Documento redactado por la Comisión de la Mujer e identidad de Género de la Fundación Alem y la Oficina Especializada contra la Violencia de Género y Discriminación de la UCR Nacional.
La Comisión de la Mujer e identidad de Género de la Fundación Alem y la Oficina Especializada contra la Violencia de Género y Discriminación de la UCR Nacional nos hicieron llegar este documento que transcribimos de manera completa a continuación.
José Alperovich fue condenado, en junio de 2024, a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual, tres simples y seis agravados, perpetrados entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018[1].
La razón de la condena obedece a que MFL, sobrina de José Alperovich, fue víctima en un “contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” de “reiterados y violentos ataques sexuales” llevados a cabo por el ex gobernador tucumano.
Al conocerse la sentencia Alperovich fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para cumplir una pena de 16 años de prisión. Más, hasta el momento, solo había cumplido un año de detención en la enfermería del centro penitenciario. Ayer, como nueva muestra de sus privilegios, el Juez Juan Ramos Padilla le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. El domicilio denunciado por José Alperovich para cumplir esa domiciliaria es, ni más ni menos, que el departamento en el que perpetró los abusos contra la víctima. Suena siniestro y lo es.
Esta decisión de la Justicia es una nueva situación de violencia. MFL ahora no es solo víctima de la violencia del condenado, sino que también es víctima de violencia institucional del Poder Judicial. El privilegio concedido al condenado atenta contra MFL en desmedro de su integridad, dignidad y seguridad que pasan a segundo plano de la mano de los beneficios concedidos al agresor, acusado de graves delitos contra la víctima, causados por el abuso de poder ejercido sobre ella, cuando era uno de los hombres más poderosos de la Argentina.
Este tipo de decisiones vulneran la confianza en el sistema judicial y especialmente la de las víctimas de violencia por razones relacionadas con su género. De enero a mayo de 2025, de las 109 víctimas de femicidio solo 18 habían presentado denuncias previas.
Esto nos lleva a alertar sobre los proyectos presentados en el Congreso de la Nación que buscan penalizar “falsas denuncias” cuando en nuestro Código Penal ya existe una sanción para este tipo de acciones y cuando todos los indicadores piden extremar las medidas de protección.
Argentina hoy es un país sin políticas públicas de prevención, protección y atención a mujeres víctimas de violencia de género. Argentina hoy es un país en el que muchos Tribunales aún desconocen que la violencia sexual acompañada del ejercicio y abuso del poder es moneda corriente.
Argentina hoy es un país sin memoria de todos los pactos internacionales que firmó en el que asegura protección a mujeres y niñas y que estos tratados forman parte de su texto constitucional.
[1] Fallo apelado por la defensa del condenado que se encuentra en revisión.
