Por Toni Timoner.
Diez años después del referéndum que cambió el rumbo del Reino Unido, el país se dispone a nombrar a su séptimo primer ministro desde aquella histórica votación. Pocas cifras resumen mejor el legado político del Brexit. Lo que se presentó como una empresa destinada a “recuperar el control” inauguró una década de inestabilidad institucional, fragmentación política y un bajo crecimiento económico que sigue sin visos de remitir.
Con la perspectiva que concede el tiempo, quizá la conclusión más importante sea otra: el error más grave no fue el resultado. Fue convocar un referéndum binario sobre una cuestión cuya complejidad jurídica, económica y constitucional era incompatible con una respuesta de sí o no. Los referéndums tienen sentido cuando la pregunta es clara, el mandato delimitado y sus consecuencias razonablemente conocidas. El Brexit no cumplía ninguna de esas condiciones. Los ciudadanos no votaron un tratado, ni un modelo comercial concreto, ni una arquitectura institucional definida, sino que votaron una salida a lo desconocido.
Brexit significaba cosas incompatibles entre sí. Para unos era el modelo de asociación económica de Noruega con la UE; para otros, el tratado de libre comercio de Canadá; para otros, un Singapur neoliberal en el Atlántico; para muchos, control migratorio contra el fontanero polaco o la secretaria italiana; para otros tantos, una revuelta contra el Londres urbano y cosmopolita; para algunos, el último eco sentimental del Imperio británico. La papeleta agregó todos esos deseos contradictorios en una mayoría estrecha y entregó después a las instituciones la tarea imposible de transformar esa suma de expectativas incompatibles en una política pública coherente.
El coste de esa ambigüedad no fue solo político. Terminó reflejándose también en la economía con consecuencias nefastas. Un estudio reciente del National Bureau of Economic Research estima que el Brexit ha reducido el PIB per cápita británico entre un 6% y un 8%, la inversión entre un 12% y un 18%, y el empleo y la productividad entre un 3% y un 4%. La Office for Budget Responsibility —la AIReF británica— estima que la nueva relación comercial con la Unión Europea reducirá la productividad potencial a largo plazo en torno a un 4%. El Centre for European Reform, por su parte, ha calculado que la salida ha rebajado las exportaciones británicas a la UE alrededor de un 12% y las importaciones desde la UE en torno a un 16%.
El país arrastraba algunas debilidades típicas de las economías europeas occidentales: productividad débil, desigualdades territoriales, deterioro de los servicios públicos y una de las tasas más bajas de inversión y formación bruta de capital fijo entre las grandes economías desarrolladas. El Brexit no ha creado esos problemas, pero sí los ha agravado en el peor momento posible. Cuando la economía británica necesitaba más inversión, más apertura y mayor certidumbre regulatoria, eligió añadir barreras, incertidumbre y distancia respecto a su principal mercado.
La opinión pública lo ha entendido a medias. Según YouGov, en el décimo aniversario del referéndum, el 57% de los británicos considera que fue un error abandonar la Unión Europea, frente a un 30% que sigue creyendo que fue la decisión correcta. Además, un 55% apoyaría el reingreso en abstracto. Pero ese apoyo cae hasta el 35% si la vuelta exigiera renunciar a las antiguas excepciones británicas. Ahí se condensa la paradoja actual: muchos británicos quieren corregir el Brexit, pero no quieren asumir el precio político de deshacerlo.
Bajo aquel “sí” se ocultaban, en realidad, tres ilusiones.
La primera gran ilusión fue la del conocido como cherry-picking. Londres creyó que podría conservar lo mejor de la pertenencia europea —acceso preferencial al mercado, fluidez comercial, cooperación regulatoria, pasaporte financiero— sin aceptar sus obligaciones: libre circulación, contribuciones presupuestarias, jurisdicción común y alineamiento normativo. Era la vieja fantasía británica de estar dentro y fuera al mismo tiempo, elevada a doctrina negociadora fallida.
