dólares sería suficiente para respaldar una cartera diversificada, pero lo suficientemente limitada como para permitir que el Congreso evalúe el modelo antes de cualquier expansión. Los préstamos y las garantías optimizarían el uso de cada dólar público y atraerían capital privado, y los instrumentos convertibles y similares a las acciones podrían brindar a los contribuyentes una participación en las ganancias cuando las inversiones tengan éxito.
El fondo se basaría en iniciativas recientes para invertir en la competitividad industrial estadounidense, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo la Oficina de Capital Estratégico y la Unidad de Defensa Económica del Pentágono, la Oficina de Programas de Préstamos del Departamento de Energía, la Corporación Financiera de Desarrollo y la Ley CHIPS y de Ciencia, así como intervenciones de capital puntuales de los Departamentos de Comercio y Energía. En lugar de reemplazar estos esfuerzos, unificaría eficazmente las herramientas de inversión, comercio, adquisiciones y regulación del país dentro de un marco único de política económica estatal.
Para crear una estrategia financiera coherente, un Consejo de Inversiones Estratégicas a nivel ministerial coordinaría las inversiones con las compras federales, los aranceles selectivos, los incentivos fiscales, los procesos regulatorios, los programas de crédito y otros instrumentos de política. Presidido por el Departamento del Tesoro, el consejo estaría integrado por los titulares de los Departamentos de Comercio, Defensa, Energía y Estado, así como por el Representante Comercial de Estados Unidos. Su tarea principal sería alinear las políticas y los mecanismos de inversión del país.
El consejo también organizaría compromisos de compra plurianuales del Departamento de Defensa y otras agencias importantes para activos críticos como la construcción naval, los transformadores de red y el almacenamiento de energía de larga duración, proporcionando la demanda predecible y los flujos de efectivo que los inversores privados necesitan para financiar proyectos que de otro modo serían inviables. Además, apoyaría los proyectos prioritarios agilizando los permisos y resolviendo los obstáculos interinstitucionales.
El SIF estaría dirigido por un consejo de administración independiente, compuesto por profesionales de los sectores financiero, industrial y laboral, con una minoría de ex miembros de los ministerios del Tesoro, Comercio, Defensa y Energía que ejercerían funciones de supervisión. Siguiendo el espíritu del RFC, un director ejecutivo con experiencia en el sector privado sería confirmado por el Senado y desempeñaría el cargo por un período fijo, rindiendo cuentas al Congreso y al público. El objetivo sería establecer el mayor número posible de salvaguardias contra los abusos.
Para mantener el enfoque, el SIF lideraría un proceso sistemático y transparente para identificar los sectores que requieren una capacidad manufacturera básica en Estados Unidos y entre aliados de confianza. Buscaría responder a las preguntas sobre la reindustrialización estadounidense planteadas por el historiador económico Chris Miller, tales como: si un producto determinado podría ser monopolizado y utilizado como herramienta de presión geopolítica; si la capacidad manufacturera de Estados Unidos está preparada para resistir una crisis; y si preservar el ecosistema manufacturero actual en un sector determinado es necesario para desarrollar el futuro.
El enfoque de inversión del fondo reconocería que los distintos sectores requieren diferentes tipos de apoyo. Para las industrias intensivas en capital, como la construcción naval y las baterías básicas, que son esencialmente maduras y no presentan diferencias competitivas, y en las que la escala, las curvas de aprendizaje y los subsidios extranjeros definen la competitividad, el SIF ayudaría a restablecer un nivel básico de capacidad fundamental. Podría impulsar empresas conjuntas con empresas aliadas confiables y de vanguardia, y combinar la inversión con instrumentos de política: aranceles específicos para contrarrestar las distorsiones, acuerdos plurianuales de adquisición y compra para generar una demanda predecible, garantías para desbloquear la financiación privada y créditos fiscales por tiempo limitado para reducir los costos de las plantas. Una vez que la capacidad de producción en EE. UU. crezca, el fondo podría retirarse a medida que el capital comercial tome el relevo.
Los sectores impulsados por la innovación, como la robótica avanzada, la energía nuclear de última generación, el almacenamiento de energía, la biotecnología y los materiales avanzados, presentan un desafío diferente. En estas industrias, las empresas pueden diferenciarse mediante la innovación tecnológica, pero muchas siguen estancadas entre el prototipo y la producción. En este contexto, el capital público flexible tiene el mayor poder de negociación. El SIF cerraría esta brecha al proporcionar financiación atractiva, coordinar las señales de demanda y ayudar a que las tecnologías comercialmente viables alcancen la escala de producción en Estados Unidos.
El alcance del fondo no se limitaría a las empresas estadounidenses. Inspirándose en la financiación que la Ley CHIPS otorgó a la fábrica de semiconductores taiwanesa TSMC y a la empresa electrónica coreana Samsung, el SIF podría apoyar a socios extranjeros de confianza que desarrollen capacidad industrial en Estados Unidos mediante empresas conjuntas, la construcción de nuevas instalaciones y alianzas tecnológicas. Estas inversiones acelerarían la transferencia de conocimientos de vanguardia, diversificarían las cadenas de suministro e integrarían a las empresas aliadas en la base industrial estadounidense, especialmente en sectores como la construcción naval, donde los productores extranjeros (a menudo con la ayuda de subsidios) han impulsado la economía de escala y la eficiencia de costes. Por último, el SIF serviría como plataforma para la coordinación de inversiones entre aliados. Al alinear recursos y políticas en áreas de interés común, los aliados podrían alcanzar la escala de China sin replicar su modelo.
