El dictador pasó de recibir la máxima condecoración argentina por parte de Cristina Kirchner a ser denunciado ante La Haya por el gobierno de Cambiemos. Varios dirigentes opositores siguen asilados en la embajada argentina en Caracas. Alberto Fernández suspendió su viaje.
Venezuela puede poner fin este domingo a la dictadura de Nicolás Maduro, lo que conllevaría a la caída de la Revolución chavista tras 25 años ininterrumpidos en el poder.
Aunque estos comicios que se desarrollan a más de 7.000 kilómetros de distancia, se trata de una contienda que no pasará desapercibida en la Argentina.
Salvo un giro inesperado de último momento, las elecciones se desarrollarán con un grupo de colaboradores de María Corina Machado —referente de la oposición— hospedados en carácter de asilados políticos en la residencia del embajador argentino en Caracas.
Desde hace meses Cancillería hace gestiones para que Maduro les otorgue salvoconductos que les permitan salir de la embajada con inmunidad diplomática para que así puedan abordar un avión rumbo a Buenos Aires. Es lo que corresponde según protocolos internacionales, entre ellos la Convención de Caracas, firmada en 1954, pero la cúpula chavista, de momento, se mantiene inflexible.
De hecho, en reiteradas ocasiones estos asilados denunciaron que a la residencia del embajador le habían cortado servicios de agua y luz, como represalia. Maduro negó, por otra parte, la llegada de gendarmes argentinos para reforzar la seguridad de la embajada.
Ese escollo, que afecta al gobierno libertario de Javier Milei, no es el único frente de conflicto del chavismo contra la Argentina.
Alberto Fernández, expresidente de la Nación, tenía previsto viajar a Venezuela en calidad de observador internacional de las elecciones. Poco antes de emprender su travesía denunció que desde Caracas el gobierno chavista lo presionó para bajarlo de esa misión.
“La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral”, se descargó Fernández en X.
El expresidente argentino señaló que “en democracia el que gana, gana, y el que pierde, pierde”, por lo cual “si el oficialismo pierde debe aceptar el veredicto popular”.
Dicho de otro modo: algo que es común en las democracias de Sudamérica le valió el repudio del chavismo.
Maduro: ilustre para Kirchner, genocida para Cambiemos
El 8 de mayo de 2013, cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación, recibió a Nicolás Maduro en Buenos Aires y lo condecoró con la Orden del Libertador San Martín, la cual otorga el máximo honor que puede recibir un ciudadano extranjero por parte del gobierno argentino.
Un año después de que Kirchner se regodeara con Maduro, el 8 de mayo de 2014 el dictador enfrentaba masivas protestas estudiantiles en Venezuela, las cuales disolvió con represión y culminaron, tras un periplo entre febrero y julio, con 43 muertos, miles de detenidos y cientos de presos políticos.
De hecho, el autor de esta nota, el 8 de mayo de 2014, estaba preso tras ser detenido en una marcha estudiantil. Lo enviaron a la cárcel de Yare, la misma donde estuvo Hugo Chávez en la década de 1990 cuando intentó tomar el poder por medio de un golpe de Estado.
En esas mismas celdas estaba, también, Marcelo Crovato, el único preso político con nacionalidad argentina. Fue detenido mientras ejercía la abogacía y atendía a unas personas que fueron detenidas por motivos políticos. A Crovato no lo dejaron salir de la sede policial a la que asistió para firmar unos documentos.
En 2017, durante el gobierno de Cambiemos, que encabezaba Mauricio Macri, le retiró la Orden del Libertador San Martín a Maduro. Desde entonces “se le prohíbe utilizar este collar por actos incompatibles con la dignidad de la Orden”, según se lee en el Decreto 640/2017.
En agosto de 2017, además, Maduro volvió a reprimir, perseguir, torturar y encarcelar a miles de opositores que protestaban en las calles por el intento del chavismo de disolver el Congreso, entonces de mayoría opositora.
En 2018 la Argentina, junto con Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá denunciaron a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Actualmente Maduro y su cúpula enfrentan una investigación en curso. Fueron clave, entre otros documentos, los testimonios de venezolanos que recabó el Estado argentino en 2019.
En 2021 la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa anunció que se retiraba de ese procedimiento. No fue más que un gesto político, pues no tenían cómo frenar las investigaciones. Hace un par de semanas el gobierno de Milei comunicó a La Haya que están a disposición para colaborar.
Votar, un privilegio, más que un derecho
En la Argentina residen alrededor de 220.000 venezolanos según la Dirección Nacional de Migraciones. Solo 2.638 venezolanos podrán votar en esta elección. La dictadura abrió un único centro de votación, en la sede de su embajada en Buenos Aires, y restringió los requisitos para que pudieran hacer cambio de domicilio. Por día atendieron, en promedio, a 40 personas, durante poco más de dos semanas.
En las elecciones de 2023, poco más de 60.000 venezolanos estuvieron habilitados para votar al jefe de gobierno y legisladores en la Ciudad de Buenos Aires.
O lo que es lo mismo: el Estado argentino les garantizó un derecho que las autoridades de su país de origen, ahora, les negó.