La segunda ilusión fue la soberanía absoluta. Take back control fue un lema contundente porque permitía proyectar en tres palabras toda clase de frustraciones: económicas, culturales, territoriales y democráticas. Pero confundía soberanía formal con poder real. En el siglo XIX, la soberanía podía entenderse como independencia jurídica. En el siglo XXI consiste, cada vez más, en la capacidad de influir en las reglas que gobiernan la interdependencia. Reino Unido recuperó voz en solitario a cambio de perder un asiento en la mesa donde se decide buena parte de su entorno económico. Además, pasó a formar parte del menú.
La tercera ilusión fue la de la ciudadela demográfica. El Brexit prometió recuperar el control de las fronteras. Sin embargo, el Reino Unido nunca perteneció al espacio Schengen y había mantenido sus propios controles fronterizos durante toda su pertenencia a la UE. También contaba con excepciones relevantes en materia de inmigración y asilo. La ironía posterior resulta difícil de mejorar. La inmigración neta no desapareció; se aceleró y cambió de composición. Se redujo la europea, pero aumentó la procedente de terceros países, especialmente de Asia y África. No se eliminó la dependencia británica de mano de obra extranjera en la sanidad, los cuidados, las universidades, la construcción o la hostelería; se limitó a sustituir un régimen de movilidad integrado con Europa por otro más burocrático y menos previsible que abrió la puerta a una inmigración de menor permeabilidad social y cultural.
Pero el error más profundo no fue económico ni migratorio. Fue democrático. El Brexit reveló los límites de la democracia plebiscitaria cuando se aplica a cuestiones extraordinariamente complejas. Ninguna democracia madura debería reducir a una pregunta binaria un proceso que exige miles de páginas de negociación internacional, decenas de sectores afectados y múltiples modelos institucionales posibles.
Ahí reside la diferencia entre democracia plebiscitaria y democracia deliberativa. La primera exige alineamiento emocional: sí o no, pueblo o élites, patriota o traidor, victoria o humillación. La segunda acepta la imperfección de la política: pluralismo, acuerdos parciales, revisión de evidencias, transacción institucional, aprendizaje. El Brexit destruyó durante años ese espacio intermedio. Cada compromiso fue denunciado como traición. Cada advertencia económica fue presentada como conspiración. Cada matiz fue tratado como cobardía.
La campaña de 2016 marcó, además, un antes y un después en la manipulación del votante. No inventó la mentira política, que es tan antigua como la política misma. Pero mostró la potencia de un ecosistema digital capaz de microsegmentar emociones, reforzar sesgos y convertir la propaganda en experiencia personalizada. El Brexit fue, en ese sentido, el prólogo de nuestra era política: cámaras de eco, microtargeting, tribalismo digital, posverdad, resentimiento territorial y algoritmos que premian la indignación. El Parlamento británico investigó el uso de datos, plataformas y publicidad política digital. La Comisión Electoral británica determinó que la campaña oficial del Brexit había infringido la legislación electoral al canalizar parte de su gasto en publicidad digital a través de organizaciones vinculadas, sorteando los límites legales de financiación de la campaña.
Diez años después, el Reino Unido está atrapado en una contradicción. La mayoría social parece haber comprendido que el Brexit fue un error, pero no existe todavía una mayoría política dispuesta a asumir las condiciones de una reintegración real. Reingresar en la UE implicaría aceptar reglas, contribuciones y alineamiento común que ahora se exige a cada Estado miembro y de las que históricamente se había eximido al Reino Unido. Acercarse sin reingresar aliviaría algunos costes, pero no resolvería la cuestión esencial: el acceso profundo al mercado europeo exige cesión de soberanía formal a cambio de influencia real.
Las democracias no fracasan únicamente cuando votan mal. También lo hacen en el momento en que dejan de crear las condiciones para que los ciudadanos puedan votar racionalmente. El proceso que formó aquella voluntad colectiva estuvo dominado por información incompleta, promesas imposibles, manipulación emocional, tribalismo identitario y una arquitectura digital que premió la polarización antes que la deliberación. El legado más inquietante del Brexit no es haber sacado al Reino Unido de la Unión Europea. Es haber demostrado que incluso una democracia madura puede adoptar una decisión colectivamente irracional cuando el espacio público común se fractura, la verdad se personaliza y la política deja de deliberar para limitarse a contar bandos.
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