DESACUERDOS FUNDAMENTALES
Los opositores a un fondo soberano de inversión podrían objetar argumentando que podría convertirse en un instrumento de corrupción mediante el cual los presidentes podrían recompensar a sus allegados o enriquecerse. Su preocupación es válida. Un inversor público con la facultad de dirigir grandes sumas hacia empresas individuales podría convertirse en un vehículo de favoritismo. Pero este riesgo no es exclusivo de un fondo de inversión estratégica; es inherente al poder ejecutivo en sí mismo. Cualquier institución con poder financiero real puede ser manipulada para el beneficio propio o la obtención de recompensas políticas si un presidente así lo decide. Por lo tanto, el diseño del fondo debería priorizar la gestión de este riesgo, estructurándolo para preservar la mayor independencia política posible. La dirección estaría a cargo de un consejo de administración con mayoría independiente, separando así la dirección política de las decisiones de inversión cotidianas. Un equipo profesional operaría bajo criterios publicados. Cada transacción sería divulgada, auditada y sujeta a objetivos de rentabilidad a nivel de cartera que garanticen la disciplina financiera.
Otros podrían considerar la inversión pública en tecnologías emergentes e industrias estratégicamente importantes, pero aún no rentables como un posible despilfarro que podría costar miles de millones a los contribuyentes. Argumentarían que el costo de reconstruir la capacidad nacional supera los beneficios difíciles de cuantificar. Durante más de una década, tras la quiebra de Solyndra, la empresa de paneles solares subvencionada por la administración Obama, este temor al fracaso ha frenado la inversión pública. Sin embargo, el entorno geopolítico actual exige una mentalidad diferente. Competir con China requiere aceptar que algunos proyectos fallidos serán inevitables. Como en cualquier fondo, algunas inversiones fracasarán. Cualquier inversión puede ser criticada de forma aislada, pero si las decisiones las toma un consejo independiente y se rigen por criterios transparentes, pueden resistir las fluctuaciones partidistas. Un amplio apoyo bipartidista para la creación y la continuidad del fondo será esencial.
Otros, opuestos a la intervención gubernamental en los mercados, podrían criticar al SIF por favorecer a las empresas y desplazar la inversión privada. Ciertamente, la política industrial exige humildad, y los mercados siguen siendo el mejor mecanismo para asignar capital y determinar qué empresas prosperan. Sin embargo, el fondo se centraría específicamente en sectores que los inversores privados no han podido financiar, invirtiendo en ellos de forma que se preserve la competencia y la disciplina del mercado. Fundamentalmente, el capital del fondo se estructuraría principalmente como financiación con capacidad de absorción de riesgos, diseñada para impulsar la inversión privada, no para sustituirla. Al ofrecer condiciones flexibles y enviar señales de demanda estables, el fondo reduciría los riesgos que actualmente disuaden a los inversores institucionales de entrar en sectores estratégicos.
Quienes se muestran más favorables a la financiación estratégica pública podrían señalar que ya existen varios mecanismos para fomentar la reindustrialización: los créditos fiscales, que movilizan la inversión privada en sectores como las energías renovables, y los aranceles, que protegen a las industrias nacionales de la distorsión extranjera. Ambos son instrumentos valiosos, pero ninguno proporciona la coordinación a nivel de transacción ni la distribución de riesgos adaptada que suelen requerir los proyectos complejos. Los créditos fiscales reducen los costes previstos en el mercado, pero no siempre son suficientes para convencer a los inversores de que asuman los riesgos inherentes a las tecnologías pioneras: demanda incierta, retrasos en los permisos, infraestructura inadecuada o falta de financiación. Los aranceles pueden contrarrestar la distorsión extranjera y generar margen de maniobra, pero por sí solos no pueden crear la escala ni la ventaja tecnológica necesarias para la competitividad a largo plazo. Y si se utilizan en exceso, pueden proteger a las empresas nacionales ya establecidas sin impulsar nuevas inversiones ni innovación.
Estos instrumentos seguirían desempeñando un papel complementario importante para el SIF. Los créditos fiscales continuarían generando incentivos para la inversión en todo el mercado y permitirían al fondo operar de forma más selectiva y paciente, interviniendo solo en los casos más arriesgados donde el capital privado se muestra reticente a pesar de los incentivos disponibles. Los aranceles selectivos, en particular contra China, contrarrestarían las prácticas desleales y crearían igualdad de condiciones para las industrias nacionales. El fondo, a su vez, reduciría el costo de construir nuevas capacidades y ayudaría a las empresas a innovar y competir. Utilizados en conjunto, abordan ambos lados del problema, contrarrestando los subsidios y, al mismo tiempo, fortaleciendo la capacidad productiva para competir a nivel mundial.
REVOLUCIÓN REINDUSTRIAL
Durante más de dos siglos, Estados Unidos ha adaptado sus instituciones financieras para satisfacer las exigencias estratégicas de cada época. El Tesoro de Hamilton impulsó el crédito nacional en la joven república. La RFC (Corporación Financiera Regional) creó una infraestructura industrial a gran escala durante el peor momento económico del país. Las agencias de innovación consolidaron el liderazgo tecnológico de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Cada etapa requirió el mismo acto de imaginación: considerar el capital como una herramienta para el desarrollo nacional y el poder industrial.
Esa capacidad de imaginación es fundamental hoy en día. El auge de China ha obligado a Washington a plantearse si las democracias abiertas y de mercado aún pueden movilizar capital para servir a los intereses nacionales. Estados Unidos sigue dominando los mercados más profundos del mundo y cuenta con los empresarios más capaces. Lo que le falta son instrumentos modernos para alinearlos con los objetivos nacionales a largo plazo. Un fondo de inversión estratégica garantizaría que el futuro no solo se imagine en Estados Unidos, sino que también se construya en Estados Unidos.
Link https://www.foreignaffairs.com/united-states/how-reindustrialize-america-jake-sullivan
